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Sobre el Consejo General

Josep Jover
Abogado especializado en Derechos Humanos de Tercera Generación y gestor de conflictos. Es uno de los juristas más importantes en Derecho de la Unión europea donde ha llevado frente al TJUE novedosos casos
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análisis

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Estoy leyendo que unos partidos amenazan al gobierno de bloquear los nombramientos de consejeros del CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, y el partido del Presidente del Gobierno, les pone a caer de un burro. Al oírlos se me queda cara de tonto ya que los unos y los otros hablan por boca de asno.

La actual fórmula de elección del CGPJ es una pillería orquestada por el PSOE, de la que se ha bien aprovechado el Partido Popular. Son los partidos políticos mayoritarios los que pactan los sillones y por tanto tienen la facilidad de poner a hombres y mujeres (pocas) de su cuerda.

Pero hace ya tiempo que España cedió su soberanía en ese terreno. El equivalente en los países europeos es, sí, un consejo, pero en el que están representados los diversos sindicatos y asociaciones profesionales que forman el “corpus” judicial. Estarían pues, los representantes de los jueces, pero también de los Letrados de la Administración de Justicia, de la Fiscalía, de la Abogacía y también de los diversos estamentos de funcionarios y contratados laborales. Su misión es, en absoluto, política, sino administrativa y funcionarial.

Sólo dos países se diferencian, Polonia y Hungría, que están recibiendo duras sentencias del TJUE y un tercero, España, que ha sido ya advertida.

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Desde la Resolución del TJUE de 19 de octubre de 2018 (Asunto C-619/18) que se reconoce asimismo al TJUE que dentro de su competencia incluye garantizar la independencia e imparcialidad de los tribunales nacionales entre cuyas funciones se halla la aplicación del Derecho de la Unión Europea, el tema ha cambiado. Por decirlo de otra manera, los jueces son primero europeos, y luego españoles. Y esto afecta hasta el último juez de Instrucción.

Pero es que es más, a partir de la entrada en vigor de la Directiva UE/2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión. (Directiva Whistleblowers), en los temas que hace referencia en su artículo 1 (que es prácticamente todo), no existe otra jurisdicción prevalente que la Europea, y afecta plenamente, por ejemplo, a la Jurisdicción militar, puesto que la normativa europea no distingue entre civil, penal, militar o contencioso.

De ello, que el pasado 9 de enero se presentase una denuncia delante de la UE pidiendo la intervención, por no ser acorde con nuestra actual legislación vigente el CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

Por cierto, la denuncia sigue adelante.

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1 Comentario

  1. El problema es que la ley 6/1985 del Poder Judicial (pillería del PSOE) y la 2/2001 (pillería del PP) son anti-constitucionales, pero el TC aceptó «barco» como animal acuático pues sus 12 miembros son escogidos también a dedo por los partidos políticos mayoritarios. Hasta un sistema de sorteo entre los candidatos capacitados sería mejor que el actual. El vulgo ignora esto, los medios de comunicación están manipulados por el poder, las élites no desean cambios. Si la UE no toma medidas serias no hay nada que hacer.

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