Este año con motivo de la Semana europea de lucha contra la Pobreza Energética, Fridays for Future, Ecologistas en Acción, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se han unido para elaborar un manifiesto con siete puntos concretos, junto a otros colectivos y organizaciones sociales entre los que se encuentran Amigos de la Tierra, Ecoserveis, Yayoflautas, Madres por el clima, Som Energía, CECU, y los sindicatos CCOO y UGT, han convocado una sentada frente al Congreso de los Diputados, donde centenares de personas han reivindicado el fin de la pobreza y poniendo especial énfasis en la energética.
Los manifestantes han acudido arropados con mantas y se han iluminado con velas para visibilizar la situación de millones de personas que siguen sufriendo frío y oscuridad cada invierno.
Cinco millones de personas en España
La pobreza energética es una lacra que todavía afecta a más de cinco millones de personas en España a causa de los sucesivos incrementos en las tarifas de luz y gas, y del empobrecimiento de amplios sectores de la población debido a la crisis económica. La energía es un bien común esencial y debe gestionarse con las obligaciones de servicio público que ello conlleva.
Esta movilización se enmarca en la Semana europea de Lucha contra la Pobreza Energética, que se conmemora en recuerdo de la tercera y última de las extraordinarias olas de frío que recorrieron Europa en febrero de 1956. Durante ese mes, el continente soportó heladas excepcionales y frío intenso, completando el invierno más duro en Europa desde que se tienen registros.
Soluciones a la pobreza energética.
Optimizar las facturas, para no pagar por encima de nuestras necesidades, ajustando el término de potencia a la demanda real y formando en nuestros hábitos de consumo. Esto debería hacerse por parte de las compañías distribuidoras, que están en posesión de nuestros datos de consumo y desde luego de manera obligatoria a los clientes que tengan el bono social concedido.
Reducción del tipo de IVA aplicado a los beneficiarios del bono social (del 21% de IVA de lujo al 4% de IVA reducido).
Concesión automática del bono social sin necesidad de realizar petición por el usuario ni entrega de documentación, sino cruzando datos de la Agencia Tributaria, Seguridad Social y Servicios Sociales.
Reducción efectiva de consumos energéticos, para lo que es necesario realizar al menos una inspección básica que identifique las carencias más evidentes y permita aplicar medidas de eficiencia sencillas.
Rehabilitación preferente a los hogares beneficiarios del bono social desde las administraciones públicas.
Crear una oficina de atención al ciudadano para todo tipo de consultas sobre temas energéticos (dudas en las facturas, medidas de eficiencia, información sobre autoconsumo, etc.). Estas oficinas se pueden llevar a través de las instituciones o agencias que se encargan de energía y eficiencia en cada Comunidad Autónoma, como la Agencia Andaluza de la Energía, Fenercom en Madrid, Instituto Catalán de la Energía, EVE (Ente Vasco de la Energía), AVEN (agencia Valenciana de la Energía), etc.
No limitar la concesión de ayudas (bono social) a “unidades familiares” justificables mediante libro de familia. Hoy en día existen otras unidades convivenciales más diversas, como pisos compartidos, parejas de hecho, o en situación de ocupación de viviendas a quienes la actual regulación deja fuera por su situación irregular, cuando son la población más vulnerable al problema. Que no los veamos ni resuelve el problema ni los hace invisibles.
La situación de la pobreza energética en España es alarmante; con la entrada en vigor de las nuevas condiciones del bono social, de aplicación desde el 1 de enero de 2019, solo se ha conseguido reducir el número de beneficiarios, pasando de 2,3 millones en 2017 a 1,1 millones en el momento actual, cuando la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del año 2018 del INE dice que el 21,5% de la población vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza, es decir, casi 10 millones de personas. Esto deja al colectivo de población más vulnerable en total estado de indefensión por parte de nuestras administraciones públicas.
Por eso reivindican que es hora de actuar; porque si bien es cierto que el documento elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica “Estrategia Nacional contra la pobreza energética 2019 – 2024” define por primera vez de manera oficial el concepto de pobreza energética como: “la situación en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y que, en su caso, puede verse agravada por disponer de una vivienda ineficiente en energía” y que en los cuatro ejes que contempla el documento, los convocantes no encuentran con una buena parte de sus reivindicaciones.
Recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que las condiciones de nuestras viviendas influyen directamente en nuestra salud, de modo que la pobreza energética deja en evidencia las injustas desigualdades de nuestra sociedad, que permiten una relación directa entre nuestro nivel económico y nuestras expectativas de salud y esperanza de vida.
“Hay que actuar ya, y con contundencia, contra la pobreza energética. Existen medidas viables que se deben poner en marcha de manera urgente para proteger al 21,5 % de la población que vive por debajo del umbral de riesgo de pobreza”, han señalado desde Ecologistas en Acción.
Desde los Yayoflautas se ha reclamado al Gobierno de coalición “que garantice por ley el acceso a la energía para todas las personas. En pleno siglo XXI es inaceptable seguir pensando que la energía es un lujo, cuando es un derecho”.
