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Sánchez sopesa ofrecer a Aragonès el reconocimiento de Cataluña como nación

Los sectores más audaces del PSOE sanchista creen que es posible reconducir el problema catalán recuperando el Estatut de 2010 que fue pulido por el Constitucional

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Todo está preparado para que la histórica mesa de negociación sobre Cataluña inicie un camino que se prevé lleno de escollos y dificultades. El Gobierno de Pedro Sánchez es consciente de que hay un alto índice de probabilidades de que el reto salga mal. Siendo realistas, a día de hoy los indicios apuntan a que lo más seguro es que el diálogo descarrile más pronto que tarde. Las derechas lo van a torpedear desde todos los flancos y posiciones. Los poderes fácticos que en un principio se han mostrado proclives al entendimiento (Iglesia y patronal) no soportarán las fuertes presiones de Pablo Casado y Santiago Abascal y pese a su buena voluntad de los últimos días en pos de la concordia se terminarán situando, inevitablemente, de lado de PP, Vox y Ciudadanos en la defensa de la unidad de España frente a cualquier tipo de diálogo que avance hacia un mayor autogobierno. Solo los sindicatos parecen resueltos a apoyar la mesa pase lo que pase.

En el otro lado, el bloque soberanista también soporta sus contradicciones y orcos dispuestos a dinamitar cualquier tipo de contacto, acercamiento o negociación que ayude a la reconciliación y a la búsqueda de una salida negociada para el laberinto catalán. Al igual que su homólogo de Moncloa, Pere Aragonès también va a estar fuertemente condicionado por la presión política, social y mediática que le llega del mundo indepe. La tarea de demolición que harán las derechas españolas en Madrid la llevarán a cabo los antisistema de la CUP, que velarán para que el diálogo no se salga ni un milímetro de la hoja de ruta trazada por el procés. Al mundo cupero solo le vale el referéndum de autodeterminación, la amnistía para miles de personas encausadas por los graves disturbios e incidentes y la derrota sin paliativos del Estado español. Todo lo que se salga de los parámetros y objetivos fijados, será considerado alta traición. De hecho, ya está preparado el cartel de botifler para Aragonès, Oriol Junqueras y cualquier otro emisario negociador que decida asumir, por su cuenta y riesgo, soluciones alternativas al conflicto al margen de las leyes de desconexión.

Por si fuera poco, es preciso contar con un elemento distorsionador que seguirá planeando en todo momento sobre la mesa de negociación: Carles Puigdemont. El expresidente huido de la Justicia española va a disponer de información de primera mano y en tiempo real de cada cosa que se vaya cociendo en las tensas y acaloradas reuniones. Y al menor indicio de que un pacto entre Moncloa y Generalitat pueda poner en peligro el objetivo de la independencia, el honorable, desde su mansión de Waterloo, dará la orden a su partido de cortar la comunicación y volar puentes.

Puigdemont va a ser el gran tapado de este proceso convulso y tortuoso que ahora se inicia. Sus posiciones prometen ser tan intransigentes como las mantenidas en el lado de las derechas hispanas. Sin duda, ambos bloques, nacionalistas españolistas e independentistas irredentos van a trabajar día y noche para reventar el proceso negociador. En algo coinciden Casado y Puigdemont: en que los dos quieren ver cómo la mesa de diálogo salta por los aires. El primero porque, consumado el fracaso de la mesa, le arañaría un puñado de votos patrióticos a Vox; el segundo porque podrá seguir manteniendo su liderazgo como gran referente de la idílica Cataluña en el exilio.

Cataluña nación

Es evidente que de haber acuerdo entre ambas partes, el procés se liquidará definitivamente, Puigdemont quedará en tierra de nadie, la estrategia de internacionalización del conflicto perderá todo el sentido que tiene ahora y el horizonte personal y judicial del delfín de Artur Mas será más oscuro que nunca. Por eso al exhonorable le conviene que todo siga como está, que de esa mesa no salga nada en claro, que la situación termine pudriéndose y desencadenando nuevas revueltas callejeras y fracturas sociales entre catalanes. O sea, el cuanto peor mejor en versión puigdemontista.

Ante ese escenario incierto, cabe plantearse qué posibilidades de llegar a buen puerto tiene el barco del diálogo. Pocas, muy pocas, ciertamente. Los sectores más audaces del PSOE sanchista creen que es posible reconducir la situación devolviendo a Cataluña aquellas partes del Estatut que fueron amputadas por el Tribunal Constitucional en su polémica sentencia de 2010. Es decir, reconocimiento y blindaje legal de la identidad de Cataluña como nación, más transferencias y competencias, reforma del sistema de financiación y mayor presencia de la Generalitat en la Unión Europea.

Ni que decir tiene que esta propuesta cuenta con el rechazo total de las derechas, que ya planean una batería de recursos judiciales contra cualquier pacto federalizante y un programa de Gobierno radicalmente distinto para las autonomías (en el caso de que ellos lleguen a gobernar): vuelta al centralismo decimonónico, recorte a los derechos forales y más España una, grande y libre. En esas parecen estar también los viejos barones socialistas, que se han encastillado en un conservadurismo a ultranza en todo lo que tenga que ver con el problema catalán. De modo que Sánchez va a tener que pelear su plan de pacificación no solo con el enemigo reaccionario exterior, sino con el octavo pasajero felipista que ya tiene dentro de su propio partido y que también va a poner toda clase de palos en las ruedas para evitar un avance en el autogobierno catalán.

Por supuesto, ese hablar de “cosas concretas”, ese dejar al margen las cuestiones bizantinas sobre el derecho a la autodeterminación al que se refiere Zapatero en su entrevista dominguera en La Razón no satisface, ni de lejos, las aspiraciones de los independentistas, que hace tiempo pasaron de pantalla y ya no están en modo Estatut mejorado, sino soñando con una Constitución Republicana que sustituya a la del 78.

Los expertos consideran que la revisión del Estatut que fue pulido en el Constitucional (y que activó el procés) puede llevar hasta seis meses de diálogo como mínimo entre las partes. Zapatero propone que entretanto Madrid y Barcelona compartan la capitalidad del Estado porque sería “bueno para el conjunto de España”, pero esa ensoñación, pese a no carecer de buena voluntad, no se la cree ni el mismo expresidente socialista. ¿Alguien en su sano juicio puede llegar a pensar que líderes políticos bunkerizados y echados al monte como Casado, Abascal y Ayuso (defensores de que España es Madrid y Madrid es España) aceptarán esa solución salomónica? Antes estalla un 36 en este país.

Las demás propuestas, como llevar el catalán, el euskera y el gallego a las escuelas madrileñas para que los niños vayan estrechando lazos de amistad con los regionalismos periféricos tendrían su sentido si viviéramos en una España tolerante y auténticamente constitucional, no en un país que retrocede a pasos agigantados hacia una especie de nuevo franquismo tuneado. De modo que semejantes ocurrencias no merecen mayor comentario. Todo son cuentos, fábulas y cantos de sirena para tratar de ocultar la realidad de la Cataluña de hoy, que no es otra que dos millones de catalanes no quieren formar parte de España. ¿Qué hacemos con ellos?

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