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Se cumplen 20 años de la primera denuncia judicial de una fosa exhumada científicamente

Desde entonces, la ARMH inició un largo camino de denuncias que pasó por la sede en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas o por el hecho de haber promovido la querella Argentina contra el franquismo

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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El 5 de julio del año 2002 la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estaba llevando a cabo la exhumación de una fosa común en la localidad leonesa de Piedrafita de Babia. La búsqueda había sido promovida por dos vecinas y amigas de Palacios del Sil; Isabel González, que buscaba a un hermano; y Asunción Álvarez, que buscaba los cuerpos de dos de sus hermanos.

Se trataba de la tercera exhumación científica de una fosa de represaliados por la represión franquista, que se llevaba a cabo en España. La ARMH recibía esos días la ayuda de doce voluntarios de nueve nacionalidades que habían llegado a través de la ONG Servicio Civil Internacional.

Cuando habían aparecido cuatro cuerpos, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, se presentó en el Juzgado de Villablino para denunciar los hechos y exigir la aplicación de la Resolución de la ONU 47/133, de 18 de diciembre de 1992, sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El Gobierno de España la había votado afirmativamente y de ese modo se comprometía en la búsqueda de esos desaparecidos.

Tras la denuncia, la policía judicial se desplazó hasta el lugar de la exhumación donde recabó información acerca de la actuación de la ARMH. La exhumación estaba siendo dirigida por la arqueóloga Mari Luz González, que ya había colaborado en Priaranza del Bierzo en el año 2000.

Como consecuencia de la denuncia el Juzgado abrió diligencias y se hizo cargo de los restos que fueron exhumados para someterlos a una prueba genética en el Instituto de Toxicología.

En ese momento la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica inició un largo camino de denuncias que pasó por la sede en Ginebra del Alto Comisionado de Naciones Unidas o por el hecho de haber promovido la querella Argentina contra el franquismo que es en la actualidad la única investigación penal de los crímenes de la dictadura.

En estos veinte años la ARMH ha llevado a cabo decenas de denuncias al encontrar restos humanos en la búsqueda de fosas. En la mayoría de los casos los jueces no han tomado ninguna medida. Para la ARMH eso significa que han prevaricado porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta la obligación de que el juzgado se persone en el lugar donde aparecen restos humanos con signos de violencia y recoja información para decidir posteriormente si tienen interés judicial. La ARMH presentó una queja ante el Consejo General del Poder Judicial y su respuesta fue que no intervenía en la interpretación que los jueces hacen de las leyes. Otra respuesta “prevaricadora” porque los jueces están obligados a ir, sí o sí, y después deben interpretar pero la obligación de acudir al lugar no es interpretable.

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