Todo tiene su razón de ser y en la banca mucho más. El consejero delegado de Banco Santander, José Antonio Álvarez, afirmó en el Congreso de los Diputados que la entidad presidida por Ana Patricia Botín llevaba 6 años sin ganar dinero en España. Esta es la razón principal por la que se produjo la operación del Banco Popular, por la que se arruinó a más de 1,2 millones de personas, y por la que se está despidiendo a miles de trabajadores (más de 4.000 desde el año 2017) a pesar de que las cargas de trabajo que tienen que soportar los empleados y empleadas sean mucho mayores. Este último hecho lo que demuestra es que la plantilla de la primera entidad financiera de España está infradimensionada y no eran necesarias las reestructuraciones crueles de personal que se han ejecutado en los dos últimos años.

Con estos expedientes de regulación de empleo (ERE) lo que logra el Santander es, precisamente, mejorar su rentabilidad a costa del sufrimiento de familias o de empeorar las condiciones laborales de sus empleados y empleadas, tal y como publicaremos próximamente, hasta unos niveles insostenibles para el ser humano.

Gracias a la salida de 3.223 empleados, el Santander ha logrado que la ratio de rentabilidad por empleado se dispare un 15%, según ha publicado El Confidencial. Esa ratio reúne diferentes factores como las comisiones generadas por la actividad comercial, el margen de intereses conseguido por los préstamos concedidos, además de las operaciones financieras. Es evidente que, al reducirse el número de empleados, la rentabilidad aumenta. Sin embargo, ¿a qué coste humano y social lo logra el Santander?

Los testimonios recogidos durante el ERE por parte de empleados y ex empleados demostraron la crueldad con la que se aplicó este proceso de reestructuración de personal, sobre todo porque se hizo pasar por «voluntarios» despidos que, en realidad, no lo eran. Hay que recordar cómo, según los testimonios de trabajadores y trabajadoras, se les llegó a amenazar en los diferentes departamentos de recursos humanos con que si no se iban «voluntariamente» perderían una importante cantidad de dinero porque, firmaran o no firmaran, iban a salir del banco. Además, esas reuniones se realizaron sin la presencia de los representantes legales de los trabajadores (RLT), algo a lo que el empleado o empleada tiene derecho.

No obstante, todo indica que para el Santander el sufrimiento, el dolor y la crueldad estuvieron bien empleados puesto que han logrado incrementar la rentabilidad por empleado.

El problema de todo este proceso doloroso es que el banco presidido por Ana Patricia Botín no ha hecho nada ilegal porque la reforma laboral de Mariano Rajoy permite a las empresas despedir masivamente a sus trabajadores incluso cuando se están dando beneficios.

Sin embargo, la Ley 27/2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social incluía una disposición adicional por la que las empresas con beneficios, como es el caso del Santander, que llevaran a efecto despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo a trabajadores y trabajadoras mayores de 50 años están obligadas a hacer una aportación al Tesoro Público para evitar la socialización de los costes del despido. En concreto estas empresas, entre las que se encuentra el Santander, debe pagar al Estado los importes correspondientes a los subsidios, prestaciones y cotizaciones a la Seguridad Social.

En este contexto, el Banco de Santander no había aportado ni un solo euro al Estado por los despidos de empleados mayores de 50 años ejecutados en los ERE de los años 2013, 2016 y 2017, hecho que fue corroborado en el mes de noviembre al sindicato CGT por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Desde el año 2013, Santander ha despedido a más de 3.000 personas mayores de 50 años, despidos que el banco estaba obligado a comunicar al SEPE y que hubiera supuesto 120 millones de euros, un dinero que, según CGT, debería servir para sufragar el coste que para el Estado suponen esos despidos pero que, finalmente, sirven para que el Santander despida a quien no se quiere ir.

Por otro lado, el sindicato denunció que, además de estar incumpliendo la ley por no pagar al SEPE, la entidad cántabra descuenta a los mayores de 55 años las cantidades que le corresponden por prestaciones de desempleo, lo que genera la injusticia de que la persona despedida se esté pagando a sí misma una parte de la indemnización pactada o que esté aportando al SEPE lo que, por ley, debería pagar el Santander.

Esta es una nueva prueba de cómo el Estado protege al banco presidido por Ana Patricia Botín, dado que los organismos recaudatorios no tardan nada de tiempo en reclamar las cantidades no pagadas por pequeños empresarios o autónomos, sin tener en cuenta si la pyme o la micropyme está generando beneficios o pérdidas, pero se le pasa por alto cobrar cientos de millones de euros al Santander, con la consiguiente prescripción de dichos adeudos.

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