Infravivienda donde viven hacinados los migrantes

Una hilera de personas migrantes se encontraba haciendo cola -respetando la distancia de seguridad- para entrar a una tienda de comestibles marroquí. En cuestión de segundos, la fila se deshizo como por arte de magia, precipitándose muchas de aquellas personas hacia el interior de la tienda. Se aproximaba una patrulla policial y por miedo a que les pidieran la identificación, recurrieron a la huida con el fin de evitarlo.  Finalmente, la patrulla se percató de la presencia de un número considerable de personas dentro del establecimiento y procedieron a notificar el aviso de multa a los propietarios de la tienda. 

Este episodio ocurrió en Murcia y no es más que otro ejemplo de la situación de inestabilidad y miedo que viven muchas de las personas en situación de irregularidad administrativa en el Estado español, o como comúnmente se las conoce, “las simpapeles”. A pesar de que el Gobierno no hace públicas las cifras oficiales de personas migrantes en situación irregular, Eurostat revela que en 2018, existían 78.280 personas extranjeras en esta situación. Esto supondría, según calcula Maldita.es, un 0,17% de la población en España ese año. En una carta remitida al Gobierno y al Defensor del Pueblo firmada por  diferentes colectivos, la cifra actual se estimaba en unas 600.000 personas en situación irregular. 

A comienzos de semana, grupos antirracistas y pro derechos de la población migrante y refugiada unieron fuerzas para reclamar, a través de una carta dirigida al Gobierno y una campaña en redes sociales, la regularización permanente y sin condiciones de estas personas ante la emergencia sanitaria actual. Esta petición viene motivada, entre otras causas, por la publicación el 8 de a abril de un decreto para favorecer la contratación temporal de los trabajadores en el sector agrario. En este sentido, el Gobierno ha optado por unas medidas de aparente flexibilidad en las contrataciones en una suerte de efecto llamada para trabajadoras y trabajadores del campo.

Cabría destacar que la mano de obra agrícola es, en su mayoría, población inmigrante. Muchos de ellos trabajando en unas condiciones de explotación, inestabilidad y precariedad nada desdeñables. A propósito, Rachid Boukhzer, presidente de la Asociación de Refugiados Rifeños de España, denuncia a Diario16que, con la irrupción del COVID-19, “muchas personas en situación irregular han visto cómo se le has ido complicado la situación económica y laboral por días”. Rachid, que habla también en voz de un grupo de marroquíes residentes en Mula (Murcia), cuenta que le llamaron para explicarle que su situación se está haciendo insostenible. “Viven muchísimas personas en una misma casa, algunas salen a buscar trabajo, otras trabajan sin ninguna medida de protección y las que no encuentran medio de ingreso, se están quedando sin dinero para comer o para pagar el alquiler”. Además, uno de los grandes problemas de este colectivo radica en que trabajan con los papeles de otras personas, lo que propicia “que no cobren directamente su sueldo y la persona que está como titular en nómina no les entrega el sueldo íntegro”, lamenta Rachid. Por otro lado, el presidente de la asociación señala la existencia de “una mafia de encargados que tienen a su cargo a 10-12 migrantes, que a cambio de darles trabajo les roba dinero de sus nóminas”.

Al respecto, Toñi Francode Emergencia Frontera Sur explica a Diario16 que “la pandemia del COVID-19 ha puesto en evidencia que la población migrante y refugiada es la gran sufridora de los efectos de las políticas de ajuste y recortes del Gobierno, tanto en el ámbito sanitario, social, laboral y económico. Esto trae como consecuencia el agravamiento de las condiciones de vida”. Desde el inicio del decreto del Estado de alarma, Emergencia Frontera Sur viene denunciando que “las medidas adoptadas por el Gobierno son insuficientes”. Por eso demandan “la regularización amplia y extraordinaria de todas las personas migrantes que viven en el territorio español, la resolución favorable e inmediata de todas las solicitudes y expedientes de asilo y refugio, la liberación de todas las personas internas en CIEs, ETIs, etc, y la eliminación de toda acción policial y de seguridad discriminatoria basadas en la identificación de perfil étnico”. 

La abogada y activista, Pastora Filigrana, señaló en un artículo para CTXT el problema habitacional que sufren estas personas. “La falta de alojamientos públicos, la reticencia de los propietarios a alquilarles, sobre todo a la población africana, y el incumplimiento por parte de la patronal de su obligación de facilitar un alojamiento son las causas de la infravivienda y las chabolas de inmigrantes”, acuñando el término de “chabolismo laboral” a la realidad de miles de trabajadores.  En tal sentido adujo que “el Gobierno ha optado, sin embargo, por seguir invisibilizando a la mitad de los temporeros que se desplazan de un lugar a otro”, refiriéndose a ese colectivo sin permiso de trabajo del que hablaba Rachid. Filigrana advirtió que dicho decreto no contempla la regularización de estas personas y espetó: “Solo hace referencia a inmigrantes con permiso de trabajo en vigor antes del Estado de alarma y jóvenes extranjeros ex tutelados”. Por su parte, las organizaciones antirracistas y pro derechos humanos se pronunciaron en contra de las “medidas de regularización selectiva, que responden a un carácter instrumentalista y mercantilista”.

Desde Emergencia Frontera Sur declaran que “si el Estado español quiere que este virus lo paremos entre todos, estas personas no pueden hacerlo desde una situación de desigualdad. Y para salir de esta crisis social, económica y sanitaria, no pueden seguir en esto limbo vital y administrativo donde los coloca el racismo institucional, que les condena a vivir en una economía sumergida y precarizada”. Reflexión compartida por la Asociación de Refugiados Rifeños, que ven cómo el número de migrantes rifeños ha aumentado exponencialmente desde que en 2016 se complicara la situación política en el Rif. En este contexto, consideran que estas medidas, además de su carácter temporal, “cuentan con muchas restricciones y son de un racismo institucional evidente”.

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