El pasado miércoles el Ayuntamiento de Madrid presentó un primer boceto de su Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático. Una propuesta que se pretende tener aprobada a principios de 2017 y que consiste en tratar de reducir el tráfico de vehículos en la capital. Entre las distintas medidas que se proponen se encuentran la creación de un área de acceso restringido al vehículo privado, calles exclusivas para residentes, reducción de carriles en las vías y limitar la velocidad de toda la M-30 a 70 kilómetros por hora. El problema de fondo no es otro que los límites de contaminación permitidos, y con ello preservar la salud de los ciudadanos. Sin embargo, insisten en la misma fórmula, una y otra vez: pagan los de fuera para que los de dentro vivan mejor. Y en Madrid, por lo general, los del extrarradio son los humildes y los de la almendra central los pudientes, lo que significa mayor desigualdad social.

Para aquellos que desconozcan las diferencias principales entre vivir dentro de la M-30 y vivir fuera de ella, sepan que los de dentro son aquellos que viven con una parada de metro en cada esquina de sus manzana, con 5 líneas de autobuses casi en la puerta de sus casas, con el coche siempre dispuesto a moverse por la ciudad en la que viven, y con zonas exclusivas, que para eso son residentes; mientras, los de fuera son aquellos que viven a 20 minutos de una parada de metro y a 15 de la de autobús, y que no les queda más remedio que usar el transporte público si no quieren dejarse el sueldo aparcando su coche cuando van a la ciudad. Hay más diferencias, pero éstas son las principales sobre la movilidad en la capital española. Sangrantes, si consideramos que ambas partes pagan los mismos impuestos pero no reciben el mismo trato por parte del consistorio.

Cuando se abordó el problema de la contaminación en la ciudad, parece que nadie se dio cuenta de que hay dos formas de enfrentarlo: o impidiendo que entren más vehículos al centro, o facilitando que salgan más vehículos al extrarradio. De las dos posibilidades, se eligió la que más dinero producía, que no la más inteligente, penalizando la llegada de vehículos a la ciudad donde más le duele al personal, en el bolsillo. El resultado, niveles cada vez más altos de contaminación. Lo cual quiere decir que penalizar a la gente del extrarradio para evitar la contaminación no funciona, es la misma ciudad la que no tiene capacidad para disipar lo que ella misma genera. A pesar de eso, la alcaldesa Manuela Carmena ha decidido volver a penalizar a la gente que vive fuera de la M-30, más dinero, más madera, más inmovilismo. Pues nada, más contaminación al canto. Eso sí, con más dinerito en los bolsillos.

Por otro lado, los ciudadanos del extrarradio son “libres de elegir” entre ir a trabajar en un coche diésel (por ejemplo) al centro o en transporte público. Sepan los lectores la diferencia real entre ambas opciones: ir en coche supone un gasto de combustible de alrededor de 1€, añadiendo 20 céntimos por los gastos del vehículo, a lo que hay que sumar 8,40€ por cada 4 horas de aparcamiento regulado, lo que quiere decir un total de 19,20€ la jornada de ocho horas. Por el contrario, ir en transporte público cuesta 1,50€, lo que supone un gasto total de 3€ cada jornada. Aparentemente puede parecer una diferencia abismal, pero en realidad sale más barato usar el coche que el autobús o metro, es la penalización de aparcamiento la que produce esa diferencia entre ambas cantidades. Eso dice más del negocio que tienen montado que del servicio público para el que se supone deben trabajar.

Tampoco nadie cayó en la cuenta de que la gente del extrarradio vive justo donde termina la Zona B1, y que en muchos casos desplazarse solo una parada para alejarse del centro cuesta mucho más que para acercarse. De esa forma los vecinos de las afueras de Madrid se encuentran atrapados, vayan donde vayan se van a dejar un buen dinero, y no tienen esa libertad para elegir medios de transporte más económicos. Porque fomentar el uso de la bicicleta es magnífico, pero mejor para andar por la ciudad que para acercarse a ella desde fuera para ir a trabajar. La Casa de Campo está llena de ciclistas todos los días del año, no así la zona centro de la capital española, que adolece de carriles adecuados, desprotege a los ciclistas en la carretera y los persigue a multas cuando los ven en las aceras. Un despropósito que a pesar de los cambios políticos con los años nadie ha querido terminar de resolver.

Y desde el punto de vista ético, no podría ser peor. El ciudadano paga con sus impuestos algo que después se le niega, como es el uso de las zonas exclusivas para residentes, o el mismo aparcamiento regulado. Lo normal es que la exclusividad se pague, y que aquel que no la disfrute esté exento de ello, tanto de su uso como de su mantenimiento, sin excusas. Y lo del SER no tiene nombre, están ahí para cobrar por segunda vez al ciudadano algo por lo que ya ha pagado con sus impuestos, dicen que con carácter disuasorio, cuando en realidad todo el mundo sabe que es recaudatorio. Gallardón, que sabía de estas cosas, utilizó las obras de la M-30 para saturar de tráfico ciertos barrios que no lo necesitaban para tener excusa e implantarlo, e incluso fomentó la reducción de espacios de aparcamiento en favor de grandes accesos, pasos de peatones, semáforos y paradas de autobús para seguir implantándolo.

Obviamente, la solución a la contaminación por movilidad pasa por facilitar la salida de vehículos de la ciudad, y eso conllevaría cambiar muchas cosas. Por ejemplo, las empresas deberían operar desde las afueras, y dejar el centro como zona residencial, así los trabajadores no saturarían el tráfico a diario; las rutas en autobús de los colegios podrían ser obligatorias, y así se evitaría la saturación en horas punta; y colocar a las grandes superficies y de ocio en el extrarradio, de esa forma se obligaría a la gente de la ciudad a hacer la compra y disfrutar del ocio en las afueras. Y si a eso se le añade una buena política dentro de la ciudad, como añadir calles peatonales y adaptar carriles para bicicletas en otras tantas, poco a poco se conseguiría controlar esos índices de contaminación. Pero claro, esperar a que el Ayuntamiento de Madrid penalice a las empresas en lugar de a los ciudadanos es como esperar a que penalice a quienes viven dentro de la M-30 en lugar de a los que viven fuera. La pasta es la pasta.

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