El artículo 159.4 de la Constitución Española establece claramente que la condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil. ¿Cumple Arnaldo los requisitos? Veamos.
Es sabido que el polémico jurista Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el Partido Popular para renovar el alto tribunal, ha mantenido una intensa actividad comercial durante estos años. La empresa Estudios Jurídicos y Procesales, un bufete de abogados propiedad del jurista, ha facturado trabajos para administraciones gobernadas por los populares por 979.000 euros, según información de la Agencia Tributaria incluida en el sumario del caso Palma Arena. Es decir, la empresa del magistrado ha declarado contratos por casi un millón de euros con administraciones del PP.
El informe de Hacienda detalla una serie de contrataciones realizadas entre 2003 y 2008 y concluye que la mayor parte de la contratación pública de Arnaldo fue por administraciones del PP, entre las que figuran, por ejemplo, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Málaga o la Comunidad de Madrid. La empresa de Arnaldo también trabajó con Aena, y los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente durante el último Gobierno de José María Aznar. Por si fuera poco, Arnaldo es un asiduo colaborador de FAES, el laboratorio de ideas que marca la línea política más dura del PP.
Solo estos datos extraídos del informe de Hacienda deberían ser suficientes para que Arnaldo quedara automáticamente incapacitado, por no idóneo, para ocupar un puesto de la categoría y el rango de magistrado del Tribunal Constitucional. De hecho, algún que otro juez conservador ya ha mostrado, en petit comité, su malestar por el currículum que presenta la persona elegida por el PP.
Llegados a este punto, la pregunta que se plantea es: ¿qué va a pasar ahora con estos negocios que ha venido manteniendo el jurista en el que el PP ha depositado toda su confianza para la regeneración de la Justicia española? Con la Constitución en la mano, Arnaldo debería cerrarlos, darlos por clausurados, ya que de lo contrario incurriría en el supuesto 4 de incompatibilidad del artículo 159 de la Carta Magna. Y una derivada que conviene no perder de vista: la votación de esta tarde en el Congreso podría ser una gigantesca prevaricación o cuanto menos nula de pleno derecho por entrar en abierta contradicción con el espíritu constitucional. Incluso el propio TC podría incurrir en una irregularidad si no fiscaliza antes esa renuncia de Arnaldo a sus actividades comerciales.
Sin embargo, hasta la fecha nadie ha confirmado que Arnaldo vaya a suspender su actividad empresarial, tal como establece preceptivamente la ley. Y ese es un asunto no menor que viene a sumarse a toda la polvareda mediática y política que se ha levantado con el proceso de elección del nuevo magistrado. Si Enrique Arnaldo no cierra todos sus negociados y chiringuitos con el PP (por decirlo de una manera coloquial) podríamos encontrarnos con que el primer recurso de inconstitucionalidad que llegara a manos de Arnaldo fuese su propio nombramiento como magistrado del Constitucional. Una carambola o paradoja que no deja de tener su aquel.
En principio, y salvo sorpresa de última hora –no parece que los diputados de PSOE y Unidas Podemos estén dispuestos a romper la disciplina de partido para votar en contra de la designación de Arnaldo– todo apunta a que el controvertido jurista pasará el trámite en el Congreso de los Diputados y ocupará su plaza. La izquierda ha perdido la batalla judicial frente a la extrema derecha, pero al menos debería exigir una renuncia explícita, previa y por escrito de Arnaldo a las actividades empresariales que venía desarrollando. Porque pudiera ser que el bochorno y el escandaloso nombramiento de este hombre no haya escrito su último capítulo y cualquier día nos encontremos con la sorpresa de que aquel que debe decidir los recursos de inconstitucionalidad planteados por el PP sigue todavía en nómina del PP. Puro surrealismo.
