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Sánchez «mantiene secuestrada» la recuperación económica de las pequeñas y medianas empresas hoteleras

Las maniobras de la Moncloa respecto al fondo de rescate de la SEPI mantienen a uno de los sectores fundamentales de la economía española en una situación límite porque el dinero aprobado apenas ha llegado a menos de una decena de empresas y solo una del sector hotelero

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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El sector turístico es uno de los pilares económicos de España y una de las partes más importantes del mismo son los hoteles. Si se quiere atraer a los turistas, sobre todo a los internacionales, ¿dónde se van a alojar si el sector hotelero, tras la crisis provocada por la pandemia, no tienen recursos para abrir al 100% de su capacidad? Eso está ocurriendo en España por culpa de que los 10.000 millones del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), están paralizados por, según fuentes de extremada solvencia, presuntas indicaciones del propio presidente del Gobierno.

El pasado mes de septiembre, la SEPI hizo público que inyectará 241 millones de euros a Hotusa, una de las grandes cadenas hoteleras de España, después, según indicó la sociedad, de haber concluido el análisis de los términos de financiación del grupo presidido por Amancio López.

El rescate, en principio, se canaliza a través de un préstamo participativo de 190 millones y uno ordinario de 51 y deberá ser aprobado, finalmente, por el Consejo de Ministros, tras pasar por el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Sin embargo, son muchas las cadenas hoteleras, sobre todo las de mediano tamaño, que siguen esperando a recibir el rescate de la SEPI que han solicitado y al que tienen derecho, puesto que se trata de empresas estratégicas. Muchas de ellas se ven obligadas a abrir sólo un 40% de sus establecimientos y, en muchos casos, con una estrategia estacional en los hoteles de costa, mientras que los hoteles del interior, incluso en Madrid o Barcelona, tienen que mantenerse cerrados.

El problema es grave porque la paralización de la concesión de rescates provino de presuntas órdenes del presidente del Gobierno. En este sentido, las mismas fuentes reconocen a Diario16 que Pedro Sánchez, tras el escándalo del rescate a la aerolínea Plus Ultra podría, supuestamente, haber «amenazado» a la responsable última de la SEPI de que si volvía a haber un error (para el rescate de Plus Ultra intervino un lobby socialista del que, durante esta línea de investigación, analizaremos su actividad) la cesaría de su cargo. Es un modo de meter presión pero, en realidad, lo que está provocando Sánchez es que los rescates a múltiples compañías realmente estratégicas para la economía española se paralicen.

Esta especie de «secuestro» de los rescates estaría, además, provocando que muchas de estas cadenas hoteleras se vean obligadas a vender activos muy valiosos para poder obtener liquidez que les permita mantener abiertos una parte de sus hoteles. Esto beneficia, evidentemente, a los grandes fondos de inversión de Wall Street que compran esos activos para luego especular con ellos u obtener beneficios que correspondían legítimamente a empresas españolas. Casualmente, algunos de esos fondos recibieron a Sánchez en su viaje a Estados Unidos del mes de julio.

Además, según las mismas fuentes, la actitud de Presidencia respecto a los rescates de la SEPI está afectando a empresas jóvenes, emergentes y ya prestigiosas que están asesorando y realizando trabajos de consultoría a las cadenas hoteleras.

Por otro lado, a la responsable última de la SEPI la han dejado en una situación tan crítica que, según las fuentes consultadas, estaría deseando la conformación de plataformas de afectados que presentaran reclamaciones judiciales para que la responsabilidad pasara directamente al campo de Sánchez y que fuese el propio presidente quien se viera obligado a dar las explicaciones pertinentes a los empresarios y trabajadores afectados por la retención de esos fondos de rescate, algo que está cada días más cerca de que ocurra.

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