El gran revuelo generado por el nombramiento de la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado tuvo su culmen en el día de ayer cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) remitió a todos los medios de comunicación una nota de convocatoria para el día de mañana en el que se anunciaba que ofrecerían su valoración de dicho nombramiento en la mañana del jueves.
Teniendo en cuenta la importancia de la figura de la nueva Fiscal General del Estado, no se esperan sorpresas ni que el órgano rector de los jueces se oponga al nombramiento. Lo contrario sería una verdadera contradicción con la democracia y la propia justicia.
Dolores Delgado, además de la experiencia acumulada en estos meses en el Gobierno, lo que le ha dado un conocimiento mayor de los entresijos de los centros de poder, tiene una larga experiencia como Fiscal de la Audiencia Nacional y la ha demostrado en casos de lucha contra el terrorismo yihadista, en su defensa de la no extradición a Suiza de Hervé Falciani o en su oposición absoluta a los recortes del gobierno de Mariano Rajoy al principio de Justicia Universal.
Por otro lado, para garantizar la independencia de la Fiscalía, quien esté al frente debe disponer de un conocimiento de los otros centros de poder, de los que, a través de los lobbies de los despachos de abogados cercanos a los grandes bancos o las grandes empresas, pretenden controlar la acción de los jueces o influir en las estrategias de los fiscales en los grandes casos que les afectan.
Dolores Delgado tiene ambas cosas, además de mantener una relación profesional y personal con los jueces. Ejemplos tenemos muchos, pero pondremos sólo dos, Fernando Andreu o Santiago Pedraz, ambos en la Audiencia Nacional, el primero en la Sala de lo Penal, el segundo en el Juzgado Central de Instrucción 1.
En referencia a los despachos de abogados, relaciones profesionales tendrá muchas, pero destaca la que tiene con Baltasar Garzón, hombre que aúna la judicatura con la abogacía, profesión que ejerce en la actualidad.
Por eso es importante el nombramiento de Dolores Delgado, que desde ciertos sectores conservadores se ha querido vender como de un ataque a la democracia, cuando, en realidad, la experiencia y el conocimiento de todos los ámbitos relacionados de la Justicia de Dolores Delgado aúna en una sola persona los elementos clave para iniciar desde la Fiscalía General del Estado la revolución pendiente del tercer poder de la democracia española. Precisamente por eso, no se espera que los jueces se opongan o den una nota discordante al nombramiento, sobre todo cuando el propio CGPJ es un órgano que es seleccionado en su gran mayoría por los partidos políticos.
La Justicia en España es uno de los asuntos pendientes que quedó en la Transición y un gobierno como el de Pedro Sánchez, un Ejecutivo decidido a implementar muchas de las reformas que necesita el país, ha colocado a la primera pieza para iniciar esa transformación radical que necesitan la Administración de Justicia. El siguiente deberá pasar por la renovación absoluta de un Consejo del Poder Judicial cuyo mandato está prorrogado, precisamente, por el bloqueo político. El nuevo CGPJ será el encargado de, junto a la Fiscalía General del Estado, de presentar las reformas necesarias a aplicar para que el pueblo español pueda decir con orgullo que en este país hay una Justicia moderna y, sobre todo, justa.
