Roberto Macías, el ex administrativo de la federación andaluza de UGT y testigo crucial en destapar la trama gastronómica y otros placeres de la cúpula de UGT en Andalucía, se ha convertido en una víctima de un sistema que desampara a alertadores de corrupción. El sindicato pide que sea condenado a 4 años de cárcel, acusado de destapar la contabilidad interna y el presunto fraude de las facturas falsas de UGT.

Macías no desiste en luchar por sus derechos. El año pasado por estas fechas, el ex administrativo se encadenó en la entrada de la sede de UGT para que todo el mundo viera su mensaje: “Roberto Macías es víctima de la caza de brujas de UGT Andalucía. Le acusan de revelar sus supuestas facturas falsas. Le piden 4 años de prisión y 60.0000 euros por daños morales”.

La historia en sí es grotesca: ser denunciado a consecuencia de destapar la corrupción. Roberto Macías trabajó en el departamento de compras de UGT desde el año 2006 hasta el 2012. Según sostiene la Fiscalía, el administrativo se descargó archivos confidenciales que sirvieron para arrancar la investigación de un juzgado de Sevilla que escruta la legalidad de dinero invertido en ayudas a la formación. Lo que Macías no imaginó es que su papel como testigo y en plena colaboración con la Justicia provocaría que UGT en represalia a la prueba testifical presentara una querella criminal por delito de revelación de secretos.

España es el único país de los 35 miembros de la OCDE que no protege a las personas que denuncian a los corruptos ni ha regulado la protección de los denunciantes a nivel estatal. Por ello, desde la Plataforma por la honestidad hacen un llamamiento para que la tramitación de la Ley de protección de denunciantes no siga dilatándose en el tiempo. Reclaman con urgencia, la protección de los alertados de corrupción en España y se cese el calvario que tienen que vivir los denunciantes.

Desde que fue despedido por UGT-A el 28 de de noviembre de 2012, Roberto no ha podido pasar página y siente indignación ante un partido que se define como los “defensores de los derechos de los trabajadores” cuando pretenden que ingrese en prisión durante cuatro años.

La Plataforma insiste que “en la actualidad está en debate el papel de los testigos y denunciantes de corrupción y el desamparo de los mismos ante las instituciones y la propia sociedad que los discrimina, cuando la Comunidad Europea es muy sensible con el tema y sin que en España se haya regulado nada al respecto”. La falta de actuación está causando una escasa sensibilidad de los letrados en estos aspectos “ que los tratan de una forma rutinaria, encontrándose en debate europeo la redacciones de una directiva al respecto, dado el auge imparable de los temas de corrupción y el papel de la sociedad civil en los mismos, único bastón junto con la judicatura en la defensa del estado de Derecho.

 

Denunciantes denunciados 

La corrupción en nuestro país se ha convertido en nuestro café matutino. Una plaga presente cada día y que llega sin que nadie se asombre. El número de denunciantes que sufren amenazas y represalias aumenta a medida que el Estado demuestra su inexistente intención de proteger a los whistleblowers.

Entre los casos más sonados se encuentra Luis Gonzalo Segura que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por denunciar corrupción en los altos mandos del Ejército español. Del mismo modo, Ana Garrido, una de las alertadoras de la trama Gürtel ha sufrido extorsión y acoso por parte del Ayuntamiento al que denunció según ratificó el Tribunal Supremo.

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