El año que se ha ido se podría catalogar como el de la «Justicia injusta». En los diferentes temas tratados en las páginas de Diario16 en los últimos doce meses hemos podido comprobar cómo el tercer poder de la democracia precisa de una verdadera revolución para convertirse en un organismo realmente democrático sin ningún tipo de dependencia o connivencia con las élites tradicionales.

El Caso Banco Popular es uno en los que más se ha podido ver esa Justicia injusta. Diario16 lleva aportando y publicando documentación que muestra cómo la caída de la sexta entidad financiera de España fue la consecuencia de una estrategia diseñada en los centros de poder y que sólo fue posible con la participación y connivencia de organismos públicos que son los responsables de, precisamente, evitar que ocurran cosas como las que ocurrieron. En estas páginas hemos podido leer comunicaciones entre directivos del Popular con el bufete de referencia del Banco Santander en las que se indicaban las instrucciones para llevar a la inviabilidad al banco y la estrategia seguir el día después de la resolución; también hemos visto los correos electrónicos en los que se demuestra la implicación del ministerio de Economía de Luis de Guindos al negar la autorización para la ejecución de, entre otra cosas, el proyecto Sunrise o la venta de activos no estratégicos del Popular que le habrían dado una mayor liquidez y solvencia que se habría traducido en el crecimiento de la entidad; hemos comprobado cómo Europa, en concreto, la Junta Única de Resolución (JUR) incumplió reiteradamente los propios reglamentos europeos; hemos visto a través de documentos internos del Popular cómo Emilio Saracho desechó todas las ofertas de ampliación de capital o de venta de activos que habrían evitado la resolución del banco y la ruina de más de 305.000 familias. Diario16 ha publicado suficiente documentación que demuestra la nulidad de la operación como para que la Justicia hubiera adoptado medidas cautelares o para que, al menos, se hubiesen iniciado los interrogatorios en la Audiencia Nacional. Sin embargo, no se ha hecho nada más allá de la desclasificación de la documentación y, para más inri, el juez Fernando Andreu, ha dejado la instrucción del Caso Popular lo que no es otra cosa que la paralización de facto de la misma. Más de 305.000 familias fueron arruinadas en esta operación y, sin embargo, la Justicia no está haciendo nada o, al menos, esa es la apariencia que da.

Sin abandonar la supuesta protección de la Justicia a las entidades bancarias, no podemos olvidar lo que está ocurriendo con el más de un millón de afectados del IRPH, un índice de referencia hipotecario que ha hecho que la banca haya cobrado de más una cantidad que supera los 40.000 millones de euros. El Supremo se puso de parte de las entidades bancarias y ha tenido que ser la Comisión Europea la que no haya dudado en calificar al IRPH como de cláusula abusiva. Lo mismo podemos afirmar de lo ocurrido con la sentencia del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El Supremo dictó una resolución que, por la presión de la banca, fue modificada tras arduas reuniones. ¿Cómo es posible que la Justicia se pliegue a los intereses de la élite financiera del país? ¿Tendrá que ver el hecho de que muchos de los magistrados estén dando clases en CUNEF, la universidad de la banca?

Durante el año 2018 Diario16 también ha mostrado la Justicia injusta en el caso del Procés catalán. Los análisis del juez Fernando Presencia han sacado a la luz las irregularidades cometidas para que los procedimientos judiciales abiertos contra los políticos catalanes se ajustaran a las necesidades del gobierno de Mariano Rajoy. Por esta razón, se falsificó un acta del Supremo para que Pablo Llarena fuese el juez instructor, según afirmó Presencia, lo mismo que se hicieron las maniobras necesarias para que aquél fuese el elegido por delante de otros u otras magistradas en el reparto de la causa. Lo mismo podríamos afirmar de las irregularidades cometidas por Llarena en la instrucción a la hora de no incoar la causa. Todo ello, entre otras cosas, es causa absoluta de nulidad del proceso. Lo mismo que el ridículo de la Justicia española a la hora de emitir euroórdenes de busca y captura de Carles Puigdemont y de retirarlas cuando se sabía que no iban a ser atendidas porque, por ejemplo, se imputaban delitos que ni siquiera existían en nuestro Código Penal. Para más inri, los presuntos delitos que se imputan a los políticos catalanes encarcelados no deberían ser la causa por la que éstos continúan en prisión. El Procés es el caso por el que se está demostrando que la Justicia en España es injusta por aplicar motivaciones ideológicas que deberían estar desterradas si nos atenemos a la independencia que se le supone al tercer poder.

La inacción es otro de los aspectos que han provocado la Justicia injusta. Diario16 ha presentado la impunidad con la que se mueven en España los corruptos venezolanos que se beneficiaron de la corrupción en la época en que Rafael Ramírez era presidente de PDVSA. La red societaria creada por aquél, entre los que se encuentran abogados, economistas, asesores, familiares, banqueros y cargos políticos, expolió al pueblo venezolano, según distintos análisis e informes, más de 11.000 millones de dólares. Son los llamados «bolichicos» o «boliburgueses» que han convertido a España en su centro de operaciones porque aquí es donde llega el dinero que se blanquea a través de redes financieras que pasan por distintos países como, por ejemplo, Hong Kong, Luxemburgo o Andorra. Esos capitales son invertidos en compra de empresas, de activos inmobiliarios, etc. Sin embargo, la Justicia no hace nada, ni siquiera los investiga y sólo lo hace cuando hay una reclamación de otros países, tal y como ocurrió en el caso de Nervis Villalobos, uno de los lugartenientes de Ramírez, que ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones a pesar de que está reclamado por la Justicia de los Estados Unidos y de Venezuela. El propio Ramírez, cada vez que viene a España es agasajado y protegido por importantes miembros del Partido Popular, tal y como publicó Diario16, y que, según fuentes de absoluta solvencia consultadas, está preparando su llegada a nuestro país con el asesoramiento del ex juez Baltasar Garzón.

Por mucho que haya gente, políticos o medios de comunicación que estén haciendo menciones a la grandeza de España, el comportamiento de la Justicia como generadora de injusticias deja esa pretendida grandeza en nada. 2018 ha sido una muestra de ello. Esperemos que 2019 traiga esa revolución necesaria para que nuestro tercer poder sea lo que el pueblo espera de él.

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3 Comentarios

  1. El año 2018 ha sido el año de la justicia injusta, pero ha sido el año en que más se han desenmascarado. Ha quedado muy claro a muchísima gente, cada vez más, que en este país NO hay justicia, esto es un estercolero de jueces cobardes y comprados, al servicio de los que llevan muchos años corrompiendo el país y expoliando a la gente. 2018 ha sido el año de Diario16. Ha sido el año en que Diario16 ha señalado al rey desnudo y ha mostrado las enormes vergüenzas de este país que podría ser bueno, pero que la corrupción política, judicial y periodistica, hunde en el analfabetismo y en la injusticia desde hace siglos. Gracias Diario16, el 2018 ha sido vuestro año, y el 2019 va ser nuevamente.

  2. Una imagen suele valer más que 1.000 palabras. La imagen seleccionada para el artículo es muy buena. Para ser perfecta, solo faltaría que empuñando esa espada que atraviesa a la justicia aparecieran, Andreu, Garzón, Marchena y el resto de profesionales de la protección a las mafias que parasitan al pueblo.

  3. una vez destapado durante este año 2018 la corrupción de la justicia la justicia solo puede hacer dos cosas una o ser cómplice de todos estos casos o dos reaccionar frente a las manzanas podridas que hay dentro de la justicia y eliminarlas y
    Actuar de forma correcta y dejar la inacción ante casos tan graves que afectan a más de un millón y medio de personas que esperan a que la ley haga algo al respecto de la estafa del Banco Popula.
    Cuando apliquen la ley pasen
    totalmente de los políticos y de los poderes económicos y empresariales así como de la banca .
    Dejense de patrocinios de bancos y dejen también de irse de banquetes de juergas y saraos con los poderosos.

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