El repentino cambio de rumbo político en España, generado por el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, ha destapado el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución de 1978. La nueva Ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha reabierto la polémica posicionándose en la necesidad de una reforma constitucional urgente, viable y deseable consistente en cambios legales profundos para definir un nuevo modelo territorial y reconocer nuevos derechos sociales y políticos. Esta voz gubernamental se añade a otras opiniones recientes como las del manifiesto firmado por sesenta juristas e intelectuales en demanda una profunda reforma constitucional o las que sostienen que únicamente se requieren pequeños retoques de la Carta Magna —nuevas competencias de las comunidades autónomas, reforma del Senado, legislación conforme a la Unión Europea como fuente de derecho— y poco más.
Debate aparte, en lo que la mayoría de las opiniones están de acuerdo es en que nuestros políticos parecen haber recelado históricamente sobre la necesidad de hacer cambios en la Constitución. Al menos, así lo parece. No en vano, la piedra angular del ordenamiento jurídico español, en sus casi cuatro décadas de vida, ha sido sometida a reforma sólo en dos ocasiones: en 1992 para adecuar la legislación española al Tratado de Maastricht y en 2011 con la sonada reforma exprés del artículo 135 para priorizar la estabilidad presupuestaria frente el gasto social. Y en ambas ocasiones no se llegó a celebrar ninguna consulta ciudadana, ni siquiera el deseable referéndum tras su aprobación.
Este innegable inmovilismo legislativo se hace más patente al compararnos con Alemania que desde 1949 la ha reformado más de 60 veces, con Irlanda que lo ha hecho más de 30 y con Francia que la reescrito parcialmente en más de 20 ocasiones.
Sin embargo, las cosas han cambiado. Hoy día, la necesidad de modernizar la Constitución genera pocas dudas entre los políticos y entre la opinión pública española. Lo que si las genera, y muchas, es decidir si debe hacer a espaldas de los ciudadanos, dejando la tarea exclusivamente en manos de los políticos. Unos políticos —o mejor dicho algunos políticos entre una numerosa cohorte de honrados servidores públicos— cuya ineptitud ha generado desafección de la ciudadanía, desconfianza respecto a su honradez y tensiones sociales mal gestionadas que han derivado en graves crisis institucionales como la del conflicto catalán o la del escándalo de la corrupción tras la sentencia de la trama Gürtel.
No cabe duda que modernizar la Constitución de 1978 es una cuestión política y socialmente crucial. Una cuestión que merece una profunda reflexión de la Sociedad en su conjunto. Para abordarla, resulta imperativo que todos los ciudadanos —extremistas de derechas, conservadores, liberales, democristianos, socialdemócratas, socialistas, comunistas, extremistas de izquierdas, independentistas o neutrales— dejemos al margen momentáneamente nuestras legítimas ideologías personales para poder llevar a cabo un análisis lo más objetivo posible.
Desde esta perspectiva, la pregunta que debemos hacernos no es el qué —aceptando la necesidad de reforma— sino el cómo: ¿cómo se debe renovar nuestro pacto de convivencia?
En una Sociedad como la española en la que todo cambia vertiginosamente nadie duda de que casi todo debe actualizarse. Tengamos en cuenta que cuando se elaboró nuestra Constitución aún teníamos cabinas telefónicas en cada esquina de nuestras ciudades y pueblos y que Internet era poco más que un nombre. Durante los años transcurridos desde entonces, la venerable Constitución nos ha servido bien. Hasta hoy. Pero sería erróneo, ingrato y mezquino afirmar que la Constitución de 1978 es la fuente de todos los males actuales. Nuestra fuente de derecho no sufre ningún mal, únicamente ha experimentado el inexorable paso del tiempo. Los males actuales proceden sobre todo de una interesada, torticera y cicatera malinterpretación de la Carta Magna por parte de algunos políticos —pocos pero influyentes— enfermos de una partidocracia palmaria. Políticos que han olvidado que su papel de servidores públicos que se limita a representar la voluntad de los electores. Políticos para los que los votos son una «patente de corso» que los legitiman para defender intereses espurios ajenos a los de los electores.
Planteado el problema, no se vislumbra mejor solución que ampliar la colaboración entre ciudadanos y legisladores para modernizar la honorable Constitución de 1978. La propia Constitución abre caminos para hacerlo. En su artículo 23 establece que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Si interpretamos generosamente este precepto constitucional nos daremos cuenta de que los derechos de los ciudadanos, nuestros derechos, no pueden limitarse a votar cada cuatro años. Se deben extender conforme a lo que establece el marco legal vigente.
No se trata de someter a sufragio refrendario el texto modificado de la Carta Magna antes de ser aprobado por la mayoría de dos tercios de ambas Cámaras ya que, según la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencia 103/2008), no cabe la celebración de referéndums previos a la reforma constitucional.
En absoluto. El referéndum debe reservarse para después de la aprobación de las reformas.
Pero ello no es óbice para que los parlamentarios legislen sobre una ampliación del derecho de los ciudadanos a la participación política, recogido en el citado artículo 23. Resultaría muy conveniente la aprobación de una nueva ley de consultas y de participación ciudadana que aborde específicamente una interpretación más flexible del artículo 168 de la propia Constitución. Un marco legislativo que promueva consultas especiales no vinculantes sobre determinados asuntos clave de la vida política como es la reforma de la Carta Magna. Una ley que explore y desarrolle nuevos mecanismos de participación ciudadana y que rebaje el número de las firmas necesarias para proponer una ley al Congreso, que hoy asciende a la exorbitante cifra de 500.000.
Estos nuevos mecanismos de colaboración entre ciudadanos y políticos ya están vigentes en otros países donde se han creado nuevos espacios de relación donde los ciudadanos opinan a través de foros públicos en Internet o se realizan encuestas exprés. Mecanismos rápidos y eficientes a través de los cuales la Administración recibe periódicamente las propuestas de ciudadanos particulares o de organizaciones ciudadanas.
En el contexto político y social actual, la acción legislativa orientada a la ampliación de la participación de los ciudadanos en la política es una propuesta que ha alcanzado gran consenso social. Una propuesta que podría ser un camino seguro para conseguir una democracia más moderna y de mayor calidad.
No olvidemos que la esencia de la democracia no son los votos ni las urnas —que no son más que meros instrumentos— sino la idea de que la soberanía pertenece al pueblo. En consecuencia, cuanta más participación de los ciudadanos consigamos, más calidad democrática tendrá nuestra Sociedad.
Genís Carrasco
Médico y escritor
