Reyes Calderón negó irregularidades a pesar de tener cerrada la elección de Saracho

Tal y como publicamos en Diario16, el proceso de sustitución de Ángel Ron iniciado por Reyes Calderón para que el mexicano Antonio del Valle tomara el control del Banco Popular estuvo lleno de irregularidades. Así se lo hizo ver, en un correo electrónico, José Mateu, representante la Sindicatura, el máximo accionista de la entidad.

Mateu censuró el modo en que se gestionó la convocatoria de la Comisión de Nombramientos porque el proceso se estaba llevando a cabo de una «forma incompatible incluso con los estándares menos exigentes de gobierno corporativo», se afirma en el correo al que ha tenido acceso Diario16, que, además, indica que, como representante de la Sindicatura, presentó una «enmienda a la totalidad de todo lo que se dijo se había hecho hasta ahora en torno a la posible sucesión del presidente». Además, reconoció que dicha convocatoria estaba llena de irregularidades jurídicas.

La respuesta de Reyes Calderón no se hizo esperar. Había demasiado en juego y el único obstáculo que tenía para llevar a efecto el plan para derribar a Ángel Ron y nombrar a Emilio Saracho como presidente era, entre otros, la Sindicatura. Por esta razón, apenas dos horas después de recibir la misiva del representante del máximo accionista, Calderón envió un correo a Mateu, al que ha tenido acceso Diario16, en el que la ex consejera negaba cualquier irregularidad jurídica, acusación que catalogó como de «infundada e inaceptable».

Su contraargumentación a lo indicado por Mateu en el anterior correo se basa en que, en primer lugar, ella estaba asesorada por el despacho de abogados Alemany, Escalona & De fuentes y, en segundo término, porque echa mano de la necesidad de esa reunión por «la situación mediática creada (a pesar de nuestra insistencia en mantener la máxima discreción en este proceso) y la necesidad de salvaguardar los intereses del banco y de todos sus accionistas».

Esto afirmaba Reyes Calderón en el correo de respuesta a Mateu, sin tener en cuenta que, precisamente, fueron ella y los adláteres que apoyaron a Antonio del Valle porque esperaban que, si el mexicano se hacía con el control del banco, los que se dedicaron en esos meses a filtrar noticias, la gran mayoría de ellas falsas, a los medios a los que Del Valle regó, presuntamente, de dinero. En este punto no hay que olvidar la amenaza que el mexicano hizo a Ángel Ron por la que, si no aceptaba sus condiciones para invertir 1.000 millones en la ampliación de 2016, iniciaría una campaña en los medios de comunicación para bajar el valor en bolsa del banco.

En el día en que se cruzan estos dos correos, 25 de noviembre, Emilio Saracho ya había sido el designado y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en el viaje que éste realizó tres días antes a Nueva York para negociar con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que el banco de inversión le mantenga un bono al que tiene derecho en el caso de que se jubilara en JP Morgan y que, sorprendentemente como una menesterosa ONG que es, la entidad de inversión aceptó. Saracho conocía a Del Valle de antiguo y, según confirman a Diario16 diferentes fuentes del sector financiero, estaba frustrado por no haber incluido a JP Morgan entre los aseguradores de la ampliación de capital de 2016.

Reyes Calderón afirma en su correo que el proceso de sustitución de Ángel Ron que no se estaban cometiendo irregularidades, sin embargo, obvió el hecho de que el día 8 de noviembre recibió la hoja de trabajo del headhunter (cazatalentos) Spencer Stuart en la que se reconocía que fue ella quien informó del interés de iniciar la «búsqueda de un presidente para Banco Popular, planteando que sea un reemplazo del actual presidente, Ángel Ron». De este proceso no había sido informado el Consejo de Administración, algo que, evidentemente, fue una irregularidad jurídica.

La situación generada, junto con el conocimiento por parte de Ángel Ron de que la consejera se había entrevistado con algún colega en ejercicio para ofrecerle el cargo y también con otros potenciales candidatos, determinó que el 11 de noviembre se celebrara una inusual y atípica reunión con los consejeros a los que Calderón había ocultado el proceso, así como con el secretario y el presidente.

Tras el requerimiento de explicaciones, reconoció haber procedido a contratar letrados para que la asesoraran en sus gestiones a favor del interés de Antonio del Valle. Tal contratación se hizo en nombre del banco, sin autorización del consejo, ni del presidente, ni del consejero delegado, ni de ningún otro responsable, pero con cargo a la entidad. El reconocimiento se hizo ante varios consejeros que recriminaron duramente su actuación y la advirtieron del carácter ilícito de la misma, así como de su disposición a entablar acciones legales contra ella. Entre ellos estaba Ana Molins, consejera y miembro de la Comisión de Nombramientos, desconocedora absolutamente de todos los hechos que comentó Calderón.

Inmediatamente después de la finalización de esta reunión, Ángel Ron recibe una llamada de Antonio del Valle preguntándole que «qué le habían hecho a Reyes Calderón, que estaba muy afectada». A pesar de todo esto, Calderón siguió adelante con su plan.

Por tanto, Reyes Calderón contestó a José Mateu cuando las decisiones ya estaban tomadas, Saracho estaba ya seleccionado y éste se aprovechó de Calderón para que el banco publicase un hecho relevante con el nombramiento de Saracho, sin haberse cerrado sus irracionales condiciones económicas que incluían un bono de bienvenida de cuatro millones, que cobraría, aunque no tomase posesión y por el que hubo que modificar los Estatutos del Popular, tal y como describió Manuel Domínguez Moreno en su libro Banco Popular. Una operación diabólica.