Muchas veces recibes críticas (incluso insultos) porque cuando dices que los centros escolares no son seguros, parece que lo que quieres es cerrar colegios e institutos a toda costa, y no es así (otra cuestión sería en caso de que los índices de incidencia estuvieran disparados, como ya ha pasado en alguna ocasión). La mayor parte de los que hablamos de la inseguridad en centros educativos, lo que queremos es que los centros sean más seguros de lo que realmente nos quieren hacer ver. En cualquier ámbito, los espacios cerrados donde conviven muchas personas (elevadas ratios) en poco espacio, durante mucho tiempo y con mascarillas de dudosa calidad y/o mal ajustadas, serían catalogados como claramente inseguros. ¿Por qué iba a ser distinto en los centros educativos, donde además pueden convivir personas asintomáticas?

Cuando se dice que los centros no son seguros, lo que se denuncia es que estamos trabajando con protocolos que no tienen en cuenta la actual evidencia científica en la que se observa, claramente, que la transmisión se produce de manera prioritaria a través del aire respirado previamente por otras personas mediante la inhalación de aerosoles (los protocolos actuales, que son de inicio de curso, todavía se siguen basando en transmisión por gotas y superficies).

Lo que se denuncia es que las administraciones no aportan medios para el control efectivo del aire compartido por personas no convivientes, como son medidores de CO2; ni que cuando se detecta una mala ventilación natural se adoptan medidas de emergencia, como es la filtración (por lo menos, hasta que se encuentre una solución definitiva).

Lo que se denuncia es que no hay control epidemiológico sobre el alumnado, lo que está suponiendo una clara infradetección de personas asintomáticas (el gran problema en educación). Existiendo controversia sobre el papel real de los menores en cuanto a su facilidad a la hora de contagiarse y su poder de contagiar (siendo, además, un grupo con un alto porcentaje de asintomáticos), está suponiendo, según la OMS, que solo se detecte el 1,2% de las infecciones en menores de 4 años y el 2,5% en niños de entre 4 y 14 años.

Lo que se denuncia es que se está tomando como paciente cero de un contagio (caso índice) no a la primera persona que se infecta, sino a la primera persona que presenta síntomas (gran parte del alumnado suele ser asintomático), y eso está suponiendo que muchos de los contagios que se producen en el ámbito educativo se están contabilizando como contagios de origen familiar al ser el adulto la primera persona detectada. Esta situación también está suponiendo una mayor dificultad para que se declare un brote escolar en un centro educativo y, por lo tanto, el cierre de aulas, aunque haya más de tres casos en la clase.

Lo que se denuncia, es el excesivo tiempo que transcurre desde que se activa el protocolo Covid por alumnado con síntomas hasta que se hace la prueba, lo que está suponiendo más contagios todavía. Todo ello, sin entrar a valorar la idoneidad de utilizar una prueba de antígenos para determinar si un alumno asintomático es o no positivo, o en la falta de seguimiento de cuarentenas una vez impuestas, o la falta de rastreo de los contactos de alumnado/profesorado fuera del centro educativo una vez que son positivos, o la figura de contacto estrecho no ajustada a la evidencia científica.

Por último, se denuncia la falta de transparencia en los datos de profesorado y alumnado contagiado (no existe ninguna cifra oficial desde comienzo de curso). Por eso, cuando se dice que los centros educativos no son seguros, lo que se pretende es poner el foco en puntos que están favoreciendo la transmisión de una forma mayor a la que nos están contando.

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