El 5 de mayo de 2022 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia en la que dictaminó que la Directiva de reestructuración y resolución se opone a que, con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital social de una entidad de crédito objeto de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad, antes del inicio de ese procedimiento de resolución, ejerciten una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto, como se prevé en la Directiva sobre el folleto, o una acción de nulidad del contrato de suscripción de esas acciones, que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la restitución del contravalor de tales acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de dicho contrato. Sin embargo, esto no significa que el TJUE impida a los afectados del Popular seguir con sus reclamaciones o que aquéllos no tengan derecho a ello.
Tras esta sentencia, el Santander está presentando peticiones a los diferentes tribunales para que les sea retirada la responsabilidad civil sobre la totalidad de las reclamaciones de Banco Popular, algo que no dice la sentencia del TJUE que, en realidad, sólo se circunscribe a la ampliación de capital de 2016 y al folleto de la misma.
Sin embargo, no incluiría a aquellos que hubieran adquirido sus acciones en el mercado o en fecha anterior a la entrada en vigor de la Directiva europea, es decir, 2014.
Esta es la trampa del Santander, ampliar las consecuencias de la sentencia del TJUE respecto a la responsabilidad civil a todo el Caso Popular, es decir, liberarse de golpe de cualquier obligación de cara a la devolución del dinero a los afectados que no adquirieron sus acciones a través de la ampliación de capital o anteriormente a 2014.
La realidad es que al Santander no se le quita el miedo a que surjan nuevos frentes judiciales en los que no salga victorioso. El Caso Popular tiene muchas aristas y, como hemos afirmado anteriormente, la sentencia de Europa no es aplicable a todos los afectados y el Santander lo que pretende es quitarse la responsabilidad de golpe anticipándose a esas decisiones de los tribunales que les pueden perjudicar en un futuro. Por eso sigue presionando.
El juez Calama Teixeira dio un duro varapalo al Santander a través de un auto en el que consideró que la petición de eliminación de la responsabilidad por el Caso Popular formulada por Banco Santander era prematura y, además, que la entidad presidida por Ana Patricia Botín no podía esgrimir la reciente sentencia del TJUE para quedar al margen del procedimiento.
Según explicaba Calama en el auto, la causa penal se encuentra en fase de instrucción y todavía no se ha llegado al momento procesal en el que se determinen los hechos investigados que pudieran ser constitutivos de infracción penal para valorar la posible responsabilidad civil.
En relación con doctrina fijada por el TJUE, Calama recordaba que se debe a una cuestión prejudicial que elevó la Audiencia de A Coruña dentro en un procedimiento de naturaleza estrictamente civil y ajeno por completo al ámbito penal.
Calama añadía que la posible responsabilidad civil del Banco Santander en este procedimiento de naturaleza penal no se ve afectada por la mencionada sentencia del TJUE «que en ningún caso analiza la normativa sobre responsabilidad civil derivada de un delito penal, en el contexto de un proceso de resolución de una entidad financiera».
A pesar de ello, el Santander ha aprovechado los resultados semestrales de 2022 para subir «la apuesta» y no ha dudado en afirmar que el riesgo legal por el Caso Popular ha caído de manera muy significativa.
«La sentencia supone una disminución muy importante del riesgo asociado a estas reclamaciones», afirma el Santander. Sin embargo, la Directiva europea no tiene aplicación sobre aquellos afectados que adquirieron sus títulos (acciones o bonos) antes de su entrada en vigor, es decir, mayo de 2014.
El riesgo de litigio se mantiene prácticamente igual, pero el Santander está utilizando una antigua estrategia de venta para incrementar la presión sobre los tribunales y los jueces, tanto españoles como europeos, que deben decidir sobre la responsabilidad del banco cántabro: dar por hecho que la sentencia del TJUE tiene repercusiones universales. Y así lo ha trasladado al mercado y a sus grandes accionistas para que, supuestamente, puedan convertirse en un elemento más de presión sobre la Justicia.
Los organismos europeos inventaron este engendro de resolución, el Santander puede estar tranquilo, todos los tribunales europeos lo eximirán de pagar.
Está claro que donde puedan perder, vendrá nuestro tribunal al rescate, y dónde gane con productos de dicho banco comprado, se llevarán todo, así ocurre con hipotecas, tarjetas y demás. Ya que éste banco no tiene escrúpulos ningunos con nadie, solo van a llenar sus bolsillos pise a quien pise y sobre quién sea. De todos es conocidos el dinero que da a partidos políticos y ahí está el secreto de todo. Así que se tendrá que luchar mucho y bien para recuperar lo que les han robado a los accionistas.