El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha elevado a Consejo de Ministros para su toma de razón varios acuerdos de tramitación de emergencia llevados a cabo para atender las necesidades de adquisición de material de protección para el abordaje del COVID-19.

El Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo, de medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 señala que “a todos los contratos que hayan de celebrarse por las entidades del sector público para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente al coronavirus, les resultará de aplicación la tramitación de emergencia”.

Se trata de siete expedientes de suministros de emergencia y de un octavo relativo a la puesta en marcha de una campaña de publicidad institucional para la difusión de mensajes relativos al coronavirus.

En concreto, se han adquirido 5.689.000 kits de diagnóstico, 496.800.000 mascarillas de protección respiratoria y 20.160.000 unidades de otro material como mascarillas quirúrgicas, guantes y gafas de protección. El importe total de estos suministros ha ascendido a 350.293.032,08 euros.

Uno de esos contratos quedó anulado al demostrarse que la sensibilidad de los productos era inferior a la deseada. Se presentó entonces un requerimiento a la empresa para la devolución de los bienes entregados y la solicitud de devolución del importe satisfecho hasta el momento, en total 6.998.035 euros. El reintegro fue realizado el pasado 17 de abril.

La financiación de estos contratos de suministro ha corrido a cargo del crédito extraordinario de 1.000 millones de euros concedido al Ministerio de Sanidad con cargo al Fondo de Contingencia.

La expansión del COVID-19, que desembocó en la declaración del Estado de Alarma, obligó al Estado a adoptar medidas excepcionales para proteger la salud pública y seguridad de los ciudadanos, contener la propagación de la enfermedad y reforzar el Sistema Nacional de Salud.

El avance de la enfermedad provocó un incremento de la demanda de material de protección a nivel mundial que desbordó la capacidad de producción de las factorías dedicadas a este equipamiento. Por ello, y con el objeto de garantizar la disposición de estos dispositivos con carácter urgente, se hizo necesaria la formalización inmediata de contratos con las empresas comercializadoras.

De esta manera se han podido abordar las necesidades más urgentes y prioritarias de protección de los profesionales sanitarios que trabajan con los pacientes, de otros profesionales que están en contacto con los mismos y de los pacientes. Además, se ha podido disponer de kits de diagnóstico para detectar la infección de forma fiable.

Asimismo, se ha formalizado un octavo expediente para la contratación de una campaña de publicidad cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre la enfermedad y que está prevista que se lleve a cabo entre los meses de marzo y mayo, adaptándose a las circunstancias epidemiológicas. Su importe es de 4,5 millones de euros.

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