La Fiscalía no recurrirá la decisión del juez del Tribunal Supremo de poner en libertad a seis exmiembros del Govern, tras depositar cada uno de ellos la fianza de 100.000 euros.
El magistrado Pablo Llarena acordó la puesta la libertad de seis exconsellers, una vez que la ANC y Òmnium Cultural, pagaran íntegramente los 600.000 euros, cantidad que sumaban las fianzas, con el dinero de la «caja de solidaridad» de las entidades independentistas.
Las exconsellers de la Generalitat Dolors Bassa y Meritxell Borràs han abandonado la prisión de Alcalá Meco (Madrid) a las 15.50 horas del lunes tras pagar sendas fianzas de 100.000 euros que les impuso el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena y Raül Romeva, Carles Mundó, Jordi Turull y Josep Rull hicieron lo propio y salieron de la cárcel de Estremera (Madrid) ayer pasadas las 18:30 de la tarde.
Bassa y Borràs, ingresaron en la prisión madrileña el 2 de noviembre por supuestos delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso independentista en Catalunya, han sido recibidas por sus familiares y una delegación de ERC en las puertas de la cárcel madrileña.
Los cuatro consellers de Estremera han salido por su propio pie, saludando a los simpatizantes, y posteriormente han abandonado la cárcel en sus respectivos vehículos particulares o taxis. Las personas concentradas frente a la prisión han entonado cánticos en favor de la democracia y en recuerdo de los dos ex consellers, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, y ex activistas independentistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que permanecen encerrados por orden del juez.
El juez Pablo Llarena ha acordado este lunes mantener la prisión provisional sin fianza para el exvicepresidente del Govern de Cataluña, Oriol Junqueras, para el exconseller de Interior Joaquim Forn y para los líderes de Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Omnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Para los otros seis exconsellers de Cataluña que están en prisión, el juez ha acordado la prisión eludible bajo fianzas de 100.000 euros para cada uno de ellos. Una vez que las depositen, el magistrado les impone comparecencias semanales en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o en el juzgado o tribunal de su conveniencia, prohibición de abandonar el país y retirada de pasaporte. El magistrado les advierte de que el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones impuestas conllevaría su inmediato ingreso en prisión.
