Salvar a Florentino Pérez

La Sala Tercera de la Audiencia de Murcia, siendo ponente el juez Juan del Olmo, otrora conocido por el juez instructor del 11-M,  ha dictado, en el caso de la desaladora de Escombreras,  asunto penal celebérrimo en Murcia que versa sobre una presunta  malversación de dinero por un montante superior a 600 millones de euros (las empresas de Florentino firmaron acuerdos con el Gobierno de Valcárcel que obligaban al gobierno al desembolso perjudicial de 600 millones de euros ) y otros delitos conexos como saltarse todas las leyes administrativas en las adjudicaciones,  pues digo, y  siguiendo con el hilo, que la audiencia de Murcia ha dictado bajo ponencia del juez Juan del Olmo,  un auto a finales de julio verdaderamente “desolador” cuyo efecto práctico es denegar la continuidad de la instrucción de la jueza investigadora,  y por tanto impedir que puedan ser llamados como investigados en el caso  los “peces gordos” o cerebros de la operación “desaladora” que son,  por el gobierno regional,  su entonces jefe Ramón Luis Valcárcel y por las empresas concertadas y beneficiarias de los contratos perjudiciales para Murcia, su jefe Florentino Pérez, el magnate que hoy lo puede todo y cuya largo mano alcanza a la cúpula del poder ejecutivo y del partido de la oposición así como a la cúpula del poder judicial.

Los negocios de Florentino con PPSOE son innúmeros pero baste recordar entre los más célebres la operación “CASTOR”, una salvajada de entrega deprisa deprisa de la suma de 1.500 millones de euros por la planta de gas en las costas de Valencia.

La Sala que ha dado vuelos a la exoneración “Florentina” se ha inventado una interpretación del cómputo de los plazos para la instrucción penal,  que ellos mismos junto con el pleno de la audiencia de Murcia, habían rechazado en ocasión precedente. En síntesis habían aceptado que vale la declaración de complejidad de causa penal para sobrepasar el plazo de los seis meses o la prórroga tomada por el juez fuera del periodo a prorrogar si la petición estaba presentada en el plazo que marca la ley (hasta tres días antes de finalizar la duración inicial o la prórroga). Este problema es muy antiguo, la de que los jueces no respetan los plazos que la ley les dispone para resolver, casi siempre lo hacen fuera de plazo (es que la justicia anda muy masificada y no se puede tampoco pedir “peras al olmo”), pues la ley del poder judicial dice que no se anula una resolución tomada fuera de plazo salvo que lo establezca su mismo carácter (que no es el caso).

Y si beben de su propia medicina los magistrados dirigidos por Del Olmo tienen que reconocer que su propio auto es nulo por estar dictado fuera del plazo que marca la ley. Como es uso y costumbre.

En suma que la Sala Tercera de la Audiencia de Murcia optó por la interpretación más retorcida de la norma, la que sacaba a Florentino y a Valcárcel del riesgo de ser llamados en esa investigación donde son los máximos jefes.

Hay otra circunstancia concomitante con la actuación de la sala de Juan del Olmo sin la cual la victoria de la larga mano de Florentino hubiese sido inviable,  que es la conducta del presidente de la propia Audiencia, Miguel Ángel Larrosa,  cuando uno de los acusadores populares, el abogado Diego de Ramón, para que se resuelva al incidente de nulidad que la acusación popular Contrapoder ha presentado contra el auto cerrando la investigación, no por la sala de Juan del Olmo sino por el pleno de la Audiencia, como era lógico dada la diversidad de criterios que implicaba sobre los anteriores aprobados por la propia Audiencia. Pues bien, este Pleno de la Audiencia puede ser convocado por el presidente de la misma para homogeneizar criterios y hubiera permitido la revisión del auto de archivo del caso para los futuros investigados dictados bajo la ponencia de Del Olmo. Pero el progresista presidente juez Larrosa se negó a convocar el pleno, dejando a quienes creíamos conocerle, con la boca abierta. El argumento que usa es que el pleno no puede revisar un incidente de nulidad, cláusula que no aparece por ningún sitio en la regulación laboral que permite que el pleno se convoque para cualquier acto que implique acto de revisión.

En fin que todos los que entran por nombramiento político en cargos judiciales temen por su sillón, todos los cargos políticos judiciales están bajo tutela de un poder superior de carácter político, los comisarios de los dos grandes partidos que hasta ahora dominan el consejo judicial. Y hay quien sabe disimularlo pero a la hora de la verdad, la prueba del nueve es infalible.

Naturalmente que no son solo estos dos factores los que han concomitado para que esta solución absolutamente vergonzosa y desprestigio total para la justicia murciana triunfe. El presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, es el jefe comisario político del PP, el partido que le puso en el cargo saltándose a otra candidata que le doblaba la antigüedad, lo que dio lugar a que el Supremo le anulara su nombramiento, nuevamente hecho por los mismos vocales comisarios políticos del PP en el Consejo de jueces. Este hombre ya se “santificó” como hombre del PP cuando rechazó una querella del Fiscal Jefe del TSJ de Murcia contra el presidente regional Pedro Antonio Sánchez y eso le costó  a Riquelme tres querellas en la sala penal del Tribunal Supremo, una de las cuales la firmé yo. Obviamente, para mis entendederas,  este ha sido el verdadero  jefe de la trama murciana para conseguir liberar −por el momento puesto que aún quedan bazas legales−, a Florentino y Valcárcel de cumplir el papel que le dieron: defender los intereses del PP en el ámbito del TSJ en lo que muestra la mayor de las diligencias. Su amigo Juan Martínez Moya, anterior presidente del TSJ por el PP y  vocal miembro de la Permanente del Consejo por el mismo partido, fue el mentor que hizo a Riquelme presidente del TSJ.

Ante este clima de descomposición hay que recordar a Catón el Viejo y su alegato sempiterno tras cada intervención en el Senado “Carthago delenda est” o Cartago debe de ser destruida.