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Si no hay prórroga mañana, ¿qué podemos esperar de las medidas sociales?

La legislación vigente permite hacer una desescalada controlada por regiones. Sobre las medidas sociales, el Gobierno tiene herramientas para mantenerlas.

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Es normal que ahora mismo todo el mundo se pregunte qué va a pasar mañana, si finalmente el Gobienro no obtiene los apoyos suficientes para establecer la cuarta prórroga del Estado de Alarma.

Vaya por delante, que esta que escribe tiene la sensación de que saldrá adelante después de escuchar al PNV. Podría ser que esas enmiendas que los vascos pondrán sobre la mesa ayuden a descongestionar el aparente bloqueo que están haciendo los nacionalistas vascos y los indepes catalanes. Por no hablar, evidentemente, de la derecha que está haciendo «el papel de su vida».

Digo «papel de su vida» porque la mediocridad que están luciendo tanto Casado como sus colegas ultras de Vox es digna de no ser olvidada nunca. Ni una sola propuesta, ni un sólo argumento. Solamente ataques, insultos, y sobre todo mentiras, muchas mentiras para tratar de ponerse alguna medalla por no se sabe bien qué.

Por el momento la rancia derecha ha estado utilizando los muertos y los contagios de una forma absolutamente inmoral. Sus ridículos continuos haciéndose eco de noticias falsas y tergiversando la información hasta llegar a utilizar informes manipulados que no decían en realidad lo que Casado predicaba desde el estrado. Da verdadera vergüenza, si no fuera porque la mayoría de los medios de comunicación (sobre todo en la tele) están a su servicio y es complicado que la gente llegue a entender la poca catadura moral de esta gente. Los que critican el confinamiento y el desmantelamiento; los que critican dar ayudas y critican las pérdidas económicas; los que critican que haya sol y que se oculte entre las nubes. El caso es criticarlo todo sin plantear opciones alternativas. Porque la crítica siempre ha de ser bienvenida cuando tiene un fundamento más allá que hacer ruido.

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Ayer Pablo Casado daba por hecho que el PP se va a oponer a una cuarta prórroga. Vox lo dijo ya hace días. Sin embargo la cosa podía mantenerse con el apoyo de los partidos nacionalistas e independentistas.

El nervio llegó cuando Gabriel Rufián anunció que ERC votará que no. Y entonces todo el mundo comenzó a hacerse preguntas. A pesar de que Joan Tardá recordó que es una decisión que ha de tomarse en los órganos de ERC y que no está tan clara la postura de la formación, a pesar de lo que haya dicho ya Rufián. O sea, que el «no» de ERC todavía no es definitivo. En realidad nada lo es hasta que no se vote en el hemiciclo, pero unas cosas son más probables que otras. Y la postura de ERC todavía podría moverse a una abstención de la mano del PNV.

Y es que los nacionalistas vascos creen que si sus enmiendas se aprueban, se puede mantener la prórroga: solamente bastaría con darle mayor presencia a los gobiernos autonómicos y mayores libertades para que gestionen la desescalada de manera autónoma en base a sus necesidades individuales. Lo cierto es que tiene toda la lógica del mundo y mucho sentido: además, de esta manera y desde una perspectiva de estrategia política, cada uno tendría que ponerse las pilas y demostrar cómo gestiona esta situación.

Yo, personalmente, estoy deseando ver cómo se las ingenian Page, Lambán y otros tantos ahora que, si tuvieran mayor capacidad de decisión para la pandemia, no pueden echarle la culpa a Sánchez, quien parece ser su mayor enemigo en todo este sainete. Que salgan y lo bailen, como se suele decir. Y a ver si alguno que yo me sé, se atreve a seguir quitándole hierro a este asunto, tratando de menospreciar las cifras y de hacer afirmaciones lamentables como las que ha venido haciendo desde el minuto uno de esta pandemia.

Pero, ¿qué pasaría si finalmente no se produce la suma necesaria? ¿Si mañana no hay más «síes» que «noes» al votar en el hemiciclo la cuarta prórroga?

Hay quien considera que el Estado de Alerta no es necesario para asegurar medidas de protección. En este interesante artículo de Vicent Partal explica que el marco legal vigente permite el desconfinamiento sin vulnerar competencias ni derechos a pesar de que el PSOE lo niegue.

Partal pone como ejemplo el momento en que la Generalitat cerró la cuenca de Ódena, las escuelas y los teatros antes de que el Gobierno estatal decretase el estado de alarma.

Respecto al desconfinamiento sanitario, Partal apunta a la ley de salud pública catalana del 22 de octubre de 2009 y a la Ley General de Sanidad Española de 1986. En la ley catalana, en el artículo 55 se prevé que la autoridad sanitaria pueda intervenir en las actividades públicas y privadas para proteger la salud de la población y prevenir la enfermedad.

En la Ley General española, el artículo 26 establece que en caso de que haya riesgo inminenete y extraordinario para la salud o se sospeche razonablemente que puede darse, las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas pertinentes, como incautación o inmovilización de productos, suspensión de ejercicio de actividades, cierre de empresas o de instalaciones, intervención de medios materiales y personales y todo aquello que consideren sanitariamente justificado.

¿Y qué sucede con las medidas y ayudas económicas que se han aprobado estos días? Pues como señala Partal, han sido acordadas a través del mecanismo del Decreto-ley, que puede mantenerse, renovarse o modificarse. El problema que Partal señala, en la misma línea que lo hacen expertos constitucionalistas, es que estas medidas se adoptaron vinculándolas a la duración del Estado de Alarma. Y claro, ahora si termina el Estado de Alarma no podrían seguir en base al decreto. Y repito: «En base al decreto».

Precisamente Raúl Bocanegra ha escrito sobre todas estas cuestiones en este artículo para Público.

En su pieza podemos leer las opiniones de distintos expertos en Derecho que explican que, de no prorrogarse el Estado de Alarma, «quedarían sin cobertura jurídica muchas de las medidas adoptadas, y en especial, aquellas que afectan al ejercicio de derechos fundamentales y se relacionan o afectan a la medida de distancia física de seguridad», y en este sentido, María del Mar Esquembre, Profesora de Derecho Constitucional, señala a los derechos como la libertad de circulación y residencia, el de reunión y manifestación o la libertad religiosa.

Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional, señala que «decae el decreto de estado de alarma y todas sus normas de desarrollo. Básicamente todas las normas que el Gobierno no habría podido dictar sin estado de alarma: confinamiento, excepciones, desescalada».

Esquembre considera que la legislación antes citada no es suficiente para garantizar la desescalada sanitaria. Aunque matiza que «desde el punto de vista legal, es posible una desescalada sin estado de alarma». Lo que a Urías le «preocupa» es que puedan convivir 19 desescaladas diferentes, lo que pueda generar mayor caos y confusión.

Las medidas sociales se mantendrían sin Estado de Alarma según los expertos

La pregunta del millón es: ¿qué pasa con los ERTES, con las medidas anti desahucios, con las rentas de ayuda, con la protección social? Los expertos coinciden en asegurar que, al haber sido aprobados y convalidados por el Congreso de los Diputados, se mantienen.

En algunos casos concretos, como señalaba Partal, ocurre que las medidas se han vinculado temporalmente a la duración del Estado de Alarma: como por ejemplo las ayudas a los autónomos por cese de actividad. Y en este caso, efectivamente, si se acaba el Estado de Alarma, se acaba el supuesto para la ayuda.

Es posible, en todo caso, que los decretos más importantes sean revisados y se proceda a su armonización para adaptarse a lo que suceda. Y en este sentido, teniendo en cuenta las prioridades del Gobierno durante estos meses para respaldar económica y socialmente a las personas más vulnerables, seguramente tenga previsto regular para que la protección se mantenga.

Porque, una cosa hay que tener presente: si la prórroga no se aprueba, lo que decae es el Estado de Alarma, no el Gobierno. Una cuestión que muchos están queriendo confundir, cuando en realidad, la situación de responsabilidad recaería en los gobiernos autonómicos de manera absoluta.

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