Durante la semana pasada se ha celebrado el juicio en Alicante contra la madre de Aroon, el pequeño de dos años que murió por malos tratos y estrangulamiento, y su pareja sentimental. El tiempo de vida del pequeño es el mismo que lleva la cruel pareja en la cárcel a la espera de este juicio que les condenará a pasar, casi con toda seguridad, cerca de tres décadas en prisión. Pero mientras el suceso conmociona a la sociedad española, vuelve a saltar a la palestra cómo es posible que nadie detectara esta situación permanente de angustia y malos tratos a los que fue sometido el menor en su corta vida, sin que nadie de los Servicios Sociales acudiera en su ayuda. Por el contrario, menores que no necesitan de esa intervención son arrebatados de sus madres por un supuesto síndrome de alienación parental. Estamos a tiempo de salvar a estos menores de esta injusticia. Salvar a la hija de Irune, por ejemplo, depende de todos nosotros.
Varios vecinos del inmueble donde vivía la desnaturalizada madre de Aaron con su pareja han reconocido en el juicio que le oían llorar de forma muy rara y que se oían golpes. Ni uno de esos vecinos llamó a la Policía ni pidió ayuda en Atención al Menor.
Pero mientras esa dejación de responsabilidad y funciones que bien podría haber salvado la vida al indefenso pequeño, ocurría en Alicante, hay otros puntos de España donde los servicios sociales, por el contrario, llevan al límite su exceso de celo para proteger a un menor, incluso cuando no necesita protección. Éste es el caso de la pequeña vizcaína, hija de Irune Costumero, a la que arrebataron por la fuerza -sufriendo incluso daño físico- a su amatxu por decisión del Servicio del Menor de la Diputación de Bizkaia, lo que ha llevado a la imputación de todo este personal que participó en la decisión, incluido el diputado de Servicios Sociales, Sergio Murillo.
Algo similar a la crueldad con la que vivió en vida el pequeño Aaron ocurrió en Valladolid con Sara, que también murió de forma cruel y a palizas por parte del compañero sentimental de su madre. Aquí se añade además la responsabilidad del Servicio al Menor de la Junta de Castilla y León, porque la familia materna de la pequeña sí había puesto en antecedentes, ha insistido, en que la niña podría estar sufriendo malos tratos.
Nadie protegió a Aaron ni a Sara. Y nadie protege a la hija de Irune Costumero, que no necesita estar alejada de su madre -nadie la ha acusado de malos tratos ni nada similar- sino por el supuesto síndrome de alienación parental, que ninguna entidad científica en el mundo avala.
Que las instituciones y la sociedad no lleguen tarde a salvar a la hija de Irune.
