El pasado sábado, a primera hora de la madrugada, Diario16 abría su edición digital con un artículo de análisis del presidente, autor y editor de este medio, Manuel Domínguez Moreno, en el que, ante la situación que se estaba viviendo, con importantes picos de mortandad por coronavirus, en las residencias de mayores, se instaba a la Fiscalía correspondiente a que entrara de oficio a investigar la situación tanto en los centros públicos como privados. La publicación venía a través de las denuncias recibidas a través de las fuentes con las que cuenta este medio, en concreto, con las de su presidente.

Hoy, en una decisión muy acertada, el Gobierno ha decidido que la Fiscalía empiece a investigar lo que está sucediendo en las residencias, sobre todo tras confirmarse que varias residencias de mayores, principalmente privadas, han llegado a esconder cadáveres de personas, de seres humanos, fallecidas por el coronavirus por temor a que se investigara y se les pudiera retirar la gestión de los servicios por parte de las comunidades autónomas competentes.

Este artículo fue publicado antes, incluso, de que el Gobierno tomara la acertada decisión de enviar a la Unidad Militar de Emergencia (UME) a tomar el control sanitario de estas residencias o de que los sindicatos, aplicando su función de control social, reclamaran al Ejecutivo que tomara el control de las residencias privadas.

En ese artículo se instaba a la apertura de diligencias en todas las residencias, hayan tenido muertos o no, para poder discriminar las que cometieron negligencias y las que procedieron con diligencia, respeto y dignidad con sus residentes.

Otro aspecto en el que se incidía en el artículo de Manuel Domínguez Moreno era en la situación de los y las trabajadoras de estos centros y de cómo la Fiscalía debía determinar la precariedad de las empleadas y la de los residentes, además de investigar las cuentas de todas estas empresas, no vaya a ser que se encontraran beneficios a costa de las condiciones de trabajo, de la protección de las plantillas o de las personas mayores, hecho por el que los administradores de estas sociedades tendrían que ser llevados ante los tribunales.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha indicado que los focos de contagio son un 20% más altos en las residencias de mayores. Por eso el Gobierno ha puesto los medios a través de la UME. Tras el anuncio del Gobierno, la Fiscalía podrá investigar por qué se ha dejado la gestión del cuidado de los mayores en manos de algunas empresas privadas que miran antes por su cuenta de explotación que por el bienestar de los residentes, de por qué las residencias no cuentan con personal sanitario especializado de manera constante, no sólo cuando hay una crisis sanitaria.

Esta es otra de las consecuencias de las políticas basadas en las privatizaciones y no en proteger los servicios públicos.

La Fiscalía investigará cada caso de fallecidos ocultos en las residencias de mayores

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre