Si hay un asunto que está causando un grave daño al prestigio del CNI ese es el escándalo político y personal que persigue al rey emérito. Desde que llegó al trono en 1975, Juan Carlos I ha mantenido un estrecho contacto con los servicios de inteligencia. La primera lección que el monarca extrajo del 23F fue que tenía que mantener sus espaldas bien protegidas si quería gozar de un reinado largo y tranquilo. Quien controla a los espías controla el poder. Desde el golpe de Estado de 1981, se sabe que los agentes secretos siempre han estado cerca del patriarca de la Transición para custodiarlo al máximo en sus asuntos privados, sobre todo en cuestiones relacionadas con sus negocios en el extranjero y su vida amorosa extraconyugal. El comisario Villarejo ha declarado en sede parlamentaria que en ciertos sectores se consideraba “un problema de Estado” que el monarca fuera “tan ardiente”, de modo que el CNI llegó a fabricarle hormonas femeninas e inhibidores de testosterona “para rebajarle la libido”. ¿Novelas de espías o realidad? Una vez más, la opinión pública jamás sabrá la verdad.
En los últimos años, la mayor amenaza para la reputación de Juan Carlos tiene nombre y apellido: Corinna Larsen. Villarejo mantuvo una conversación grabada con la “amiga entrañable” del rey emérito en la que ella llegó a acusar a los servicios secretos de Sanz Roldán de haberla instigado, amenazado y espiado para proteger al emérito. El asunto ha terminado en los tribunales de la Corte de Londres, donde la empresaria alemana ha presentado una denuncia por acoso contra el rey abdicado. “Me dijo que, si no seguía las recomendaciones, él no podría garantizar mi integridad física ni la de mis hijos. Me aterrorizaron esas declaraciones, creo que a cualquier persona…”, ha declarado Corinna Larsen en los juzgados españoles. La expareja de Juan Carlos I asegura que en la primavera de 2012 se sintió amenazada “como ciudadana, como persona normal y como mujer” cuando sus oficinas y el apartamento en Mónaco fueron ocupados por una supuesta empresa de seguridad contratada por el CNI. Ella pidió explicaciones al emérito, quien le garantizó que se trataba de una operación para protegerla de los paparazzi.
En los últimos días se han conocido más datos sobre el supuesto triángulo maldito formado por Corinna Larsen, Sanz Roldán y el rey emérito. Así, en 2017 el comisario Villarejo informó a María Dolores Cospedal, ministra de Defensa, de la fortuna oculta de Juan Carlos I en Suiza. En una grabación publicada por El País, Villarejo le habla a Cospedal sobre la fortuna del monarca oculta en la cuenta “Soleado” de un banco suizo. En ese mismo depósito, gestionado por el asesor helvético Arturo Fasana, se ocultaban los fondos millonarios de empresarios y políticos implicados en el caso Gürtel. ¿Dinero negro del rey emérito y de mafiosos próximos al PP en una misma caja? La madre de todos los escándalos se estaba gestando esta vez. En un momento de la conversación, Villarejo le insinúa a la ministra: “Dentro de año y pico le toca renovar mandato [a Sanz Roldán], pero no se va a ir. El presidente [Rajoy] no quiere follones ni quiere líos. Él [el director del CNI] quiere quedarse hasta que el emérito haga testamento, porque como hay tanta pasta suelta, la tiene que poner en orden él. Eso le ha dicho a sus íntimos. Yo me debo al señor. Muchas de las sociedades se mezclan… Ahí hay que entrar con un lanzallamas. Porque una institución como el CNI tiene que estar al servicio de los intereses de España”.
La historia reciente del Centro Nacional de Inteligencia confirma algo que ya se sabía: que urge una reforma inmediata y en profundidad de los servicios secretos españoles. Con el tiempo, “La Casa” se ha ido degradando hasta llegar a una situación que hoy se podría calificar de insostenible. Los intereses políticos particulares han primado en no pocas ocasiones sobre la seguridad nacional, hasta el punto de que el espionaje se ha terminado convirtiendo en un arma definitiva en manos del poder. Escasos recursos, material obsoleto, agentes mal pagados y desmoralizados, rencillas internas entre mandos y unidades policiales, misiones mercenarias al margen del conocimiento de la autoridad judicial y una forma de trabajar no siempre limpia y acorde con la ley y los principios elementales que inspiran la Constitución han terminado por arrastrar al CNI a una crisis institucional que, tal como demuestra la hemeroteca, hunde sus raíces en el pasado.
A finales de mayo, Pedro Sánchez anunció una ley orgánica reguladora del funcionamiento del CNI para aumentar los mecanismos de control, así como otra ley de secretos oficiales que sustituya a la vigente del año 1968. El presidente adelantó inversiones para incrementar la ciberseguridad y hacer frente a las amenazas de las nuevas tecnologías como Pegasus –“mayores compromisos presupuestarios”, dijo– así como medidas legales para controlar el uso de los fondos reservados (el famoso “fondo de reptiles” del que se nutren los espías en sus misiones en España y en el extranjero y que hoy por hoy está fuera del control de la Administración). También anunció la adaptación de los protocolos de trabajo de los espías al ordenamiento constitucional, a la autoridad judicial y a la exigencia democrática de mayor transparencia. Además, Sánchez se desligó de cualquier tipo de responsabilidad en las operaciones que lleva a cabo el CNI. “El Gobierno no conoce y no decide sobre las decisiones de los servicios de Inteligencia”, aseguró el presidente, para subrayar que eso podría ocurrir en “otra época” (en clara referencia a la Operación Kitchen y a la Policía Patriótica que salpicó al Partido Popular en tiempos de Mariano Rajoy). “No hay permiso para crear policías paralelas que persiga partidos rivales. Son tiempos pasados”, alegó. Pero las sospechas planean sobre un mundo, el de los espías, que sigue instalado en el oscurantismo, en la opacidad y en la leyenda.
