La extrema derecha y la Iglesia católica tenían en los restos del dictador la principal atracción turística de ese inmenso parque temático a mayor gloria del fascismo que era hasta hace poco el Valle de los Caídos. Durante años, el mausoleo fue una especie de gallina de los huevos de oro que recaudaba su dinerillo, como cualquier otro negocio. Hoy, tras la exhumación de los huesos del general ordenada por el Gobierno socialista, las visitas al Valle han caído hasta las 9.619 personas en enero de 2020, lo que representa un 51,1 por ciento menos respecto al mismo período del año anterior, según datos facilitados a Europa Press por fuentes de Patrimonio Nacional.

Las cifras hablan por sí solas de la decadencia en la que ha ido cayendo el lugar de peregrinación del fascismo español después de que el féretro con los restos del tirano fuesen trasladados al cementerio de Mingorrubio. En enero de 2019 el recinto recibía 19.686 personas y fue a partir del pasado mes de octubre –el 24 de ese mes se produjo la exhumación−, cuando empezaron a caer significativamente las visitas. Además, en cifras globales durante el año 2019 el número de turistas descendió un 16 por ciento respecto al ejercicio anterior.

Todo esto demuestra que la “operación Sánchez” para sacar los huesos de Franco de su penúltima morada no solo fue un acierto por lo que tenía de reparación moral de la memoria histórica y de justicia para con las víctimas y sus familiares, sino también desde el punto de vista del desmantelamiento de la logística y la estructura política de la incipiente extrema derecha española. Permitir que un fastuoso monasterio albergara la tumba del genocida suponía seguir respetando, conservando y dando legitimidad y carta de naturaleza al Movimiento Nacional o lo que queda de ello, que a la vista de los buenos resultados obtenidos por Vox en las pasadas elecciones generales no es precisamente poco. La formación de Santiago Abascal se ha convertido en la actual heredera de la obra ideológica y política de Franco y una democracia debe reaccionar contra aquellos que hacen exaltación y glorificación de la memoria de un líder del totalitarismo. De ahí que el Estado de Derecho esté en la obligación de hacer uso de todos los medios que la ley ponga a su alcance para evitar que un movimiento ultra que atenta contra principios elementales de la democracia como la igualdad y la no discriminación, la tolerancia, el pluralismo político y la libertad de culto, entre otros muchos, siga creciendo, organizándose y afianzando sus estructuras internas.

En esa línea va la decisión del magistrado del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que ha abierto diligencias contra Abascal e Iván Espinosa de los Monteros por declaraciones que podrían ser constitutivas de un delito de odio. El juez Diego Álvarez de Juan ha tomado esa decisión después de que la asociación musulmana Watani denunciara algunas recientes opiniones de ambos dirigentes de Vox. Espinosa de los Monteros aseguró en el programa Espejo Público de Antena3 que “un extranjero es tres veces más propenso a violar que un español”, mientras que Abascal llegó a decir que “tras la Manada de San Fermín ha habido más de 100 manadas de extranjeros”.

Al fascismo que como el huevo de una serpiente anida en el seno de una sociedad democrática hay que combatirlo con todas las armas legales posibles: recurriendo judicialmente las medidas políticas que los líderes ultras adoptan desde organismos públicos y altas instituciones del Estado (véase el veto parental implantado por el Gobierno autonómico de Murcia); persiguiendo, con el Código Penal en la mano, todas aquellas conductas que puedan ir contra los valores de la democracia; y por supuesto limitándole la capacidad de obtención de recursos económicos necesarios para su subsistencia. En ese último capítulo entraría la decisión del Gobierno de sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos. Esta medida –y otras como el cierre inmediato de todas aquellas fundaciones y asociaciones en memoria del franquismo que el Gobierno ya tarda en decretar− está justificada no solo desde un punto de vista político y ético, sino porque Cuelgamuros era una máquina de generar dinero, unos recursos materiales que controla el prior Santiago Cantera, responsable de la custodia del lugar. Ese hombre que, no lo olvidemos, se ha destacado en algunos momentos de su vida por sus simpatías y activismo falangista. Algo que no deja de ser inquietante, ya que cuando el sector más reaccionario de la Iglesia católica se vincula de alguna manera con la extrema derecha española ya sabemos, por experiencia histórica, que las consecuencias suelen ser nefastas para la democracia.

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