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La Argentina es un caso difícil de analizar para los analistas extranjeros en materia de seguridad. Ha desarrollado desde la academia y la política local una visión de la seguridad tan particular y única que no tiene parangón con el resto de la comunidad internacional. Tanto los de izquierda como los de derecha enfocan este tema de manera contraria a los países que dicen tomar como paradigma de las ideologías que sostienen. La distorsión es total. Pero entre tanta diferenciación, todos caen en el mismo error y cuando llegan al poder en el Estado nacional o en los Estados provinciales y municipales, todo estructuralmente continua sin cambio; entonces, lo único que cambia es el marketing político y se mantienen constante en el error y la continuidad del estatus quo.

En Argentina NO se entiende a la seguridad en sus tres componentes básicos: seguridad internacional, seguridad nacional y seguridad pública, según el objeto a que debe brindarse esa seguridad, es decir: la comunidad internacional, el Estado nacional y los individuos. Aquí no se puede hablar de seguridad nacional. Es extrañamente una mala palabra. Tampoco se puede entender sus componentes, es decir, la seguridad institucional, la defensa y la seguridad interior.  La seguridad pública, tampoco es interpretada como lo es en el mundo entero. Nadie sabe sus componentes y a éstos se los ignora como si no fueran necesarios o como si estos no significaran riesgos para la vida humana y para los bienes y patrimonio del Estado, de la sociedad y de los individuos. Increíblemente, aquí se toma a la seguridad interior como una especie de sinónimo de la seguridad pública. Como si ambas campos de la seguridad fueran iguales, sin tener en cuenta sus diferencias operacionales y sobretodo quien debe darla en un Estado supuestamente organizado con un formato federal. Otro disparate que reina en Argentina es considerar que la defensa del país no es una cuestión de seguridad y tanto es así que cuando se habla de seguridad en todos los ámbitos, ella se reduce a una mera cuestión policial. Al  mismo tiempo, la seguridad queda en manos de abogados como si toda la materia fuera un tema del derecho penal. La ignorancia prima por doquier pero el gasto del Estado no. Todo el llamado Sector Seguridad del Estado está dibujado en el organigrama estatal sin articulación, sin prioridades e incluso sin saber que existe. Solo están individualizadas algunas de sus partes y otras se hallan repartidas en diversos Ministerios (que por supuesto, abundan en demasía)  con un gasto público desbordante, sin que exista una visión comprensiva de su complejidad y totalmente alejada tal como se la abarca en los países que son paradigma de eficacia en este campo.

Entonces, el ciudadano lego, que no tiene porque ser experto, queda subyugado por falsos eslóganes, en fantasías esgrimidas por supuestos expertos y quedan atrapados en el engaño. Hay especialistas que se consideran como tal porque hablan el lunfardo policial. Hasta el léxico que se baja de la academia y de la política argentina es descontextualizado comparado con lo que se estila en los países desarrollados y hasta en países que no lo son. Ni hablar con respecto a los organismos internacionales multilaterales abocados a la temática de la seguridad. Toda la desmesura se presenta impunemente ante la sociedad y esto se hace solo para alcanzar un puesto en el Estado cuando la facción política llega al poder o para esmerilar a la que está en el poder que hace lo mismo que el otro dice o dice haber dicho antes pero con otro ropaje o deja de hacer lo que otro hizo desde el lado contrario pero siempre con el mismo resultado: Un fracaso que no cambia nunca. Un claro ejemplo: el supuesto combate al narcotráfico, el único en el mundo que no tiene ni un muerto ni un herido en la frontera. Extraño para un país que limita con dos de los más grandes productores de estupefacientes de origen natural del mundo.  Mientras tanto las amenazas y riesgos (que nunca son definidas por nadie de la elite política) impactan sobre los argentinos cada vez con mayor virulencia y el Estado siempre queda como uno FALLIDO, sin capacidad de prevenir, responder ni mitigar nada. Esto ocurre desde el crimen no organizado que impacta con robos y hurtos a toda la población hasta un incendio forestal, desde la depredación pesquera de nuestros mares hasta el narcotráfico en especial y desde el crimen organizado en todas sus variantes hasta cualquier otra amenaza y riesgo que pueda considerarse.

Si se entiende por Sector Seguridad de un Estado a aquel conformado por todos los organismos de los tres poderes del mismo que tienen alguna responsabilidad permanente o transitoria en materia de prevención, respuesta o mitigación de aquellas amenazas a la seguridad que pueden impactar o impactan desde el ámbito de la seguridad internacional, de la seguridad nacional (institucional, defensa e interior) y de la seguridad pública (ciudadana, del transporte aéreo-fluvial-marítimo- ferroviario-vial, industrial, nuclear, ígneo, sísmico, hídrico y meteorológico) poniendo en riesgo la vida o bienes de las personas físicas o jurídicas, entendiendo por vida de una persona jurídica la continuidad en el tiempo de su institucionalidad, puede entenderse también que este Sector del Estado es diferente en un Estado republicano unitario que en otro federal. En éste último tipo de Estado, este Sector es más complejo porque tiene partes constitutivas de orden provincial y municipal.

El cimiento orgánico funcional del Sector deviene del diseño del Estado mismo. Es decir que su cimiento de base es el orden constitucional que tiene y en el caso de un Estado federal, de cada una de sus partes: Nacional, Provincial y Municipal.

Esto es muy importante entenderlo en el caso argentino porque el Sector Seguridad de orden nacional hoy vigente deviene del diseño adoptado en la Reforma Constitucional del año 1994 y del marco legal consecuente de este ordenamiento sistémico. Lo mismo ocurre en los órdenes provinciales y municipales.

Como puede inferirse fácilmente, entonces, corregir los problemas estructurales de un Sector Seguridad requiere de correcciones estructurales que empiezan en la Constitución y siguen con el marco legal que se estructura en torno a ella. Cuando se posee falencias y errores de diseño del Estado, tal como presenta Argentina desde 1994, entonces puede comprenderse cuan difícil es encontrar soluciones sustentables, eficaces y eficientes a las graves falencias que tiene el Estado en todo el campo de la seguridad. Aquí el diseño de los incentivos para que el Estado funcione como Max Weber preveía para un Estado moderno es primordial. Si el sistema electoral argentino se basa en la elección directa, a ningún Presidente de este raro país supuestamente federal le va interesar la frontera. Su prioridad siempre será el conglomerado urbano que le da los votos y el poder. Hete aquí un incentivo desaliñado que impacta notablemente en el Sector Seguridad de la Argentina. Porque lo mismo sucede en los distritos provinciales y municipales. El unitarismo se consolida por este tipo de incentivo y debilita estratégicamente la capacidad de prevención, respuesta y mitigación del Estado. Por ello, el problema de la seguridad en la Argentina NO es una cuestión operativa. No es una cuestión administrativa. Ni siquiera es una cuestión que pueda resolverse en soledad por un Presidente de la Nación o por un solo partido político. El consenso a construir requiere una dimensión tal, comparable a la que Juan Bautista Alberdi logró en torno a sus ideas para conformar el Estado argentino en 1853 y que lamentablemente no continúan en vigencia en su totalidad en este presente. Lo mismo le cabe a cada Provincia y a cada Municipio o a la inviabilidad del Área Metropolitana de Buenos Aires y la extravagante Ciudad Autónoma de Buenos Aires que la integra descontextualizada orgánica y funcionalmente de ella.

Tomado una fotografía del año 2018, un año bastante cercano a hoy, sin tantas distorsiones inflacionarias ni devaluatorias, en su presupuesto devengado se puede hacer una aproximación imperfecta del gasto del Sector Seguridad del Estado Nacional. Esto NO ES el gasto del Sector Seguridad del Estado argentino. NO tiene consolidado los Sectores Seguridad de la Provincias, de la Ciudad Autónoma y de los Municipios del país.

Este gasto alcanzó la suma de U$S 11.094.944.831 (Tipo de cambio promedio anual 2018: $28,11/US$). Este gasto representaba el 2,14% del PBI de ese año, el 11,21 % del gasto de la Administración Nacional y el 21,65% del gasto de la Administración Nacional sin computarle el gasto de la ANSES.

Imagínese la suma que puede alcanzar el gasto total del Sector Seguridad consolidado Nación, Provincias, CABA y Municipios. Una enormidad. Un gasto colosal anual para obtener como resultado lo que cada argentino siente por sí mismo cuando una amenaza o riesgo a la seguridad impacta en él. Nadie hasta ahora ha encarado el desafío profesional de llevar a cabo la monumental tarea de cálculo de este dato. Si el dato recogido del Estado nacional es imperfecto por defectos en la contabilidad del gasto que hace dificultoso su cálculo según la definición estándar internacional de Sector Seguridad de un Estado, en presupuestos con baja transparencia y calidad técnica de la mayoría de las Provincias y de los Municipios esto hace a la tarea en una misión casi imposible.

Lo único claro que puede deducirse que para el comportamiento de ESTADO FALLIDO que tiene la Argentina en materia de seguridad, el gasto público es enorme. Por ende el problema no es una cuestión de bajo presupuesto sino de pésima calidad del gasto en todo el Sector, sin prioridades del gasto y sin definiciones de políticas que orienten el esfuerzo del Estado para obtener la mejor prevención, respuesta y mitigación de las amenazas y riesgos a la seguridad que impactan o podrían impactar en esta jurisdicción al Estado, a la sociedad y a cada una de las personas físicas y jurídicas de este país.

Un ejemplo que puede ayudar a entender aun más esta situación lo da el último informe del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres que en su Balance Militar 2021 hace un análisis del gasto de defensa 2020 de todos los países que analiza. Cuando pone énfasis en Latinoamérica destaca que comparativamente el gasto en defensa de la región sigue en niveles bajos en comparación con quienes más gastan en el mundo, destacando que en Sudamérica: Brasil fue el país con mayor gasto (U$S 26.000 millones) seguido de Colombia (U$S 9.400 millones) de Chile (con un gasto constante año a año de unos U$S 4.000 millones) de Argentina (con U$S 2.900 millones, bajando por sus problemas cambiarios e inflacionarios que lo alejaron en el 2020 de un periodo de varios años en donde llegó a gastar mucho más que Chile) y Perú (con unos U$S 2.000 millones constantes año a año a pesar de sus problemas institucionales gravísimos).

Estos datos comparativos, si bien enfocados solo a una parte del Sector Seguridad del Estado argentino, la defensa y sus fuerzas armadas, sirven para entender el problema de todo el Sector Seguridad. Argentina tiene un muy buen presupuesto de defensa total anual para el tipo de país que es pero sus sistemas de armas son notablemente inferiores a los que posee Chile y Perú que con un gasto menor tiene más poder militar. Esto se debe a que la calidad del gasto argentino es pésima. No se condice con el estándar internacional de buena gestión. Su gasto es predominante en sostener salarios y pasividades y ello es así porque su diseño orgánico funcional es deficitario, entre otras cuestiones. Si esta situación se extrapola a todo el Sector Seguridad completo, se observara redundancias orgánicas, exceso de personal, pésimo diseño logístico, mal diseño de fuerza u organización, despliegue inapropiado, etc.

Visto lo aquí descripto, cabe concluir que para alejarse de los eslóganes populistas en torno a la seguridad que hoy están tan de moda en el discurso político hay que aferrarse a la realidad objetiva, la que no se puede refutar. Volver a las raíces de nuestra Constitución, ver los paradigmas de éxito en aquellos países de orden republicano, liberal y federal y empezar a hacer un duro y complejo proceso de reingeniería de todo el Estado que indudablemente tiene que tener un capitulo de Seguridad. Este capítulo requerirá de una visión multidimensional, entendiendo como debe funcionar un Estado republicano, liberal y federal tal como Max Weber nos señala para que pueda dar en este campo prevención, respuesta y mitigación a todas las amenazas y riesgos que impactan o podrían impactar en los ciudadanos, en la sociedad, en el Estado y en la comunidad internacional en donde nuestro Estado tenga interés de participar activamente. Asunto este último muy particular porque la Argentina lleva desde la Primer Guerra Mundial la carga de no ser un aliado de nadie y esto influye notablemente en nuestro relacionamiento con la comunidad internacional y con la poca confianza que los argentinos y sus líderes políticos generan, haciendo que el país solo puede ser aliado de alguien en el corto período que ese alguien se mantiene en el poder porque a pesar que el Estado tienen continuidad, la Argentina no puede presentar continuidad consensuada por un tiempo mayor a uno o dos períodos de gobierno y esto tiene una influencia tremenda en el Sector Seguridad del Estado, en un momento en que algunas de las amenazas que lo impactan son transnacionales y de impacto global.

Finalmente, si bien aquí se ha tratado este tema de manera general, los problemas a resolver son enormes a medida que se entra en cada campo componente, a cada segmento legislativo, judicial y ejecutivo, a cada Estado (nacional, provincial y municipal) y a cada organización que debe prevenir, responder y mitigar una amenaza a la seguridad en la Argentina. La complejidad es apabullante. Pero si se quiere realmente cambiar el perfil de ESTADO FALLIDO que tiene Argentina en materia de Seguridad este camino duro y difícil es el único disponible. No hay atajos. Hay que construir los consensos. Sino el estatus quo continuará y solo habrá eslóganes políticos cada vez más desmesurados que no resolverán nada.

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