En el último año asistimos, con espanto, al crecimiento de las agresiones, abusos sexuales y acosos vejatorios, muchos de ellos brutales, entre adolescentes y jóvenes, sin que nadie desde los poderes públicos y representantes políticos, preste atención a los gritos de alarma de los padres de quienes los sufren. Responsabilidad que se difumina al no existir un organismo público encargado de monitorizar y velar por reducir estos desmanes, que salpican a los padres de los agresores, a los directores de colegios e institutos, a los profesores, al sistema educativo, a los poderes públicos y a las formaciones políticas.
En una sociedad donde todo está al alcance de un <<clik>>, resultan sorprendentes, y culpables, las posiciones de los recalcitrantes empecinados en no reconocer que todo pasa por la educación, que debe abordar la enseñanza reglada de la sexualidad humana y el respeto al diferente en colegios e institutos. Enseñanzas vitales que se imparten de manera esporádica con seminarios o conferencias en algunos centros educativos, por acuerdo del claustro de profesores y el Ampa. Falta de formación que está en la base del crecimiento exponencial de los abusos y agresiones verbales y físicas, que verifican el absurdo de las mentiras de los tridentinos meapilas que se niegan por sistema a que adolescentes y jóvenes conozcan la diversidad y sexualidad humana, con la denuncia mentirosa de que se estimula la práctica sexual y se les pervierte la mente. ¿Hasta cuándo tendremos que aguantar este sinsentido?
Información que, sin embargo, está a su alcance en todo momento en las páginas pornográficas y vídeos denigratorios hacia el diferente que ven en sus móviles sin cortapisa ni asesoramiento, que les conduce a una comprensión hermética y excluyente de las relaciones humanas; y fría y mecánica de la sexualidad que reproducen en sus primeras relaciones que comienzan a esas edades. Responsables son también los padres que no vigilan el uso de que hacen sus hijos adolescentes de los móviles ni las horas que pasan ante ellos; y los directores que no prohíben su acceso a los centros educativos y no crean seminarios formativos obligatorios sobre el buen uso de la tecnología. Responsables son los profesores que callan o pasan por alto su uso las aulas y los abusos que se producen sobre los alumnos de personalidad más débil, o no meten en cintura a los <<chulitos>> y <<chulitas>> de clase que siempre los hay. Responsables por tapar estos oprobios con el banal argumento de que son cosas propias de la edad; y por no hacer pedagogía constante cada vez que se conoce un caso de abuso o agresión física o sexual entre jóvenes y adolescentes.
Y, por supuesto, responsables son las administraciones públicas que deben hacer pedagogía constante sobre estos asuntos, mediante campañas públicas y seminarios en los centros —ya que los ultramontanos veladores de una moral medieval rechazan una formación reglada—; y aumentar las penas para quienes violan, abusan o apalean a otro compañero o compañera dentro o fuera del aula. La edad no debe ser un eximente que les libere de un castigo más contundente que los actualmente en vigor en un tiempo donde, por mor de la tecnología digital, los adolescentes y jóvenes maduran a velocidad luz sin apenas supervisión.
