Si PP y Vox votan no a la prórroga del estado de alarma expondrán al país a un nuevo rebrote

El Gobierno cree tener controlada la epidemia de coronavirus pero advierte: no hay que bajar la guardia, no conviene relajarse, se debe mantener el nivel de alerta como hasta ahora. En esa línea, la próxima semana el Ejecutivo de Pedro Sánchez llevará al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma, que Vox no apoyará y que Pablo Casado probablemente tampoco, si nos dejamos llevar por sus recientes declaraciones. De hecho, durante el último Pleno el líder del PP ya puso un precio muy caro a su aval al considerar que la estrategia de confinamiento de Sánchez atenta contra los derechos y libertades de los españoles y perjudica notablemente la economía. Tampoco parece algo atado que los nacionalistas catalanes y vascos respalden una prórroga que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, considera crucial para seguir ganando la batalla contra el coronavirus. “Ahora tenemos el control de la epidemia. El estado de alarma está funcionando siete semanas después; la prórroga no solo es necesaria, sino imprescindible”, ha sentenciado en rueda de prensa por videoconferencia desde el Palacio de la Moncloa.

Según Illa, el decreto de estado de alarma se ha revelado como el arma más eficaz para doblegar la curva epidemiológica, ha demostrado sus beneficios para todas las comunidades autónomas (que empiezan a registrar datos esperanzadores) y lo que es todavía más importante: si seguimos prorrogando su vigencia, al menos dos semanas más, nos permitirá “dotar de unas reglas comunes de comportamiento a la población y evitar que en la transición a la ‘nueva normalidad’ pueda haber un rebrote” de la plaga.

El órdago del Gobierno está encima de la mesa: si las derechas rechazan la prórroga del estado de alarma por quince días más (solo por motivos ideológicos no científicos) expondrán al país a un nuevo contagio masivo que podría devolvernos a la casilla de salida. En realidad no hay ninguna razón, más allá de la obsesión del “trifachito” por derrocar a Pedro Sánchez, para no prolongar un estado de alarma que según las encuestas cuenta con el respaldo de la mayoría de los españoles. Las cifras de hoy son francamente positivas: 836 nuevos diagnosticados (por primera vez desde que comenzó la pesadilla por debajo de los mil); 1.654 personas recuperadas (más del doble de contagiados) y 164 fallecidos en las últimas 24 horas, el mejor dato desde el 18 de marzo. Resulta evidente que la famosa curva de Fernando Simón se está doblegando por fin con el esfuerzo de ciudadanos y sanitarios, de modo que entramos en una nueva “fase de desescalada” cuyo objetivo principal es seguir frenando la propagación del covid-19 mientras recuperamos paulatinamente la actividad económica. En esa línea van las órdenes ministeriales que el Gobierno pondrá en marcha a partir de mañana lunes: la orden de gobernanza para consensuar y coordinar los esfuerzos con las comunidades autónomas (garantizando que en cinco días, en el caso de un rebrote, haya un mínimo de camas disponibles por Unidad de Cuidad Intensivos); la orden de reactivación de pequeños comercios y locales de hostelería que permitirá, entre otras cosas, la apertura de establecimientos como peluquerías y bares (siempre con las debidas y lógicas restricciones); y la orden ministerial de vuelta a los entrenamientos del deporte profesional, que permitirá pensar en el retorno de las competiciones deportivas, tan importantes para una sociedad desmoralizada y necesitada de entretenimiento.

Con todas las cautelas, se trata de pasos de gigante para un país que ha estado casi dos meses confinado. “Tenemos que ser conscientes de que el virus solo será vencido con la terapia o una vacuna, algo que no llegará a corto plazo. Por eso tenemos que aprender a convivir con él en la nueva normalidad. Tenemos que poder recuperar la actividad económica sin perderle el respeto al virus”, alerta Illa.

El Congreso de los Diputados es una cámara soberana, eso lo sabe cualquier demócrata, y las leyes se aprueban por mayoría. Pero las decisiones que adoptan sus grupos políticos conllevan una gran responsabilidad. Lo que la próxima semana voten PP, Vox y Ciudadanos, así como los partidos minoritarios nacionalistas, quedará debidamente apuntado y registrado en las actas de sesiones. Votar “no” al estado de alarma por motivos electorales y transmitir la falsa y alegre sensación de que la epidemia ya está superada entrañará un riesgo inmenso que España puede pagar caro con un virulento rebrote de la enfermedad en las próximas semanas. Las derechas, con sus juegos pueriles y partidistas y sus decisiones fanatizadas, pueden conducir de nuevo al país al desastre, a aquellos primeros días en los que los hospitales no daban abasto para atender a los enfermos, la población era obligada a confinarse totalmente y toda actividad económica quedaba paralizada. Sería una gran pérdida que todo lo que hemos avanzado en los últimos días en la lucha contra el coronavirus se termine tirando por tierra por culpa de unos políticos que siguen anteponiendo el poder del dinero, sus cálculos particulares y su ideología radicalizada a la salud de las personas.