Las juntas de accionistas de las empresas cotizadas se han convertido en un elemento de polémica por el hecho de que, a diferencia de otros eventos, aún no han sido suspendidas ni por la CNMV ni por los propios gestores de las grandes sociedades. Esta no suspensión va claramente en contra de lo indicado en el Real Decreto que implantó el estado de alarma.

Una de las soluciones que se proponen es el potenciamiento de la delegación de voto para evitar esa anulación o aplazamiento de las juntas de accionistas. Sin embargo, en el caso del Santander, se ha interpuesto una demanda contra Ana Patricia Botín y el propio banco, tal y como hemos venido publicando en Diario16.

En anteriores artículos se indicó que uno de los puntos sobre los que pivotan los argumentos de la demanda es la utilización de los medios humanos y materiales del Santander por parte de su presidenta y del Consejo de Administración para la captación de delegaciones de voto.

Según indica la demanda, «Ana P. Botín, los directivos a sus órdenes y los mandos intermedios exigen a los empleados de las sucursales, como objetivos laborales, la captación de delegaciones de voto de los clientes del banco que tienen depositadas sus acciones en la entidad». Bajo esa imposición de objetivos y presiones de sus superiores, indica el documento, los directores y subdirectores de las oficinas llaman a los accionistas clientes de la sucursal para que deleguen el voto en la presidenta para las juntas.

Sin embargo, la captación de delegaciones por los empleados del Santander a favor y por cuenta de Ana Patricia Botín, además de resultar inicua por la lógica jurídica que proscribe las prácticas abusivas, está prohibida por el Código Mercantil que establece la prohibición de formular solicitud de representación a favor ni por cuenta de terceros. Por tanto, las delegaciones o representaciones captadas por los empleados de las sucursales del banco a favor y en interés y beneficio exclusivo de Ana Patricia Botín serían presuntamente ilícitas y podrían no ser utilizadas ni computadas como votos válidos.

Por otro lado, para esa labor de captación de delegaciones de voto a favor de la presidenta del Santander, los empleados de las oficinas bancarias del banco utilizan tanto su jornada laboral pagada por el banco, como los medios de las sucursales: ordenadores, bases de datos de clientes para localizar a los accionistas y teléfonos de las sucursales para llamarles para solicitar la delegación de voto a cambio de un regalo que, como afirmaba un trabajador a Diario16, tiene un valor de 2 euros. En la demanda se indica que esta utilización del tiempo laboral de los empleados «constituye un aprovechamiento abusivo y fraudulento de los medios personales del banco y un privilegio de la demandada en exclusivo beneficio propio, frente al resto de accionistas que no pueden hacer uso del trabajo y tiempo de los empleados de las oficinas del banco para captar delegaciones de voto».

La demanda, además, denuncia que son muchos los accionistas minoritarios que «firman las tarjetas de delegación por miedo al tener operaciones de préstamos e hipotecas con la entidad». Además, en el documento se indica que «otras delegaciones de voto son en algunos casos falsificadas por los directores y subdirectores de las oficinas bancarias para cumplir con las presiones por los objetivos que le son exigidos».

En consecuencia, Ana Patricia Botín, «sin gastar ni un euro de su bolsillo, obtiene infinidad de delegaciones de voto que han sido captadas en su beneficio exclusivo por los empleados del banco utilizando abusivamente los medios materiales pagados por los restantes accionistas que no obtienen ningún beneficio de todo ello y que no disponen de los mismos abusivos y fraudulentos privilegios», afirma la demanda.

El accionista minoritario demandante indica, además, que la utilización de los medios del banco para la captación de delegaciones de voto fue denunciada por él en varias comunicaciones remitidas por burofax a Ana Patricia Botín y en sus propias intervenciones en otras juntas. Estas quejas «expuestas directamente a la demandada y al consejo de administración no han sido tenidas en cuenta ni por doña Ana P. Botín ni por el Banco Santander su consejo de administración, directivos y empleados, que han continuado llevando a cabo las mismas prácticas irregulares para la captación de delegaciones de voto», se afirma en la demanda.

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