Que desde el 14 de marzo que se declarara el Estado de Alarma hasta ahora todavía existan medios que sigan diciendo que las competencias de las residencias de mayores pertenecen al Gobierno y que el responsable es Pablo Iglesias. Una acusación que no solo es un insulto a la inteligencia de cualquier ciudadano español con un mínimo de rigor a la hora de contrastar noticias, sino que es un insulto al periodismo y al código deontológicogico de éste.
Los que escribimos sin disponer de esos estudios tan preciados para presentar programas en prime time tipo “El Programa de Ana Rosa”, o redactar columnas de opinión en diarios digitales tipo “OkDiario” al menos tenemos la decencia de procurar cumplir con ese código que recoge artículos como:
- 3. El principio básico de toda consideración ética del periodismo debe partir de la clara diferenciación, evitando toda confusión, entre noticias y opiniones. Las noticias son informaciones de hechos y datos, y las opiniones expresan pensamientos, ideas, creencias o juicios de valor por parte de los medios de comunicación, editores o periodistas.
- 36. Teniendo en consideración lo
anteriormente expuesto los medios de comunicación deben:
- Comprometerse al sometimiento de principios deontológicos rigurosos que aseguren la libertad de expresión y el derecho fundamental de los ciudadanos a recibir noticias veraces y opiniones honestas.
A estas alturas del texto imagino que habrán captado la ironía del segundo párrafo. Así,les daré una pista por si no lo pillan a la primera: el libro de Ana Rosa Quintana no fue escrito por ella, fue plagiado, y en OkDiario tenemos artistas de la talla de Entrambasaguas y Álvaro Ojeda, conocidos mundialmente por su falta de neutralidad política y su ausencia de rigor periodístico, cualidades que también podemos atribuir al condenado por inventar entrevistas Javier Negre.
Pero ¿Quién sufre las consecuencias de esta “prensa”, por llamarlo de alguna manera? Ustedes como ciudadanos, la sociedad en conjunto al no estar informada verazmente, y en casos concretos, los afectados, y es a ellos a quien nos referiremos a partir de aquí.
La Comunidad de Madrid ya en el año 2014 tutelaba aproximadamente a 5000 mayores, una de las pocas comunidades autónomas que cuenta con un organismo público para dar servicio a aquellas personas que padecen trastornos mentales, adiciones, o cualquier tipo de patología o enfermedad que les impide mantener una autonomía, obviamente hay que sumar el dato de no disponer de familiares que puedan/quieran hacerse cargo de esta tutela.
Si se quedan solo con la primera línea del anterior párrafo podríamos decir que la gestión de la Comunidad de Madrid en el año 2014 era inmejorable, así podrían pintárselo las Ana Rosas, los Ojedas, o los Negres, pero si se adentran un poco más en esta problemática descubrirán que, en ese mismo año, este organismo público contaba para atender a esos 5000 mayores únicamente con 39 personas en plantilla, no creo que sea necesario desglosarlo para darse cuenta de la clara falta de personal empleado en el cuidado de nuestros mayores.
Falta de presupuesto no es, ya que cuenta con cuatro millones de euros anuales. ¿A dónde va esa pasta?, nadie lo sabe. En septiembre del mismo 2014 “La Confederación Española de Alzheimer” reproducía una entrevista realizada a Matilde Fernández Sanz, portavoz socialista de la Asamblea de Madrid, en donde se reconoce que no existe fiscalización alguna en referencia a la Agencia de Tutelas de Adultos de la Comunidad de Madrid -en adelante AMTA-, quien nada teme nada oculta dicen los mayores. Parece ser que el AMTA ha ido por libre durante años, algo fácil de hacer, recordemos que estos mayores no tienen familiares detrás de ellos para andar preguntando qué está pasando, y que cuentan con la inestimable ayuda de pseudo periodistas que tapan estas negligencias.
En el año 2015, Javier Fernández, miembro de Abogados Contra la Corrupción, declaraba que la AMTA permite una gestión irregular y delictiva de los patrimonios de los tutelados, sumándole a esto parte de los impuestos de los ciudadanos que contribuyen gustosamente pensando que estos organismos públicos hacen lo que deben, que en este caso es ofrecer una vida digna a nuestros mayores. Cuando Javier Fernández afirma rotundamente que gracias a la AMTA se benefician especuladores inmobiliarios, entidades bancarias, centros hospitalarios, residencias geriátricas, abogados, procuradores y familiares sin escrúpulos y gran ambición económica, es cuando todo ciudadano con dos dedos de frente tiene que empezar a darse cuenta que todo lo que esté en manos de corruptos o de gestión privada tiene todas las posibilidades de acabar en fraude, y este fraude en cuestión está costando vidas humanas.
En el año 2015 Julia Isabel Gómez Salas denunciaba que la falta de personal dedicado a los mayores tutelados hacía que en días festivos no pudiera visitar a su madre, ese año la plantilla era de 70 personas, insuficiente de nuevo. Alberto Reyero, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid y actual denunciante de las negligencias de la gestión de la CAM en lo referente a las residencias, en 2015 siendo diputado de UPyD anunciaba que el presupuesto del AMTA llevaba congelado 7 años, a mí me gustaría saber en qué se invierten cuatro millones de euros anuales cuando solo se extienden un máximo de 70 nominas en el mejor de los años.
Es en 2017 cuando los Juzgados comienzan a retirar tutelas al AMTA, pero el “modus operandi” de esta sigue siendo el mismo con un cambio, gracias a las denuncias formuladas, el 3 de marzo de ese año se aprobaba la Reforma de la Ley de Tutela de Adultos gracias al tesón de Alberto Reyero. Mediante esta reforma, el parlamento autonómico pretendía dar transparencia a la AMTA, que contaba por aquel entonces según datos ofrecidos por ella misma con 3035 tutelados. La AMTA al ser el tutor legal de esta cifra tan alta de personas administraba 2.721 inmuebles de la Comunidad de Madrid: 1.225 pisos, 790 fincas rústicas, 327 explotaciones agrarias y 63 locales comerciales de los que apenas da cuentas.
Resulta asombroso como se habla en la actualidad del baile de cifras de fallecidos en referencia al Covid-19, y que a nadie parezca importarle el baile de cifras de millones invertidos no sabemos en qué exactamente, la cifra de inmuebles administrados por no sabemos quién, y la cifra de mayores tutelados, esto último lo advierto porque las cifras bailan hasta en 1000 personas de un año a otro, si la AMTA un año declaraba unos 3000, otro año como por ejemplo 2017 pasaba a 4.440, fecha en la que ya se habían destinado a este organismo público la friolera de 37,5 millones de euros, vuelvo a insistir, no sé en qué, viendo la deplorable situación en la que se encuentran nuestros mayores.
En el año 2017 la diputada en la Asamblea de Madrid por Podemos Isabel Serra volvía a insistir en la opacidad de la gestión de la AMTA recordando el caso AFAL, en el que la fiscalía pedía cárcel para la cúpula de esta fundación por desvalijar las cuentas de los ancianos hasta el punto de desviar 8,4 millones de euros a enfermos tutelados, cuando se llega a ese nivel inhumano está claro que es porque el sistema lo permite, un sistema no controlado de ninguna manera hasta que no se levanta la alfombra.
La memoria activa declarada en 2018 por el AMTA nos habla de que el 40% de los mayores tutelados en la CAM se encuentra en residencias de mayores, estando a disposición de acoger a estos mayores 13 de las 400 residencias activas en dicha comunidad. Si suman ya más de 200 demandantes en la CAM por la gestión de las residencias, imagínense que puede estar ocurriendo con los mayores que no tienen voz que les defienda, y que quien los tiene que defender esta bajo la sombra de la duda de no hacerlo correctamente.
De las 13 residencias en donde se alojan mayores tutelados en la CAM, al menos 7 de ellas están siendo investigadas por Fiscalía, investigaciones que se llevan a cabo porque familiares congregados en la Marea de Residencias deciden interponer demandas, pero, ¿Qué está ocurriendo con los mayores tutelados? ¿Quién está de algún modo llevando el control de estos mayores? No quiero ser yo quien haga leña del árbol caído, pero miembros de la Unidad Militar de Emergencias descubrían en varias residencias cadáveres que llevaban tiempo abandonados en cuartos. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad para permitir que ocurran estas cosas? ¿Este es el trato que se merecen aquello que llevaron este país a una supuesta democracia? ¿Este es el trato que merecen aquellos que lucharon por una jornada laboral digna para los que ahora miramos a otro lado como si no fuese con nosotros? Si fuese cierto que la pandemia por la que estamos pasando sacaría lo mejor de cada sociedad, espero que la sociedad española reclame justicia antes semejantes crímenes cometidos por aquellos que se creen impunes a la justicia y son amparados por la prensa sin escrúpulos.
Eso es apologia del fascismo.