¿Estamos tontos o qué? El asalto al poder del que algunos hablan ilusionadamente ya se produjo hace mucho, aunque no lo ha efectuado ni el pueblo ni ningún otro ente romántico, sino los peones de quienes manejan la pasta, que casi siempre suelen vencer en estas batallas. El dictamen previo a la sentencia que los tribunales europeos dictarán sobre las cláusulas-suelo en España es una evidencia. Y no muy difícil de interpretar. Quizá el Tribunal, en último término, tenga la vergüenza de hacer justicia y aplicar el fundamento jurídico del mismo que describe como práctica irregular cobrar estas clásulas y, por tanto, obligar a devolver el dinero acumulado ilegítimamente; afirmar o proponer que esto no se debería hacer porque supone un fuerte golpe económico a los bancos y por tanto un riesgo a las cuentas de todos es, sencillamente, consolidar un modelo delictivo con patente de corso, literal, para piratear a mayor gloria nuestra, los robados. ¿Cómo no van a tener alas para hacer lo que se les pone en la punta de la nariz? A mí, verbigracia, me han llamado y me han enseñado un documento para «mejorar» las condiciones de mi hipoteca a cambio de renunciar a cualquier tipo de reclamación, con dos detalles sin importancia: no me permitieron sacar a la calle el documento de la oficina de mi caja… y en realidad las condiciones eran un empeoramiento de las firmadas pero como son sin suelo me suponían una leve mejoría actual que, claro, con cambios futuros los intereses podrían incluso empeorar mi cuota, paralizada hace una década, esto es: a cambio de no denunciar ni reclamar lo mío, me ofrecen pagar más. ¿Qué defensa tengo frente a esto? No son listos, son poderosos.

Otra evidencia de este asalto es la sentencia del Constitucional que reconoce que el Gobierno puede regular la atención médica a los simpapeles porque «[…] la universalidad no puede confundirse con un derecho a la gratuidad en las prestaciones y los servicios sanitarios»; si la justicia se mide en función de las cuentas del Estado, esta sentencia ni quita ni pone rey, sólo ayuda a su señor. ¿Cómo se puede plantear cobrar facturas enormes por asistencias graves a gente que no tiene donde caerse muerta? La indiferencia de contable cabrón del Gobierno es inhumana pero la consolidación de este racismo económico por parte del sistema judicial, que ha dejado a 750.000 personas sin tarjeta sanitaria, demuestra que la separación de poderes es algo que los mismos poderes sólo contemplan en la teoría, porque algunos nombran a quienes interesan y otros sentencian creyéndose ya parte de los que nombran. La viabilidad del sistema no es cosa de jueces sino de políticos, el Poder Judicial debería preocuparse de hacer cumplir las leyes sin tomar parte, así lo reclaman en este asunto Médicos del Mundo o Amnistía Internacional y otras tantas ONGs que consideran la sentencia un escándalo lamentable y favorecedor de la discriminación.

Atender médicamente a alguien, tanto como educarlo, proporcionarle los mínimos para poder vivir dignamente con su libertad e integridad física… deberían ser derechos humanos consolidados y exigibles en cualquier lugar del planeta Tierra, hay fondos para ello, es más: deberían ser el punto de partida para dejar moverse a las diferentes economías patrias, quien no lo respete no debería poder invertir ni ser partícipe de inversión y sus capitales limitados en los territorios nacionales, ésta es la única forma de obligar a los que tienen intereses económicos a ceder no por humanidad sino por puro egoísmo rentable, el único idioma que entienden. Y ahí los Tribunales deberían ser firmes y ejercer sin pasión y con contundencia: no con el Poder, sino reivindicando ser un poder en paralelo, garantía de que no nos pisoteen. ¿Hacia dónde vamos?

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