Uno de los indicadores que evidencia con mayor rotundidad el nivel de democracia interna de un país, es el que se refiere a la gestión y cumplimiento de las normas fundamentales de las radios y televisiones públicas, neutralidad, objetividad y pluralidad, deberían ser respetadas escrupulosamente por los gobiernos, cualquiera que sea su signo político.
Según esta premisa deberíamos preguntarnos qué ha hecho el partido Popular con el nivel de calidad de nuestra democracia. Naturalmente es una pregunta retórica que se responde por sí misma. El servicio público de radio y televisión de titularidad del Estado es esencial para la sociedad, hoy más que nunca teniendo en cuenta la cantidad de medios privados tras los que se esconden grandes poderes económicos, conocedores de todas las tácticas y estrategias cada vez más estudiadas para crear opinión e influir en el imaginario colectivo. La finalidad es evidente, convertirse con más fuerza si cabe, en el cuarto poder; poner y quitar rey, alarmando, creando cortinas de humo o simplemente dirigiendo las emociones de la gente.
Se puede afirmar sin género de duda que la manipulación a la que se ha visto sometida nuestra RTVE durante el gobierno de Rajoy ha sido un escándalo de proporciones titánicas. El pasado febrero, el Parlamento Europeo admitió la solicitud del Consejo de Informativos de TVE para someter a examen la imparcialidad de los espacios de información de la televisión pública española. La Comisión de Peticiones de la eurocámara encargó además un informe para evaluar si los contenidos emitidos en los informativos de la cadena cumplían los principios de objetividad, pluralidad e imparcialidad a los que está obligado el ente tanto por la legislación española como por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la directiva europea 2010/13/UE.
El Consejo emitió un comunicado en el que denunciaba el incumplimiento reiterado “desde hace más de cinco años” de su deber de emitir una información independiente de los intereses partidistas, “privando a millones de ciudadanos de un derecho básico y fundamental” y calificaba la situación como “la etapa más negra de la manipulación y la censura en la televisión pública”. El bochorno ante Europa estaba servido.
La aprobación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, supuso dotar a los medios de comunicación audiovisual de un régimen jurídico que garantizara su independencia, neutralidad y objetividad y que estableciera estructuras organizativas y un modelo de financiación que les permitiera cumplir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y reconocimiento público. Pues bien, el gobierno del PP no sólo se ha saltado a la torera la ley, sino que ha conseguido poner en pie de guerra a los trabajadores del otrora llamado “ente público”, hartos de sufrir presiones y presuntas veladas amenazas.
La importancia del asunto no puede ni debe despreciarse, téngase en cuenta que los informativos de TVE han sido los más vistos en los últimos 19 meses.
Como todo el mundo sabe, existe en el Congreso la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, a la que pertenecí en calidad de secretaria primera (VI L). Si la gente leyera las intervenciones en esa Comisión (puede hacerse en la web del Congreso), muy posiblemente verían los informativos desde otra perspectiva, porque hay detalles nimios, tácticas que no lo parecen, cuestiones como quién y cuánto tiempo aparece sobre determinada noticia; quiénes aparecen en qué lugar, cuántos minutos se explaya el Gobierno y cuántos dejan a la oposición, y sobre todo de qué forma se maneja el maniqueísmo que convertía al gobierno y el partido que lo sustentaba, el PP, en salvadores del país y al PSOE en una panda de villanos.
En definitiva, es preciso devolver la dignidad a la RTVE y el respeto a sus trabajadores, hemos de aspirar a ser la admiración del mundo en la recuperación de cultura democrática. La excusa de que la BBC es ejemplo de lo que debe ser una cadena pública porque está en un país de larguísima trayectoria democrática no nos sirve, porque no es el tiempo el que marca el hábito democrático, sino la consciencia y la voluntad de la gente, grabadas ya en el ADN de la ciudadanía española.
En el artículo 3.2 de la antes mencionada Ley se determinan los principios que deben regir el ejercicio de la función de servicio público de RTVE, y en uno de sus párrafos: “La función de servicio público debe garantizar el respeto a dichos principios y a los derechos y libertades que en ellos se reconocen, en especial el respeto al pluralismo político, cultural, lingüístico, religioso y social.” “Garantizar la información objetiva, veraz y plural, que se deberá ajustar plenamente al criterio de independencia profesional y al pluralismo político, social e ideológico presente en nuestra sociedad, así como a la norma de distinguir y separar, de forma clara y perceptible, la información de la opinión. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.”
Quien haya visto y oído la RTVE de forma analítica, no automática, habrá caído en la cuenta de la involución creciente -en ocasiones rozando el esperpento- de un medio que pagamos todas y todos, y que difícilmente puede apreciarse cumplimento de ninguno de los principios de la Ley. Rajoy afirmaba, en un ejercicio de cinismo, hace un par de años que aspiraba a que la nuestra se pareciese a la británica; como de costumbre actuó de forma contraria a lo que predicó, acabó con el nombramiento democrático del presidente de RTVE que había impulsado el gobierno de Zapatero y desaparecieron de un plumazo los informativos plurales e independientes también impulsados por el presidente socialista. Por cierto, que fue éste quien suprimió la publicidad y diseñó un nuevo sistema de financiación.
Hay mucho por hacer y puede hacerse, comenzando por la elaboración a través de un proceso participativo, en la línea del libro blanco de David Cameron, en el que se recojan las opiniones de la gente, organizaciones sociales y expertos y que se convierta en la guía indiscutible que apoye la ley de la radio y televisión de titularidad estatal.
Y es verdaderamente necesario actuar, no sólo para velar por los derechos de los receptores de la información, sino también como única forma de garantizar las libertades de los informadores frente a posibles injerencias de los titulares de los medios o grupos de presión, como advierte la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y como se recoge en la ley 17/2006, de 5 de junio, art.24, evidentemente puesto en duda su cumplimiento a tenor de las últimas manifestaciones y reivindicaciones de los trabajadores de RTVE.
Finalmente, la esperanza de la que muchos hablábamos durante las primarias del PSOE se ha convertido en una realidad. En todas sus intervenciones, el ahora presidente Sánchez siempre dejó bien claro su objetivo de dignificar nuestra democracia en todos los ámbitos, y ha predicado con el ejemplo, empeñado en conciliar ética y política, por ello sabemos que hará posible ese acercamiento al modelo BBC tan admirado en el mundo.
