domingo, 23enero, 2022
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Revive la danza de la muerte

Jorge Zavaleta Alegre (Lima)
Corresponsal en Latinoamérica
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Llegamos a Castrovirreyna, una ciudad en la frontera con Ayacucho,  en los andes centrales del Perú,  para conocer los avances  de algunos  proyectos de planificación urbana para construir  ciudades asequibles a la inversión y turismo, donde las heridas de la guerra entre Sendero Luminoso  y  la Fuerza Armada dejan recuerdos de la barbarie, y  que podrían   cicatrizar  si el  estado nacional  tuviera la capacidad democrática para administrar con honradez los  escasos recursos  que figuran en los presupuestos, incluyendo la simbólica cooperación internacional.

El asalto  a los fondos públicos es la práctica cotidiana de muchos  gobiernos locales, siguiendo la lección de  cuatro  gobernantes de la república, de los cuales dos están en prisión: Fujimori y Humala. Sobre García y Toledo pesan gravísimas acusaciones de asalto a  la caja fiscal y sobornos a suma alzada.

Esta referencia viene a propósito de la libertad que la justicia ha otorgado, después  de 25 años de prisión, a una bailarina de ballet, cuya decisión se ha convertido  en un espectáculo por acción de una prensa que destaca el origen  social  de la reclusa, como una forma de bajar la acción de los tribunales con respecto a los millonarios sobrecostos de varios proyectos gasíferos y petroleros en los cuales las administraciones nacionales son sindicados como responsables.

Esta semana también saldrá en libertad la abogada senderista Bertha Huapaya  y el juicio a  Abimael Guzmán por el atentado terrorista en el distrito limeño de Miraflores.

La bailarina de ballet Maritza Garrido Lecca, de 52 años,  arrestada el 12 de setiembre de 1992 en su casa del distrito limeño de Surquillo, donde escondía al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, un líder mesiánico fundador de una organización maoista creada  en 1980 y que recurrió al terrorismo para tratar de tomar el poder.

Ella, junto a su entonces novio, quien también ha cumplido cárcel, elaboró una cuidadosa coreografía para su propósito. Alquiló una vivienda en Lima en la que instaló una escuela de danza a la que acudían madres con sus hijas.

Mientras las niñas danzaban en el primer piso del inmueble, en el segundo, la cúpula de esta organización maoísta, con Guzmán a la cabeza, tramaba estrategias que han sido comparadas con la de los quémeres rojos de Camboya: tierra arrasada y exterminio de enemigos.

La Agencia France Press señala que la prensa peruana  dedica a la bailarina por estos días una amplia cobertura, en medio de la controversia. La revista Somos, del diario El Comercio, cuenta su historia en 19 páginas, y varios programas de televisión han copado con programas alusivos a ella:

“…. una compañera del partido que ha cumplido muy bien su función, sabe lo que ha hecho», dijo Guzmán tras su captura, según un policía que interrogó al líder senderista en septiembre de 1992.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación,  desde  el Lugar  de la Memoria-LUM, recuerda que las investigaciones  sobre el proceso de violencia de origen político que se vivió en el Perú entre los años 1980 y 2000, han permitido a la CVR llegar a constar que el conflicto armado interno  constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República. Asimismo, que fue un conflicto que reveló brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana.

Resulta extraño que  el actual ministro de cultura  del presidente PP Kuzynski haya despedido al director del Lugar de la Memoria, antropólogo Guillermo Nüguet, por haber  autorizado un nuevo informe  sobre la  represión ejercida durante el  régimen presidente Fujimori, quien está condenado a  25  años  de prisión.

La cifra más probable de víctimas fatales de la violencia es de 69,280 personas. Se ha constatado que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y probabilidad de ser víctima de la violencia.

Mariza Garrido

En el departamento andino de Ayacucho se concentra más del 40 por ciento de muertos y desaparecidos. Al sumar a ello las víctimas  en los departamentos de Junín, Huánuco, Huancavelica, Apurímac y San Martín se llega al 85 por ciento de las víctimas. Conjuntamente con las brechas socioeconómicas, el proceso de violencia puso de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún prevalecen en el país.

La gran mayoría  de las víctimas fatales del conflicto armado interno tenían el quechua u otras lenguas nativas como idioma materno.

El Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso (PCP-SL) inició la lucha armada contra el Estado Peruano, a contracorriente de la abrumadora mayoría de peruanos y peruanas, y en momentos en que se restauraba la democracia a través de elecciones libres.

Los  peruanos tampoco olvidan que en 1984, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) inició a su vez una lucha armada contra el Estado y es responsable del 1.5 por ciento de las víctimas fatales que fueron reportadas a la CVR. El MRTA asesinó a disidentes de sus propias filas.

En ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las fuerzas armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario.

Es necesario señalar el  reconocimiento especial de la CVR a todas las víctimas pertenecientes a los partidos que conformaron la alianza Izquierda Unida.violencia. Resalta, también, que IU fue un canal de representación política de amplios sectores populares y movimientos sociales hasta entonces no incluidos en la agenda nacional. De esta forma, en muchas zonas del país, militantes de izquierda fueron un freno para el avance del PCP-SL.

A través de numerosos testimonios recogidos, audiencias y estudios realizados, se ha constatado que, durante el proceso de la violencia, las iglesias Católica y evangélicas contribuyeron a proteger a la población de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Y se deplora que algunas autoridades eclesiásticas de Ayacucho, Huancavelica y Abancay no hayan cumplido con su compromiso pastoral.

 

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