La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy, con competencia legislativa plena, la primera ley de la XIV Legislatura.

Se trata de una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con objeto de regular la duración máxima de las investigaciones penales.

Limitación anterior implantada por el PP

En el año 2015, el PP hizo valer su mayoría absoluta para limitar a un máximo de seis meses, prorrogables hasta 18 en caso de causas de gran complejidad, la duración de la investigación o instrucción de los procesos penales. La reforma mereció una crítica prácticamente unánime de todos los operadores jurídicos y especialmente de las principales asociaciones de fiscales, por cuanto se interpretó que se estaba buscando la impunidad «por la puerta de atrás» para las muchas causas de corrupción que asediaban al partido entonces liderado por M. Rajoy

Proposición de ley de Unidas Podemos

Por ello, al inicio de la presente legislatura el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos presentó una proposición de ley para derogar la reforma de PP de 2015.

Durante el debate de la enmienda a la totalidad presentada por el PP, el diputado de Junts per Catalunya, Abogado de Carles Puigdemont, ex decano del Colegio de Abogados de Barcelona y Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, Jaume Alonso Cuevillas presentó una enmienda defendiendo que debía evitarse la impunidad de las causas complejas pero también la eternización de las investigaciones penales.

Primera ley de la legislatura, atendiendo a criterios de expertos por encima de siglas

La intervención del diputado catalán convenció a los grupos que apoyan el Gobierno, que consensuaron con Cuevillas la redacción de una enmienda transaccional, que ha sido hoy definitivamente aprobada.

La ley aprobada incorpora como Exposición de Motivos la justificación de la enmienda de Cuevillas y regula que las investigaciones penales podrán durar un máximo de 12 meses que sólo podrá ser prorrogado por períodos de hasta seis meses, «exponiendo razonadamente las causas que han impedido finalizar la investigación en plazo, así como las concretas diligencias que es necesario practicar y su relevancia para la investigación».

La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y se aplicará a todos los procesos que se hallen en tramitación. Los expertos aseguran que la nueva regulación supondrá un cambio sustancial en la tramitación de las causas penales.

Se trata de la primera ley aprobada en la XIV Legislatura y ejemplo paradigmático de cómo la política se enriquece cuando tiene a profesionales del ámbito sobre el que deben legislar. Y no sólo la política, sino también en este caso el ámbito del Derecho y las garantías que han de aplicarse a la ciudadanía. Según nos afirman fuentes parlamentarias a Diario16, esta ley es de gran envergadura y tendrá un gran calado, y precisamente por ello, haber puesto por encima de todo el bien común, ha hecho posible que la aritmética parlamentaria -en un principio nada favorable a apoyar nada que provengan del independentismo catalán- ha legislado atendiendo a los criterios de un experto en la materia como es el diputado. Se habla ya de «la ley cuevillas» en los pasillos del Congreso.

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