sábado, 12junio, 2021
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Sánchez plantea en la Cumbre de Oporto la necesidad de llevar vacunas a todo el mundo

Finaliza la reunión de los Veintisiete con el compromiso de acelerar la vacunación para salir de la crisis

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado en la cumbre celebrada los días 7 y 8 de mayo en Oporto, que ha reunido a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en torno al Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, presentado en marzo por la Comisión Europea. Tras la conferencia, el presidente participará esta noche en una cena de trabajo convocada por el presidente del Consejo, Charles Michel, donde los líderes abordarán, entre otros asuntos, la lucha contra la pandemia. Este será el escenario en el que el jefe del Ejecutivo español presente la propuesta de España para garantizar el acceso a las vacunas a todo el mundo.

La administración Biden planteó abiertamente la cuestión de la exención temporal de las patentes de las vacunas. Sin embargo, aunque este anuncio marca el camino, el Gobierno español considera que la exención sola no es suficiente para garantizar el acceso a las vacunas de los países en desarrollo. Por ello, España propone reforzar transferencia de conocimiento y tecnología, aumentar la producción global de vacunas y acelerar su distribución por todo el planeta.

Una veintena de socios de la Unión Europea (UE), entre ellos España, rechaza la intención del Parlamento Europeo de que los estados miembros se hagan cargo del coste de las PCR que tendrían que realizarse las personas que viajan a otro país y que quedarían reflejadas en dicho certificado digital.

Esa pretensión genera muchos problemas porque la mayoría no tiene capacidad técnica, logística y económica para asumirlo. Quizás sea posible más adelante, cuando la vacunación haya avanzado de forma decidida y el número de PCR que se tenga que realizar sea mucho menor, pero no ahora.

Si no hubiera un acuerdo al respecto, las diferencias podrían retrasar la puesta en marcha del certificado verde digital, pero España tiene el convencimiento de que eso no va a ocurrir, habrá un consenso final y en junio ya estará operativo. Una solución podría ser que, por ahora, quedara a criterio de los países de la UE asumir o no el coste de las PCR. El certificado europeo de vacunación no será un pasaporte que garantice la movilidad

La necesidad de poner en marcha este certificado, que facilitará la movilidad conforme se vayan levantando las restricciones por la pandemia de coronavirus, ha sido un asunto que se ha debatido en la cumbre de la UE de Oporto. Además, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abordado la iniciativa en la reunión mantenida este sábado con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli, al margen de la cumbre. Sánchez ha subrayado la necesidad de que con urgencia esté en vigor este certificado, esencial para países receptores de turismo como España, ya que eso contribuirá a la recuperación económica.

Reducir las desigualdades

En otro orden de cosas, los jefes de Estado y Gobierno de la UE se han comprometido a reducir las desigualdades en la región y desarrollar el Pilar Europeo de Derechos Sociales. «Estamos comprometidos con reducir las desigualdades, defender salarios justos, combatir la exclusión social y hacer frente a la pobreza«, han dicho los líderes de los Veintisiete en la Declaración de Oporto.

En el mismo texto, han asegurado que «intensificarán los esfuerzos para combatir la discriminación» y que trabajarán «de manera activa» para cerrar las brechas de género en el empleo, la remuneración y las pensiones, y para promover la igualdad y la justicia para todas las personas de la sociedad.

Asimismo, darán prioridad a las medidas de apoyo a los jóvenes «que se han visto afectados de manera muy negativa por la crisis de la COVID-19, la cual ha perturbado profundamente su participación en el mercado laboral, así como sus planes de educación y formación».

La declaración subraya, además, que el Pilar Europeo de Derechos Sociales es «un elemento fundamental de la recuperación» tras la pandemia y han añadido que su implementación «fortalecerá el impulso de la Unión hacia una transición digital, verde y justa, y contribuirá a lograr una convergencia social y económica ascendente y abordar los desafíos demográficos».

El Pilar Europeo de Derechos Sociales es una compilación de veinte principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral, condiciones de trabajo justas y protección social, pero sin desarrollo concreto, que se adoptó en la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) en 2017. La UE convierte los derechos sociales en su cuarto pilar para plantar cara al creciente euroescepticismo

Para trasladar a la realidad esos principios, la Comisión presentó en marzo un plan de acción con tres objetivos concretos y varias medidas que irá presentando en los próximos años. Entre las metas hasta 2030, ofrecer formación para el 60% de los adultos de la UE y que, al menos, el 78% de las personas con edades comprendidas entre 20 y 64 años tengan empleo.

La política social está en manos de los estados miembros

Además, se aboga por reducir en, al menos, 15 millones durante la próxima década el número de personas que se encuentran en riesgo de pobreza en el club comunitario. «Estamos decididos a seguir profundizando en la implementación del Pilar Europeo de Derechos Sociales al nivel nacional y de la UE, teniendo debidamente en cuenta las competencias respectivas y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad», han señalado, ya que la política social está en manos de los estados miembros.

Los líderes europeos han respaldado que Bruselas vaya a supervisar los progresos de la aplicación del pilar mediante el Semestre Europeo, el mecanismo de la UE para coordinar las políticas sociales y económicas de los Veintisiete. «La dimensión social, el diálogo social y la implicación activa de los agentes sociales siempre ha estado en el centro de una economía social de mercado altamente competitiva».

Los Veintisiete se han comprometido a poner la educación y las capacidades «en el centro» de su acción política, también para facilitar las transiciones digital y verde.

Además, han saludado las propuestas de los agentes sociales para tener en cuenta indicadores alternativos al PIB para medir el progreso económico, social y medioambiental.

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