Santander ya negociaba la venta de activos del Popular antes de que Europa contratara a Deloitte

Tal y como publicamos en Diario16, el Santander tuvo un cambio muy radical en su valoración del Banco Popular en los primeros días de mayo, lo que podría indicar que, presuntamente, estaba recibiendo información privilegiada de lo que estaba ocurriendo en el interior de la entidad. En concreto pasó de valorar al Popular en 3.600 millones el día 3 de ese mes a dejar su valoración en 0 euros sólo cinco días después. Aún no se habían producido las salidas de liquidez más fuertes que terminaron con el banco resuelto y, aún así, el banco cántabro ya estaba dejando claro que se quería llevar la sexta entidad financiera sin coste alguno. Sin embargo, los movimientos del Santander iban en paralelo a lo que sucedía en el interior del Popular y a las decisiones que se adoptaban en Europa y en los organismos económicos españoles.

En concreto, existen pruebas aportadas a la Justicia como prueba en una querella interpuesta contra el Santander de que, antes del 21 de mayo de 2017, el Santander ya estaba negociando con BlackStone y LoneStar para la venta de los activos inmobiliarios del Popular, acuerdo que se llevó a efecto en agosto de 2017, sólo minutos después de que la Comisión Europea diera su autorización definitiva a la operación. Este hecho sólo «sería razonable si Banco Santander fuera conocedor de la estrategia del Banco Popular de solicitar una resolución, y que el Banco Santander sería adjudicataria en dicho proceso de venta del negocio en el marco de la resolución de la entidad», indican los querellantes.

Además, como hemos publicado en Diario16, existen pruebas fehacientes de que el 22 de mayo de 2017, el Consejo de Administración de Banco Santander otorgó formalmente poderes a la Comisión Ejecutiva para que realizara una oferta de adquisición del Banco Popular a un precio de 0-200M€ con una quita explícita previa de 2.030M€ de instrumentos AT1 y AT2 (instrumentos de capital emitidos por la entidad de niveles 1 y 2), en el marco de un procedimiento de resolución.

Este acuerdo del Consejo de Administración sólo sería posible si el Santander, a diferencia del resto de las entidades que participan en el proceso privado de venta, conocía que la JUR iba a iniciar un proceso de resolución mediante el instrumento de venta de la totalidad del negocio. En esa fecha, la opción de la resolución no era previsible ni predecible.

Entre el día 8 y el 21 de mayo de 2017 se produjo sólo una gran salida de liquidez, la provocada por la noticia publicada por El Confidencial respecto a que el Popular iba a ser vendido para no caer en una situación de quiebra, una noticia que provocó, entre otras cosas, la apertura de un expediente por la CNMV y la interposición de una querella por parte del banco.

Según declaró en los tribunales Carlos Balado, ex director general de Comunicación del Popular, esa noticia fue filtrada por Emilio Saracho. Respecto al hecho relevante en el que se desmintió la noticia, afirmó lo siguiente al ser preguntado sobre si él había hablado con el medio de comunicación: «yo hable al día siguiente, porque ese mismo día habló el presidente [Emilio Saracho] con ellos, yo no hablé con ellos, hablé al día siguiente, porque publicaron una, a partir de la conversación del Presidente con ellos, ellos publican una entrevista o una noticia, a modo de entrevista, con el Presidente del banco, entonces, él se siente traicionado por lo que aparece, me pide que hable con ellos, yo hablo con ellos y les hago ver, que ese tipo de cuestiones no se pueden hacer, que la conversación no era para publicar, ellos me dicen, que no habían sido advertidos de que la conversación no era para publicar y ellos la publican y se quejan de que el banco hubiera hecho un hecho relevante, habiendo partido la información del Presidente del banco y de la conversación que habían tenido con el banco».

Por su parte, el 18 de mayo de 2017, en un documento del BCE al que Diario16 ha tenido acceso, el supervisor europeo hace mención al deterioro de la liquidez y remitió una carta al Consejo de Administración en la que se señala que la pérdida de liquidez que se estaba produciendo tras los movimientos de Saracho del mes de abril, es decir, hacer pública la reexpresión de las cuentas por una cantidad y el discurso en la Junta General de Accionistas, y de las fugas de depósitos del día 12 de mayo tras la publicación de la noticia falsa de que el banco estaba en quiebra, iban a hacer muy difícil la venta de la entidad a pesar de que el BCE ya tenía conocimiento de que algún banco tenía interés en hacerse con el Popular.

Sin embargo, el Santander ya estaba negociando para vender los activos inmobiliarios del Popular. Ni siquiera la JUR había iniciado el proceso de resolución porque aún no se había publicado el borrador de la EBA que normalizaba las valoraciones de los bancos antes y después de que se produjera una resolución de una entidad de crédito, una normativa que, por cierto, no entró en vigor hasta el mes de marzo de 2019.

Paralelamente, la JUR realizó el encargo a Deloitte para que realice su valoración, un documento que la propia auditora califica como provisional teniendo en cuenta la carencia de datos y el poco tiempo que se les dio para realizarlo (16 días) cuando lo habitual para confeccionar un documento de este tipo es, como mínimo, 60 días.

Casualmente, ese mismo día 23 de mayo se produjeron las declaraciones de la presidenta de la JUR, Elke König, en Bloomberg que provocaron un pánico entre los depositantes y los mercados, unas palabras en las que, al nombrarse explícitamente al Banco Popular, se incumplió claramente el secreto profesional establecido en los artículos 84 y 96 de la Directiva 2014/57/UE de resolución de bancos.