Se cumple un año de la fuga de Juan Carlos I

El lunes 3 de agosto de 2020, un jet privado esperaba al aeropuerto de Vigo. La discreción tenía que ser máxima para no reconocer la identidad del pasajero que llegaba de incógnito. Lo acompañan una persona de su máxima confianza y un reducido grupo de guardias civiles que le hacen de escoltas. Aquel día se sabrá, a través de un comunicado de la Casa Real, que el personaje es Juan Carlos I, jefe del Estado durante casi cuatro décadas. Sale del país, pero no se sabe a dónde va. No será hasta dos semanas después que se sabrá que su destino había sido los Emiratos Árabes Unidos, una dictadura que no se caracteriza por la transparencia y el buen gobierno.

Se ha cumplido un año de la gran evasión del rey emérito, perseguido por sus escándalos de corrupción investigados por la justicia suiza. Durante este tiempo ha reinado la opacidad, la misma carencia de transparencia que escenificó la escapada de España. En cambio, el rey actual, Felipe VI, lo sabía todo desde al menos un año antes y fue con su padre al notario. Y también el gobierno español, que colaboró en el encubrimiento, como otras instituciones del Estado. Mientras tanto, el exiliado marchó a regañadientes. No quería. De hecho pensaba que cuando emergerían los escándalos “no habría por lo tanto”.

De información ha seguido llegando pero a través de Suiza o la prensa. Esta semana, según El Confidencial, el fiscal helvético Yves Bertosa ha descubierto otra cuenta del rey emérito al banco Crédit Suisse. Está abierta a nombre de Lactuva SA, otra sociedad offshore panameña. Según fuentes próximas al caso, pero, el auténtico titular de este depósito bancario sería un miembro de la familia. Se ha descubierto, gracias a las transferencias que hizo Álvaro de Orleans, primo del antiguo monarca. También era él quien estaba a cargo de la fundación Zagatka que sufragaba gastos y viajes del emérito. Los escándalos no han parado de salir a la luz durante los últimos meses.

Ya no son solo las comisiones del polémico AVE de La Meca. Hace dos semanas fue Público quien involucró a Juan Carlos de Borbón en negocios más turbios. Según este diario, el ex monarca español habría creado su fortuna con dinero que provenían de la venta de armamentos a países árabes, que habría hecho de la mano de su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el conocido traficante de armas Adnan Khashoggi. Se habría hecho a través de una  sociedad hispano saudí “para canalizar el comercio entre los dos países”, denominada Alkantara, y por el Instituto Nacional de industria y Focoex, una empresa pública de comercio exterior.

Las investigaciones avanzan en Suiza, y se van conociendo cada día más detalles. En cambio, nada se sabe de la justicia española. Un equipo de fiscales del Supremo se hizo cargo, con la voluntad de delimitar aquellas actividades que estarían amparadas por la inviolabilidad del rey y aquellas que podrían ser perseguidas por haber tenido lugar después de la abdicación como jefe del Estado. Nada se mueve judicialmente  mientras tanto el rey huido pone la venda antes de la herida. En pocos meses ha procedido a dos regularizaciones fiscales, pagando más de cinco millones de euros previamente defraudados, después de ciertas informaciones y ahorrarse consecuencias penales. La Agencia Tributaria no actuó hasta presentadas las declaraciones complementarias, cuando ya poco se puede perseguir penalmente.

Mientras tanto ¿Que ha hecho el gobierno español? Su actuación ha sido marcada, por la complicidad y la opacidad, denunciada incluso desde dentro del ejecutivo. Tan oscuro ha estado que incluso se ha actuado a las espaldas de Unidas Podemos, el socio del ejecutivo, que supo a través de la prensa la operación huida negociada entre la Moncloa y La Zarzuela. La misión de Pedro Sánchez era construir un cortafuego alrededor de la monarquía y no permitir que el actual jefe del Estado se viera salpicado. Porque abrir el melón de la forma de Estado lo podría hacer tambalear todo.

El mismo fenómeno se ha podido observar en el Congreso de los Diputados. Los funcionarios del registro ya deben de haber perdido la cuenta de las peticiones de comisión de investigación registradas, después de cada nuevo escándalo de la monarquía, independentistas, nacionalistas, soberanistas y en ocasiones incluso Unidas Podemos lo han solicitado. Ninguna no ha podido ni siquiera ser debatida al pleno del Congreso.

Todas han sido tumbadas por la pinza a la Mesa: la del PP, la extrema derecha de Vox y los votos imprescindibles del PSOE. La mayoría de las propuestas contaban con el criterio en contra de los servicios jurídicos, al cual se aferraron a los socialistas. Pero alguna fue avalada por los letrados, por haber tenido lugar los hechos después de la abdicación de Juan Carlos I, y fue igualmente tumbada por los tres partidos monárquicos que controlan la sede de la soberanía popular.