La cultura en España siempre ha estado en un segundo lugar de las prioridades de los distintos gobiernos. Para que haya un desarrollo cultural es muy importante que aquellos que crean o interpretan contenidos, en el ámbito que sea, deben estar remunerados adecuadamente. Se trata de un sector difícil, sin embargo, lo que la historia reciente ha demostrado es que el modelo actual de sociedades privadas no funciona ya que los beneficios que se han generado pudieran no haber repercutido en su integridad en los autores o intérpretes y sí en llenar presuntamente los bolsillos de quienes han gestionado esas sociedades o asociaciones.

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) es el mejor ejemplo de ello. Según su página web se trata de una «entidad privada dedicada a la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de sus más de 100.000 socios. Dentro del colectivo de los creadores, 90.921 son músicos de todos los géneros y estilos, 10.701 son autores de obras audiovisuales –argumentistas, guionistas y directores-, y 8.825 son dramaturgos y coreógrafos. SGAE administra hoy un repertorio superior a los diez millones de obras musicales, dramáticas, coreográficas y audiovisuales. Tal y como establece la Ley de Propiedad Intelectual, SGAE tiene encomendada la defensa y gestión de los derechos de las obras de sus socios, autores y editores. Por esto, nuestra misión fundamental es proteger y repartir la remuneración de nuestros asociados por la utilización comercial de sus obras (comunicación pública, reproducción, distribución, transformación y copia privada) y la gestión de licencias entre los clientes para su uso. Esta tarea no sólo beneficia a nuestros socios, sino que contribuye a la protección del riquísimo patrimonio cultural que supone nuestro repertorio». Por otro lado, SGAE es un recaudador de tributos impositivos sobre actos culturales en general, recaudación que debería ser administrada vía organismo de administraciones públicas, no por los recaudadores interesados.

Sin embargo, la gestión de una sociedad con unos objetivos tan importantes no puede estar en manos privadas e inexpertas, tal y como se pudo comprobar con lo ocurrido con uno de sus ex presidentes, el músico Teddy Bautista. Todo ello, además, con cierta complicidad política que viene de la reforma de los estatutos de la SGAE en los años 90 y de la intensa relación entre algunas personas que formaron parte del Ministerio de Cultura en la época de Felipe González.

Esta relación se inició con el que fue ministro de Presidencia y Fiscal General del Estado, Javier Moscoso, que aterrizó en la SGAE en 1990 como secretario general del Consejo de Administración y permaneció durante cinco años en el cargo. Su llegada estrecha las relaciones de la institución con el PSOE y, sobre todo, impulsa la reforma de los estatutos de la Sociedad para dar plenos poderes al presidente del Consejo de Dirección, ya por entonces Teddy Bautista. Javier Moscoso fue un fiel aliado de Alfredo Pérez Rubalcaba, pues lideró el grupo de interlocutores del Gobierno en la negociación con ETA.

Moscoso se hizo cargo del gabinete jurídico de la SGAE y preparó la reforma de los estatutos aprobados en 1995. Esta reforma reforzó el poder del presidente del Consejo de Dirección. La SGAE pasa a cobijar a los músicos y también a sus editores, al estilo de los sindicatos verticales y el sector de la dramaturgia perdió peso en la sociedad.

El mismo año de la reforma de los estatutos de la SGAE, la que fuera la mejor ministra de Cultura de la democracia, Carmen Alborch, nombró a Pedro Sánchez, padre de actual presidente del Gobierno, gerente del INAEM, pero por poco tiempo, pues el PP ganó las elecciones de 1.996 y Sánchez encontró trabajo como presidente de la recién creada Fundación Autor, una de las instituciones de la SGAE dedicada a «tareas asistenciales, formativas y en buena medida promocionales y eje de una red de organizaciones, institutos y asociaciones». Según fuentes consultadas por Diario16, ahí nació una relación que iba más allá de la lucha por los derechos de autor entre Teddy Bautista y Pedro Sánchez «senior».

No vamos a exponer todos los asuntos turbios en los que se ha visto envuelta la SGAE, pero lo que dejan claro es que dentro del proceso de gestión de la cultura en España no puede quedar en manos de empresas o sociedades privadas en las que sólo se gestionan los derechos de los asociados. ¿Qué ocurre con el resto de artistas, compositores, autores, intérpretes, etc.? ¿Qué pasa con todos aquellos que no tienen constancia de la existencia de estas asociaciones, sociedades o empresas de gestión de los derechos de autor?

En primer lugar, un elemento fundamental para el desarrollo cultural no puede dejarse en manos de gente inexperta que no tiene experiencia a la hora de gestionar unos presupuestos tan elevados. En segundo término, los errores y las prácticas presuntamente corruptas provocan que estas sociedades hayan estado dirigidas por artistas que no se han distinguido por la importancia de sus obras, es decir, es complicado ver a una gran estrella o a un compositor de éxito intentando presidir la SGAE, algo que contrasta con quien la preside en la actualidad que sí es un artista de éxito y que ha intentado adecuar los estatutos con las directivas europeas. En tercer lugar, los derechos de autor deben ser gestionados por profesionales, por funcionarios o personas con capacidad de poder manejar los presupuestos de todos los creadores de cultura, de todos los ámbitos, medios de comunicación incluidos ya que hay contenidos que nacen de la creación o la reflexión.

Por tanto, el hecho de que la SGAE pasara a ser gestionada por el ministerio de Cultura no es una mala noticia para todos los creadores, sobre todo con un ministro que es conocedor de todos los ámbitos y sectores culturales.

Es el momento de reestructurar y cambiar el sistema vía las competencias de la propia administración pública a través del Ministerio de Cultura y la Hacienda pública bajo el control de los asociados.

Tratar más directamente la casi inexistencia de los autores literarios en las diferentes disciplinas, no sólo los dramaturgos, sino también la poesía, la novela, los ensayos, cuentos, narrativa en general, historia, investigación, etc. En este sentido, las distintas sociedades que gestionan los derechos de autor de los escritores también deberían estar controladas al igual que la SGAE por profesionales y no por los propios interesados.

Además, casi todos los géneros del periodismo, más discutible pero no desterrable la actualidad de los diarios, pero, sin duda, las revistas formativa e informativa, los editores de estos medios, Foros, ponentes y conferenciantes, investigadores sociológicos, guionistas, registros de propiedad intelectual en general, etc. también tendrían que estar controlados y gestionados por los profesionales y funcionarios públicos porque, al fin y al cabo, esos contenidos publicados en los diferentes medios, tienen una propiedad intelectual que tendría que estar protegida por los controles de la Administración. El periodismo creativo es un arte sin lugar a duda por ser literatura.

Ha llegado el momento de definir con amplitud el arte que define e influye en la cultura. Las diferentes secciones que promulgan y difunden la literatura, la música, la pintura, el cine, el teatro y cualquier otra creación es Arte y, por tanto, están protegidas por las leyes de copyright que deben ser defendidas por quien es el responsable final de la proyección cultural del país como un elemento fundamental para el crecimiento de la Marca España.

3 Comentarios

  1. La Sgae comenzó su harakiri el dia,ya lejano, que admitió a los editores (comerciantes de la música) dentro de la sociedad. Abrió la puerta del gallinero a las zorras.

  2. No me gusta el intervencionismo del estado, los políticos son malversadores y corruptos, lo mejor es que saquen las manos del saco, autorregulación.

  3. Exactamente, nunca fue una prioridad la cultura para muchos gobiernos, porque solo se ha defendido el negocio de unos pocos a través de las distintas reformas de las leyes de propiedad intelectual. De hecho el Ministerio de Cultura debería llamarse, ya que solo le importa el negocio, Ministerio de la Propiedad Intelectual. Aunque de manera similar es extensible a la Comisión Europea. Pero ya lo decía la relatora de la ONU, para la defensa de los derechos de acceso a la ciencia y a la cultura, que cuando se crean estas leyes de propiedad intelectual solo se hace pensando en la parte económica.

    Como autor, que no me representa, la SGAE no defiende la cultura. Por mucho que digan.

    Salu2

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