“No se trata de una reforma sino de retoques que tratan de evitar los abusos en el Estado de Bienestar Social”. Así se expresa la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen al explicar el paquete de medidas que la Comisión Europea ha remitido al Parlamento Europeo para su estudio y aprobación. Entre las novedades más significativas de estos “retoques” como los llaman en Bruselas está el de la restricción de la asistencia sanitaria a europeos que se desplazan a otros países miembros de la UE. Pero no sólo eso.
La propuesta también obliga a que un trabajador desplazado tenga que trabajar al menos tres meses para que el cálculo de sus prestaciones de desempleo compute lo cotizado previamente en su país de origen. Es decir, si un ciudadano español trabaja 10 años en España, se va a trabajar a Francia y le despiden antes de los tres meses, el Gobierno francés estará exento de tener en cuenta lo cotizado en España. En ese caso, el desempleado deberá reclamar la prestación a su Gobierno porque la CE establece que será el Estado en el que se ha cotizado los doce últimos meses el que se encargará de pagar esta prestación social. Hasta ahora, el desembolso lo hacía el país de residencia.
Esta reforma beneficia, principalmente, a Alemania y Reino Unido
Esta reforma beneficia, principalmente, a Alemania y Reino Unido cuyos gobiernos ya habían expresado su malestar por los abusos que cometen ciudadanos de sus socios que se benefician de las prestaciones sociales. Uno de los fraudes más extendidos consiste en designar a un familiar como beneficiario de este tipo de prestación. De esta manera, se puede seguir trabajando y, al mismo tiempo, cobrando las prestaciones sociales.
La comisaria Thyssen cree que estas medidas son necesarias «no solo para los 11 millones de europeos que viven en un Estado miembro distinto del suyo propio, sino para aquellos que temen que el elevado nivel de prestaciones ofrecido en su propio país esté atrayendo a ciudadanos de otros Estados miembros y que su afiliación pueda poner en riesgo la viabilidad de su sistema de seguridad social». Precisamente es esta reflexión la que ha puesto en alerta a los ciudadanos comunitarios que utilizan la sanidad pública española, considerada de las mejores del mundo y que, encima, es gratuita y con un elevado nivel de prestaciones, para hacerse cirugías e intervenciones quirúrgicas que en su país de origen no tienen acceso.
El gobierno de Rajoy ya había impuesto límites a lo que comúnmente se denomina “turismo social”. Las listas de espera de los centros sanitarios de la costa levantina y andaluza, ya no se encuentran saturadas. La razón hay que buscarla en que de las mismas han sido borrados los ciudadanos alemanes, holandeses y británicos que habían solicitado una intervención quirúrgica. El Estado español comenzó a remitir las correspondientes facturaciones a los países de origen de estos beneficiarios. Sus gobiernos pagaron y, luego, pasaron al cobro estos servicios a sus destinatarios. Eso hizo que muchos hayan desistido de pedir intervenciones en España. Intervenciones que no son gratuitas para ellos.
La propuesta de la Comisión debe ser, ahora, debatida, modificada y, en su caso, aprobada por el Consejo de la UE, es decir por los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros, y el Parlamento Europeo. Se trata de un reglamento, por lo que no necesita trasposición, y es de aplicación inmediata.
