Los bulos y las leyendas urbanas malintencionadas nos han hecho creer que cualquier inmigrante vive en España con comodidad y sin trabajar gracias a las ayudas de inserción a las rentas mínimas de las comunidades autónomas. Que en nuestro país los vagos y maleantes reciben subvenciones frente a los que trabajan. Hoy, estas falsas noticias se caen por su propio peso gracias al informe que lanza la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y donde se pone de manifiesto que sólo el 8% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España se beneficia de las rentas mínimas de inserción.
El mismo estudio deja también claro las grandes diferencias entre unas comunidades a otras. Así, dos Comunidades destacan, PaísVasco y Navarra, con porcentajes que
suponen el 70% y el 63% respectivamente de ayudas que llegan a quien lo necesita. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cuatro Comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cataluña y Castilla y León). Las RMI de las 9 Comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.
La peor, Extremadura
Extremadura con un 23,1%, es la Comunidad Autónoma cuyos perceptores de RMI perciben una cuantía mayor en relación con la renta de su comunidad. Le siguen Cataluña y Comunidad Valenciana con unas cuantías superiores al 20% de la renta media de su territorio. Esto significa que los perceptores RMI de estas 3 comunidades se les garantiza 1 de cada 5 euros de la renta media de su comunidad. Sólo otras cinco Comunidades superan el 15% (Andalucía, Asturias, Navarra, Castilla y León y País Vasco). Por el contrario, dos Comunidades tienen un porcentaje mínimo, Murcia (10%) y Baleares (7,2%). Cuantías ínfimas que, de ninguna manera, permiten a perceptores garantizar la supervivencia.
Ingreso mínimo vital
Para esta asociación, el ingreso mínimo vital “ha sido una magnífica noticia que todos los que trabajamos por la justicia social hemos saludado con esperanza”.
Pero, a su juicio, “lamentablemente, una vez más, las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas”. Porque denuncia que “lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables”.
