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Sigan sin escuchar a la ONU, «demócratas»

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Hoy la noticia ocupa los principales titulares: «El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el Supremo condenó al juez garzón sin garantías» (El País), «La ONU pide a España que compense a Garzón por no haber tenido un proceso justo» (Diario16)

El organismo internacional exhorta al reino de España a que «borre los antecedentes penales» del magistrado. Concretamente los que le acusaron de prevaricación «por las escuchas ilegales» del Caso Gürtel.

Señala el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que el juez Baltasar Garzón no tuvo un proceso con garantías respecto a un tribunal independiente e imparcial en los asuntos que le condenaron por haber investigado al Franquismo y a la trama de corrupción del Partido Popular. Hablamos de los procesos judiciales que terminaron por apartarle de la carrera judicial allá por el año 2012.

Por si la contundente declaración no fuera suficiente, se exhorta a España a indemnizarle, debiendo compensarle de manera adecuada «por el daño sufrido».

Y es que, según Naciones Unidas, la conducta del juez «no constituyó incompentencia grave que pudiera justificar su condena penal, resultando en la pérdida definitiva de su cargo, sino más una posible interpretación de las disposiciones legales aplicables». Las negritas son mías, pues me parece reseñable el hecho de que donde aquí en España algunos ven delitos, allá en el ámbito internacional, consideran que no lo son. Y el asunto me parece de tal gravedad que bien merece una reflexión profunda.

En el dictamen de la ONU se pone bajo el foco al juez Luciano Varela. En este asunto se considera que este magistrado «habría mostrado su falta de imparcialidad a lo largo del proceso por el caso, en particular, mediante su repetida asistencia a los demandantes en la modificación de sus escritos de acusación». Una afirmación que, haciéndose de un juez del Tribunal Supremo, es grave, gravísima.

¿De qué nos suena este nombre? A quienes hemos seguido el asunto del procés catalán, del referéndum del 1 de octubre, este nombre nos es conocido. Entre otros titulares, el juez Varela ha sido uno de los que ha sostenido que el referéndum del 1 de octubre fue «una pura performance delictiva». Sus apreciaciones tenían importancia, pues formó parte del tribunal que condenó a los independentistas catalanes, a pesar de estar jubilado. El Consejo General del Poder Judicial le habilitó de manera específica para que continuase siendo miembro del tribunal enjuiciador hasta que se dictase la sentencia contra los líderes independentistas.

Pero no es la única cuestión que me ha recordado al juicio del procés, ya que el Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que el juez Baltasar Garzón no tuvo derecho a una segunda instancia ante la que recurrir su condena. Otra casualidad que coincide con el asunto del procés, ya que, de haberse juzgado a los líderes independentistas donde correspondía, por aquella norma del «juez natural», habría debido ser el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña quien hubiera tenido que conocer del tema en primer lugar, y después, en caso de recurso, haber pasado por el Supremo. Para evitar que esto se hiciera, se acusó por delitos de rebelión, haciendo así que cayera en manos del Supremo de manera directa, evitando que otro tribunal pudiera abordar un recurso en segunda instancia.

Lo de la falta de un proceso justo, imparcial y con garantías lo dijeron también sobre el proceso a Arnaldo Otegi. Pero en esta ocasión lo hizo un tribunal internacional, cuyas sentencias sí son vinculantes (no como los dictámenes de la ONU). Concretamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2018 que Otegi no había tenido un juicio justo en el caso Bateragune. Al supremo le tocó anular la sentencia condenatoria (una vez que el vasco ya había cumplido los años de prisión correspondientes),y lejos de asumir lo sucedido, tuvo la «brillante ocurrencia», por unanimidad, de anunciar la repetición del juicio. Una decisión contraria a Derecho, según los expertos, puesto que eso de repetir un juicio por el que ya has sido condenado, no sólo vulnera tus derechos más básicos, sino que además, es una decisión que no puede tomar el tribunal, sino el damnificado: debería haber sido Otegi quien hubiera solicitado, en su caso, que el juicio se repitiera, poniendo en valor la falta de garantías reconocida por la justicia europea. Pero en ningún caso el Supremo puede sacarse de su chistera la celebración de un nuevo juicio.

Suma y sigue. Porque todo esto también recuerda al asunto de los chicos de Alsasua, que fueron juzgados por la Audiencia Nacional, cuando en realidad, los hechos deberían haber sido ventilados ante la justicia de Navarra. Esta cuestión fue denunciada no sólo por los jóvenes, por sus familias, por las diferentes asociaciones que los apoyan, sino por instituciones públicas diversas que pusieron el grito en el cielo ante la barbaridad que ha supuesto acusarles de terrorismo para así sentarles ante el banquillo de la Audiencia Nacional, aunque al final no se les condenara por estos cargos.

Lo que acaba de señalar la ONU sobre el juez Baltasar Garzón evidencia, una vez más, el gravísimo problema que tiene España con el Derecho. Con la justicia fundamentada en principios que deberían ser democráticos. Una vez más.

Dicho sea de paso que en este fuego abierto también participó en su día el propio Garzón, quien dirigió la operación que después sería bautizada con su propio nombre, «Operación Garzón» en el contexto de las Olimpiadas de Barcelona en 1992, donde hubo más sombras que luces. El propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentenció en 2003 que aquel proceso había vulnerado el Convenio Europeo de Derechos Humanos al no investigar de manera oficial y efectiva las denuncias de torturas por parte de las autoridades españolas. Fue la primera condena en este sentido, y en ella las decisiones que tomó el entonces juez fueron duramente sentenciadas.

La noticia que hoy conocemos, la relativa al dictamen de Naciones Unidas, supone sin duda otro varapalo a la justicia española. Pero no cabe duda de que se harán oídos sordos, como siempre se hace, a lo que viene de este organismo. Lo contrario sería una grata sorpresa, y sin duda rompería la inercia que ha habido casi siempre, sobre todo últimamente, donde se ha señalado ya en varias ocasiones la falta de garantías en el juicio a los independentistas catalanes.

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4 Comentarios

  1. El tribunal supremo comete tantas irregularidades, que casi que compensa contar los escasos aciertos. Pero por otra banda, y con la misma justicia del simple opinador, conviene recordar sus propios veredictos y conclusiones sobre derechos y obligaciones que todos tenemos. Cuando él leyese con igual atención lo que dice de otros como aquello que de él dicen, todo comenzará a ser, o parecer, un poco más justo, si de justicia hablamos. Él entiende lo que digo. Perfectamente. Es un juez, una persona y un político tóxico, pero es cierto que han cometido grave inxusticia con él.

  2. Juez Luciano Varela. Pero quien paga los platos rotos siempre somos el Pueblo. Este indigno juez debería pagar él sus prevaricaciones y no el Pueblo. Esto es la confirmación de que los criminales juzgan los justos y, los condenan. Quien pagara la persecución y la extorsión a la República Catalana… El Pueblo. Quien restituirá lo robado «legalmente» por la cueva madrileña a los Pueblos del estado.
    Por cierto: A quien va a juzgar marchena? Justicia no se puede esperar de quien ocupa un sillón por el mero hecho de ser franquista.

  3. Este es el de querido Emilio.
    No hay nada más que decir, bueno si la cuadrilla que frecuenta.
    No solo hay que ser, sino que además parecer.

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