En medio de los disturbios raciales tras el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd, las estadísticas de hipotecas de vivienda concedidas por el Santander en los Estados Unidos contradicen las campañas de publicidad del Santander que, en realidad, no tienen otra finalidad que tratar de mitigar su riesgo reputacional.

La ley de divulgación de las hipotecas de vivienda (HMDA en su acrónimo en inglés) obliga a las instituciones financieras norteamericanas a facilitar información de la concesión de préstamos hipotecarios a los organismos supervisores. Del procesamiento de esa información se ha concluido en varios informes que el Santander es el banco de los Estados Unidos que menos hipotecas concede a los afroamericanos, los hispanos, las personas de ingresos bajos y a las mujeres.

Estos estudios se centran fundamentalmente en poblaciones del noreste de los Estados Unidos (Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Maryland, Connecticut, New Hampshire y Delaware), donde el Santander tiene su sede central (Boston) y se concentra la expansión del Santander, tras la compra del Sovereign Bank en 2009, donde tiene más de 700 sucursales y presta servicios a más de 2 millones de clientes.

En Estados Unidos los bancos tienen prohibidas las prácticas discriminatorias como la «redlining», por la que rechazan los préstamos a residentes de bajos ingresos y comunidades de afroamericanos, hispanos, etc. Pese a ello, como demuestran los datos reportados a los supervisores, el Santander continúa segregando y excluyendo a las comunidades más desfavorecidas y utilizando prácticas crediticias discriminatorias.

A tal nivel llegaron estas prácticas que el Ayuntamiento de la ciudad de Providence (Rhode Island) demandó al Santander en 2014 acusándolo de haber reducido, a partir de la adquisición del Sovereign Bank en 2009 hasta 2014, en un 60% los préstamos hipotecarios a afroamericanos e hispanos mientras los aumentaba en los vecindarios de blancos.

Esta demanda manifestaba que el banco no cumplía con las leyes de protección a los consumidores en Estados Unidos y hace referencia a su mala conducta corporativa en todo el mundo hasta el punto de relacionar diversos casos en Dallas, Missouri, Chile, México y España manifestando además de que en Inglaterra el Santander generaba más quejas y más baja satisfacción entre los clientes que ningún otro banco.

De igual forma la división Santander Consumer USA ha sido investigada por el Departamento de Justicia norteamericano por condiciones abusivas en préstamos concedidos a personas de color para la adquisición de vehículos. Por esta razón, fue demandado en noviembre de 2017 por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) por cobrar de más a los clientes en los préstamos para compra de coches. También el Santander USA ha tenido que pagar diversas sanciones por sus prácticas hipotecarias y de ejecución de préstamos:

  • Más de 16 millones de dólares, en 2013, por prácticas deficientes en el servicio y el procesamiento de hipotecas, comisiones indebidas, denegación errónea de la modificación y el escándalo «robo-signing» de apresurada e improcedente aprobación de numerosas ejecuciones hipotecarias
  • Más de 9 millones de dólares, en 2015, por mala práctica en la recuperación de vehículos por préstamos impagados
  • Más de 22 millones dólares, en 2017, por la titulización y venta de paquetes de préstamos «subprime» para la adquisición de vehículos (la misma práctica que dio lugar a la crisis de las hipotecas basura de 2007, pero, en este caso, con los préstamos para la adquisición de vehículos)

Pero volviendo a las prácticas presuntamente discriminatorias del Santander en la concesión de préstamos hipotecarios, las cifras y los hechos son concluyentes, ya que, pese a la demanda del municipio de Providence, estas estrategias continuaron e, incluso, aumentaron a partir 2014, el año en que murió de forma inesperada Emilio Botín.

Ese año el Santander negó préstamos hipotecarios a más del 26% de los solicitantes negros, en comparación con la media de los restantes bancos en las mismas ubicaciones que sólo rechazaron el 17%. También en 2014, el Santander negó hipotecas al 30% de los solicitantes de bajos ingresos, mientras que la media de otros bancos fue de sólo un 18%.

Los casos más significativos de presunta discriminación del Santander se produjeron en Filadelfia, Hartford, Worcester y Candem.

  • En Filadelfia (Pensilvania), el Santander rechazó en 2015 el 32% de los préstamos solicitados por mujeres cuando la media de los otros bancos fue de sólo el 11%. Ese mismo año, en comunidades de bajos ingresos, el Santander negó el 37% de las solicitudes de préstamos hipotecarios, en comparación con el 15% de media de los otros bancos. Además, denegó el 33% de las solicitudes de personas de color por el 16% de la media de los restantes bancos. La denegación de solicitudes de afroamericanos se incrementó del 26% en 2014 al 53% en 2015.
  • En Worcester (Massachusetts), en 2015, en comunidades negras, el Santander denegó el 40% de las solicitudes, el doble que la media de los otros bancos que fue del 19%. Respecto a los latinos fue un 29% superior a la media del resto de entidades.
  • En Hartford (Connecticut), en 2015, el Santander por cada solicitud de blanco denegada rechazó 4 solicitudes de latinos. La denegación de préstamos por el Santander a comunidades de bajos ingresos y de color se incrementó de 2014 a 2015 y el porcentaje de denegación del Santander duplicó el de la media de los restantes bancos. Del mismo modo, el Santander denegó en 2014 y 2015 un 15% y un 17% más de préstamos a mujeres que la media de los otros bancos.
  • En Camden (New Jersey), en 2014 y 2015, el Santander por cada préstamo denegado a un blanco, negó 3 solicitudes de afroamericanos. En 2015 el Santander negó un 21% más de solicitudes de latinos que la media de los restantes bancos.

En definitiva, los hechos, las cifras y las sanciones recibidas por el banco presidido por Ana Patricia Botín en Estados Unidos llevan a la conclusión de que utiliza malas prácticas de comercialización y concesión de hipotecas con criterios presuntamente discriminatorios, lo que demuestra que todo lo manifestado en sus campañas de marketing y publicidad no cuenta toda la verdad.

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