La primera ronda de conversaciones que Pedro Sánchez ha mantenido con los presidentes autonómicos ha servido para constatar que Cataluña y País Vasco consideran agotado el modelo territorial autonómico del 78. Ya no les vale, quieren pasar de pantalla. En esa línea, quien más lejos pretende llegar es, por supuesto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, que ayer se mostró inflexible al exigir al candidato socialista que la solución al conflicto pase “por el ejercicio del derecho de autodeterminación, el fin de la represión, así como la libertad de los presos políticos”, según Europa Press. Torra sabe que le queda poco en el cargo –su causa penal está pendiente de la sentencia que previsiblemente lo inhabilitará como president por el asunto de los lazos amarillos− y ha decidido poner toda la carne en el asador. El escenario le permite apretarle un poco más las tuercas a Madrid. Sabe que el contexto internacional le es propicio −la Justicia Europea va a pronunciarse en breve sobre los derechos de representación política de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont− y que ERC no tiene prisa en cerrar un hipotético acuerdo de investidura con PSOE y Unidas Podemos (en el caso de que la alianza llegue a buen puerto, algo que aún está por ver). Por tanto, Torra puede seguir tensando la cuerda en su lista de agravios y reivindicaciones con el Estado español.
Sánchez, por su parte, se ha mostrado dispuesto a reunirse con Torra, si bien Generalitat y Moncloa dan versiones diferentes sobre el momento en que esa entrevista podría celebrarse. Desde el Govern se afirma que el presidente socialista quiere un cara a cara “lo antes posible”, mientras que Moncloa matiza que Sánchez “no tendrá problemas” en celebrar la reunión, pero solo cuando haya Gobierno y arranque la legislatura, “como hará con el resto de los presidentes y presidentas autonómicas”.
La conversación telefónica entre ambos líderes apenas ha durado 15 minutos, un tiempo irrisorio si se compara con el calibre del incendio político y social que se ha desatado en Cataluña a raíz de la sentencia condenatoria del “procés”. La brevedad de la charla demuestra que aunque existe voluntad de diálogo y deshielo entre Madrid y Barcelona será complicado llegar a una solución a corto plazo. Con todo, en ese cuarto de hora a Torra le ha dado tiempo para quejarse amargamente de la ofensiva que a su juicio ha lanzado el Estado español contra el independentismo y que atribuye a la dureza que Sánchez demostró con los soberanistas catalanes durante la campaña electoral previa al 10N, cuando llegó a sugerir que movería los hilos de la Fiscalía para traer al prófugo Carles Puigdemont de vuelta a España. Tampoco le ha gustado al honorable que Sánchez no le cogiera el teléfono en reiteradas ocasiones y en esta serie de reproches y excusas ambos mandatarios a buen seguro habrán consumido buena parte de los 15 minutos de entrevista.
Parece claro, sin embargo, que el presidente del Gobierno en funciones le ha garantizado a Torra que su deseo, en el caso de ser investido, es dar paso a una legislatura en la que intentará “reducir la tensión territorial, reanudar el diálogo y encarar políticamente la situación en Cataluña”, según fuentes de Moncloa. Ambas partes reconocen “la naturaleza política del conflicto”, como ya hicieron en 2018, antes del pacto de Pedralbes y de que estallara la polémica por la figura del relator o mediador en las negociaciones, que desembocó en la manifestación de las tres derechas en la Plaza de Colón. Desde entonces no se ha vuelto a hablar de mesas de negociación y ahora parece que Gobierno central y Generalitat estarían dispuestos a retomar esa fórmula de diálogo.
En cualquier caso, el PSOE anda con pies de plomo en su negociación con los independentistas, tanto con los de Junts per Catalunya como con ERC, porque sabe que un solo paso en falso puede dar al traste con la investidura. Sánchez quiere vender que cualquier negociación con Torra se hará en un marco “multilateral”, es decir, en una Conferencia de Presidentes Autonómicos que estarán al tanto en todo momento de lo que se negocie entre Madrid y Barcelona. El problema es que tras el “procés”, el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña esa conferencia está en la UVI, prácticamente muerta. De modo que es muy posible que Torra la rechace, ya que aceptarla supondría asumir el modelo autonómico y cerrar la posibilidad de una negociación bilateral entre Gobierno central y Generalitat, que es el objetivo final de Torra. Conseguir esa interlocución de tú a tú, en pie de igualdad jurídica y política, sería una gran victoria del independentismo y un paso tremendamente arriesgado para Sánchez.
Mientras tanto, en el País Vasco también cuecen habas. En su conversación con el lehendakari, Iñigo Urkullu, Sánchez ha tratado de amarrar los seis votos decisivos del PNV para su investidura. Urkullu parece proclive al desbloqueo pero no es el hombre a convencer, ya que la última palabra la tiene el jefe del partido, Andoni Ortuzar, mucho más duro en sus posiciones. El presidente en funciones le ha dicho a Urkullu que esta será “la legislatura del diálogo territorial” y le ha explicado que está “dispuesto” a completar el calendario de transferencias pendientes al País Vasco, a lo que el lehendakari le ha pedido una comisión bilateral para hacerlas efectivas cuanto antes.
Sin duda, Urkullu es partidario de una mesa para el diálogo territorial, pero que vaya más allá de la mera Conferencia de Presidentes ofrecida por Sánchez. La propuesta Urkullu sería una especie de comisión que abordara el modelo territorial de la Constitución del 78 y que fuera “consecuente con la singularidad de las realidades históricas”. En el fondo, lo que se debate aquí es si se da por liquidada la España de las autonomías y se da paso a una nueva etapa que abriría la puerta al modelo federalista, al reconocimiento de “la nación de naciones” y a una reforma de los estatutos mucho más ambiciosa. Pero esa reforma no será fácil porque no contará con el amplio consenso del 78. La derecha dará una batalla encarnizada y feroz y ni siquiera está claro que catalanes y vascos se sientan seducidos por una oferta que, tras los acontecimientos vividos en los últimos dos años en Cataluña, parece llegar demasiado tarde.
