En la mañana de hoy el presidente Pedro Sánchez, en comparecencia pública sin aceptar preguntas, ha anunciado que «el Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como Presidente Encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, órgano legislativo surgido tras las últimas elecciones libres y democráticas reconocidas por el conjunto de la Comunidad Internacional como tales».
La democracia emana de la voluntad del pueblo y hay que tener en cuenta un hecho que parece que tanto Sánchez como el resto de la comunidad internacional, a la que apela, olvidan cuando se refieren a la legitimidad democrática de Guaidó quien la tiene, sin duda, en el poder legislativo, pero no en el ejecutivo, puesto que Venezuela es un Estado presidencialista. Esta es la razón por la que el movimiento del actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela se arrogó un poder que no tenía, dado que el pueblo venezolano no le había votado para la presidencia, sino como miembro del órgano legislativo.
Pedro Sánchez, al igual que el resto de los países de la Unión Europea que han reconocido o van a reconocer a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, hacen apelaciones constantes al pueblo, a las dificultades por las que está pasando el pueblo, a la falta de libertades, al régimen dictatorial que ha implantado Nicolás Maduro, etc. Todos estos argumentos con los que justifican su reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional son ciertos. De eso no hay ninguna duda y la solución que se plantea desde Europa, siguiendo los dictados de la Casa Blanca, no es otra que la celebración de elecciones libres y con todas las garantías democráticas. Sin embargo, ¿va a convocarlas Nicolás Maduro? Desde luego, no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo se van a celebrar esos comicios sin que sean convocados por quien tiene la potestad constitucional de hacerlo? De eso Sánchez no ha hablado y es un punto importante porque tiene trascendencia geopolítica y, sobre todo, imponer esa convocatoria electoral haría que España vulnerara el derecho internacional… si es que no lo ha hecho ya.
Pedro Sánchez ha dicho que «a partir de hoy, seguiremos dedicando todo nuestro esfuerzo a la tarea de ayudar a alcanzar la libertad, la prosperidad y la concordia de todos los venezolanos». No cabe duda de que es una declaración de intenciones enmarcada en palabras grandilocuentes pero que no aportan ningún tipo de medida concreta, sobre todo en lo referido a la prosperidad de Venezuela.
Juan Guaidó va a solicitar en las próximas horas la protección de los activos de la República Bolivariana en la Unión Europea, lo que supone el primer paso para la reclamación a los países que le están reconociendo de la congelación de cuentas de los bolichicos que se hicieron multimillonarios con el expolio de los recursos económicos del pueblo venezolano durante, principalmente, el mandato del ex ministro de Energía y ex presidente de PDVSA, Rafael Ramírez.
España se ha convertido en el centro de operaciones de estos ciudadanos venezolanos que, tal y como se reconoce en informes que obran en poder de la Audiencia Nacional, están blanqueando dinero de PDVSA en nuestro país.
Si Sánchez pretende buscar la prosperidad del pueblo venezolano el reconocimiento de Guaidó es un gesto que no pasa de ahí, desde el punto de vista simbólico, pero medidas concretas sólo pueden pasar por la congelación de las cuentas de todos los bolichicos que tengan cuentas pendientes con la Justicia española o que tengan causas abiertas en nuestros tribunales. Ya se hizo con Nervis Villalobos, pero hay muchos más que, por ejemplo, se están comprando medio barrio de Salamanca para especular o medios de comunicación para hacer campaña política a los líderes del eje de la derecha.
Desde otro punto de vista, las consecuencias diplomáticas del reconocimiento de Guaidó pueden ser terroríficas para las empresas españolas que están operando o tienen intereses en Venezuela porque, una ruptura de relaciones puede conllevar que Maduro expulse a esas compañías.
solo una cuestión señor Gomez que usted pasa por alto : Nicolas Maduro fue declarado «incapacitado» por la Asamblea nacional días después de haber «obtenido» el triunfo en unas elecciones «espurias» puesto que el presidente del gbno si que no tiene facultad para llevar a cabo elecciones generales o municipales o autonómicas «estaduales» en Venezuela y he aquí su segundo error. la constitución bolivariana de Venezuela tiene preceptuados en sus artículos la «defensa de la misma» y me remito al articulo 233 mencionado por Juan Guaido y los siguientes.