Dos individuos entraron en el día de ayer en el domicilio de la periodista, activista en la defensa de los derechos humanos y escritora mexicana Lydia Cacho y robaron equipos de trabajo e información altamente sensible que formaba parte del trabajo de la periodista. Este hecho sólo puede ser entendido como una represalia por parte de aquellos que se ven en peligro por el ímprobo trabajo de investigación periodística de Lydia Cacho.

El último acto público en el que participó la periodista y escritora mexicana fue como docente en el curso de verano de la Universidad de Cádiz Feminismo, Igualdad Real, organizado por la Escuela Superior de Igualdad Real, Humanidades, Comunicación y Cine, MEG y la propia UCA. Durante los días en que se celebró este curso, Lydia Cacho impartió su experiencia, su visión del feminismo y de la lucha por la defensa de los derechos humanos a las alumnas y alumnos, junto a mí, a un equipo especializado de docentes universitarios y de importantes profesionales en sus respectivos ámbitos.

Los ladrones irrumpieron al domicilio de Lydia Cacho, a las 18:30 hrs, aproximadamente, después de romper los cables de las cámaras de seguridad y desactivar la alarma. Sustrajeron equipos de trabajo, incluyendo una grabadora de audio, 3 cámaras fotográficas, varias tarjetas de memoria, un ordenador portátil, y 10 discos duros con información de alto interés público relacionada con casos de pederastia. Afortunadamente, Lydia Cacho tiene copias de seguridad de dicha información en distintos países del mundo.

Además del robo de información, desordenaron su habitación, destrozaron objetos, entre ellos fotografías familiares y ropa interior, y mataron a una perra que protegía la casa y a otra la envenenaron.

Esto sucede en el contexto de la búsqueda de justicia de Lydia Cacho por la tortura a la que fue sometida en 2005 por parte de un grupo criminal de poder encabezado por altos funcionarios y empresarios de los estados de Puebla y Quintana Roo. El Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró a México responsable por la violación a sus derechos humanos, por la tortura a la que fue sujeta y por la falta de debida diligencia en la investigación. Todo esto como consecuencia de la publicación del libro “Los demonios del edén” en el cual se exhibe una red de pederastas que opera en los Estados mencionados. La periodista, sin embargo, sigue investigando casos de su especialidad periodística.

Expertos en seguridad, consultados por Lydia Cacho después del allanamiento y del robo, aseguraron que “iban por ella” y que, afortunadamente, no se encontraba en su hogar.

Cabe destacar que, como consecuencia del dictamen del CDH de la ONU, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) emitió el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Mario Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista.

Las agresiones del día de ayer son un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia Cacho, que ha llevado más de 14 años. En su momento el CDH señaló que “las agresiones que sufrió la periodista habían sido focalizadas y con contenido discriminatorio en razón de género y connotación sexual”. El mismo patrón sucedido en el 2005 se repite con las agresiones de ayer. La rotura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista.

El allanamiento y la sustracción de material periodístico con información de interés público figuran como elementos intimidatorios que pretenden generar un efecto inhibidor en el activismo, defensa derechos humanos y ejercicio de la libertad de expresión de Lydia Cacho, quien hoy es una referencia a nivel internacional sobre el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos de las mujeres y la niñez.

Por ello, a pocos días del primer aniversario del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU y a casi 5 meses de la disculpa pública del Estado mexicano en que se reconocieron las violaciones a los derechos humanos de la periodista y se comprometió a lograr una reparación integral del daño y todas las medidas para garantizar su vida, integridad y libertad de expresión, hay que exigir a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República, especialmente a la FEADLE, se cumplan las garantías de no repetición, se garantice su seguridad y su vida en todo momento y se sancione a los responsables de estos hechos.

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