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Residencia de los horrores: ¿Por qué nunca se cierran cuando hay malos tratos a los mayores?

La Fiscalía apunta a la directora como responsable del maltrato en el centro residencial de Llíria (Valencia)

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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Nuevo caso de malos tratos a mayores, de forma cruel y despiadada, que ha hecho que la Fiscalía, al conocer la noticia por los medios, tome medidas y apunte a la directora del centro como responsable de la situación de Llíria en Valencia. Sin embargo, como en otros casos, nadie se plantea el cierre del geriátrico. ¿Qué tiene que pasar?

 la Fiscalía ve maltrato a los mayores de Líria y quiere imputar a su directora. Así abre una investigación .

El pasado 8 de septiembre la Generalitat Valenciana anuncia que investiga un presunto caso de maltrato en una residencia de mayores de Llíria, después de que una extrabajadora haya distribuido unas imágenes en las que se ve ancianos aparentemente mal alimentados e incluso la caída de uno de ellos sin que sea atendido. Varios familiares anunciaron su intención de  denunciar a la residencia Domus Vi, de Lliria, (Valencia), que condena los hechos y asegura que no tenía conocimiento de estas situaciones.

Un nuevo caso de residencia de los horrores que se ha ido repitiendo en diferentes provincias en los últimos dos años como Madrid o Salamanca.

Salamanca

Lo mismo ocurrió en Salamanca, donde gracias a un programa de televisión en La Sexta de Chicote, se puso de manifiesto la mala situación de un par de residencias de la provincia. Una situación que de forma reiterada tanto Podemos como el PSOE habían denunciado en las Cortes de Castilla y León sin ningún éxito.

Ya entonces, en 2018, Diario16 publicaba que cuanto más se sabía de las dos “residencias de los horrores” de la provincia de Salamanca del Grupo Bellavista, ubicas en las localidades de Babilafuente y Castellanos de Moriscos, más difícil resultaba entender que aún siguieran abiertas y con una ocupación casi del cien por cien de su capacidad. La sanción que impuso la Junta de Castilla y León, de 75.000 euros, ni despeina a su propietario, Rafael de la Torre. Como ya denunciaran las trabajadoras hace año y medio, por ocultar, tras esos muros, se llegó a ocultar la muerte natural de un anciano, porque como estaban obligador a tener médico 24 horas y no lo había, retrasaron horas el informar de su fallecimiento.

Como confirmó entonces a Diario16 la ex trabajadora de una de esas residencias, Nieves Alonso,  los mayores comían poco y mal, que las trabajadoras han llegado a ir con cacerolas por agua al a fuente, que cuando se iba la luz, dejaba de funcionar la máquina de óxigeno de los mayores, y que, por ocultar esos muros, llegaron a ocultar muertos.

En otras residencias de este grupo se llegó a robar a los ancianos.

Unas y otras residencias dependen de sus respectivas comunidades autónomas. La falta de plazas residenciales impide que los gobiernos autonómicos vayan más allá de sanciones que apenas perjudican a las cadenas residenciales a las que pertenecen.

Quizá con el modelo de ciudades a la dependencia que se prevé en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española.

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