La pandemia provocada por el COVID-19 ha sido y sigue siendo el mayor desafío para la salud que hemos conocido en el último siglo. Su dimensión ha obligado a una gran mayoría de países a adoptar medidas excepcionales, y ha provocado tensiones en los sistemas de salud y en los mercados de productos sanitarios a nivel mundial. España, como el resto del mundo, no ha sido ajena a esta realidad. Así, el Ministerio de Sanidad ha trasladado a las CCAA el borrador del “Plan respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19”.

El Plan articula el conjunto de medidas para hacer frente al COVID-19 en el escenario actual y en los que puedan producirse en un futuro. Las CCAA podrán ahora hacer sus aportaciones antes de su aprobación definitiva en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

El objetivo general de este Plan es doble: reducir el impacto de la pandemia mediante el fortalecimiento de intervenciones rápidas, oportunas y eficaces y, al mismo tiempo, preparar las capacidades de España frente a un incremento de la transmisión que, llegado el caso, pueda derivar en una segunda ola de transmisión de SARS-CoV-2.

GOBERNANZA Y MARCO NORMATIVO

El Plan establece que las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los distintos agentes implicados en la evaluación y gestión del riesgo. Los aspectos relativos a la gestión estratégica ante amenazas sanitarias se analizan en el Comité de Dirección del COVID-19 creado en el Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es quien acuerda la implementación de las acciones en el conjunto de las comunidades autónomas.

En caso de que se considere necesario adoptar actuaciones coordinadas en salud pública que afecten a varias CCAA, corresponderá su declaración al Ministerio de Sanidad, previo conocimiento del Consejo Internacional del Sistema Nacional de Salud y con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias de acuerdo con lo previsto en la Ley de Cohesión y Calidad del SNS.

El texto establece que todas las actuaciones de intervención deben ser adoptadas respetando el marco constitucional de distribución de competencias entre las CCAA y la Administración General del Estado. Pilares de la preparación y respuesta Dotar al SNS de una mayor capacidad para que sea capaz de hacer frente a posibles incrementos de la transmisión de COVID-19 sin las tensiones a las que se ha visto sometido durante la crisis es uno de los principales pilares sobre los que se asienta este Plan.

Esto requiere una acción amplia y coordinada e incluye la preparación en los ámbitos de Salud Pública, asistencia sanitaria y laboratorio, la compra extraordinaria de la vacuna de la gripe y la preparación de las medidas farmacológicas y no farmacológicas frente al COVID-19.

Además, el texto establece que las CCAA deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día durante los 365 días del año; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, entre otros.

En el ámbito de la atención sanitaria, el Plan señala que las CCAA deben activar los planes de contingencia en Atención Primaria y Hospitalaria de forma adaptada a cada escenario; garantizar capacidad suficiente de recursos humanos y de Equipos de Protección Individual y disponer de una capacidad suficiente de camas de agudos y de cuidados críticos con capacidad de respiración mecánica invasiva. En este caso, entre 1,5 y 2 camas de cuidados críticos por cada 10.000 habitantes y entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes.

Además, las CCAA deben disponer de planes de atención en domicilio; una estrategia con circuitos diferenciados de atención a pacientes COVID-19 y no COVID-19; mecanismos para la atención específica y segura a pacientes vulnerables; y garantizar la atención a las actividades priorizadas de la atención habitual como los programas de vacunación, entre otros.

MEDIDAS NO FARMACOLÓGICAS Y FARMACOLÓGICAS

El documento establece como principales medidas no farmacológicas dirigidas al control de la propagación del virus la higiene de manos, la higiene respiratoria, la distancia interpersonal y la utilización de mascarillas.

Además, señala la necesidad de disponer de estrategias de prevención que recojan aspectos relacionados con la organización de espacios y horarios, la coordinación con el sistema asistencial o procedimientos sobre manejo de casos. Unas estrategias que deben ser tenidas en cuenta para minimizar el riesgo de brotes en entornos especialmente vulnerables como residencias para mayores, personas con discapacitados; centros de salud mental y centros de acogida o albergues.

En cuanto a las medidas farmacológicas, el Plan recuerda que en la actualidad no existe ninguna terapia eficaz ni vacuna frente al COVID-19. El Ministerio de Sanidad trabaja, junto con la Comisión Europea y los países de la UE, para disponer de vacunas cuanto antes.

En este sentido, España, a través de la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), está representada en el órgano de decisiones de compra anticipada de la UE. Además, se ha incorporado al equipo negociador del Acuerdo de Compra Anticipada de Vacunas frente al COVID-19 de la UE formado, además, por representantes de Alemania, Francia, Holanda, Suecia, Polonia e Italia.

Por otro lado, en España hay en marcha más de 10 proyectos de investigación sobre vacunas financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

De forma paralela, el Plan establece prioritario prevenir el impacto de la gripe en este otoño-invierno ante la situación de eventual coincidencia con la epidemia de COVID-19. Para ello se fomentará el aumento de la cobertura de vacunación, especialmente en mayores de 65 años, personal sanitario y socio-sanitario, mujeres embarazadas y personas con condiciones de riesgo.

Al Acuerdo Marco para la selección de suministradores de vacunas frente a la gripe que impulsa anualmente el Ministerio de Sanidad se suma este año una compra extraordinaria de 5,2 millones de dosis que complementará la adquisición de vacunas realizada por las comunidades autónomas.

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