Pilar Llop tomó posesión en el día de ayer de su cargo como nueva ministra de Justicia y se tendrá que enfrentar a varios asuntos de manera urgente. Uno de los prioritarios es el rescate encubierto que el propio Gobierno de Pedro Sánchez aplica a la banca gracias a la no aplicación de soluciones a la saturación de los juzgados especializados en cláusulas abusivas.
La banca tiene un sistema claro que le es muy rentable: la litigación sistemática que tiene como origen la mala praxis de las entidades que retrasan los procedimientos en los tribunales, recurriendo a instancias superiores.
Se trata de un sistema altamente rentable para los bancos pues disuade a los consumidores de reclamar y supone un rescate encubierto a las entidades financieras que ven con tranquilidad cómo tendrán que devolver el dinero tras 6 o 7 años a los pocos consumidores que hayan reclamado.
Los afectados por cláusulas abusivas, sin soluciones
En este sentido, la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN), a través de su presidenta, Patricia Suárez, ha remitido una carta a la nueva ministra de Justicia, a la que Diario16 ha tenido acceso, en la que se recuerda a Llop que «tras más de 10 años de la crisis financiera, sigue sin haber alternativas efectivas para los consumidores bancarios: las resoluciones del Banco de España y la CNMV no son vinculantes, las demandas acumuladas o colectivas son complejas procesalmente hablando y retrasan aún más el resarcimiento de los consumidores, las entidades financieras no se adhieren a mecanismos de resolución alternativa de conflictos (ADR)».
Los bancos insisten en la litigación
Las entidades financieras no tienen ningún problema en contestar a las reclamaciones de sus clientes a través de la presentación de demandas en los tribunales, lo que deja a los consumidores con una única manera para solucionar que los bancos les hayan colocado productos con cláusulas abusivas: luchar en los juzgados contra los grandes despachos de abogados con capacidad de influencia en las instancias judiciales. Este hecho, evidentemente, repercute en que se generen procedimientos judiciales largos, costosos y dolorosos para las familias. Las cláusulas suelo, el Caso Popular, las hipotecas multidivisa, Valores Santander o el IRPH son los ejemplos más claros de este rescate encubierto permitido por el Gobierno, con su presidente como máximo responsable.
El coste de litigar es otra variable a tener en cuenta, no sólo para el demandante, sino para el resto de los contribuyentes. Es la ciudadanía la que paga, con sus impuestos, unos juzgados saturados por demandas que, finalmente, terminarán siendo favorables al consumidor.
Cuatro años de demora
En la carta de ASUFIN a Pilar Llop se recuerda que el colapso de los juzgados especializados en cláusulas abusivas se evidencia en que la resolución en primera instancia se demora ya más de cuatro años. En el juzgado especializado 101 Bis de Madrid, la admisión a trámite media es de dos años en demandas de multidivisa y asciende a 3 y 4 años si se trata de cláusula suelo. En el 50 de Barcelona, la admisión a trámite también se sitúa en los 2 años. En Málaga, la admisión de demandas de cláusula suelo y gastos se demora hasta 3 años; 2 años, en Cádiz, también en Zamora y Valencia. Corren mejor suerte los ciudadanos isleños, en efecto, un año para admitir a trámite en los especializados de Islas Baleares o Canarias.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), faltan por resolver 240.000 demandas en los juzgados especializados de los casi 600.000 (584.000 hasta diciembre pasado) que han ido llegando desde 2017, año de su creación, es decir el 41%. El resultado de los procedimientos ya tramitados arroja un porcentaje de éxito para el consumidor del 97,55%.
Santander fue condenado por colapsar los juzgados
Una sentencia delJuzgado de Primera Instancia nº 3 de Girona decidió poner fin a la estrategia de saturar los juzgados. En concreto, el Santander fue condenado, además de a devolver el dinero a un cliente por la abusividad «de la cláusula de gastos, intereses moratorios y vencimiento anticipado incorporadas todas ellas en la escritura de préstamo hipotecario de fecha 8/10/2009 suscrito con la demandada, condenándola a devolver las cantidades cobradas y restitución de los servicios satisfechos por gastos e intereses», a lo que se opuso el Santander.
Finalmente, y esto es lo importante, el magistrado David Torres Pindado, condenó al Santander al pago de las costas del proceso por temeridad.
«La postura mantenida por la demandada [Banco Santander] merece que sea declarada su expresa temeridad. En efecto, i) la demandada mantiene una postura de oposición frontal sin estar debidamente justificada; ii) se verifica y mantiene tanto en la previa reclamación como en vía judicial abocando a la prestataria consumidora a acudir al Juzgado, con el colapso que supone; iii) y teniendo muy presente que la STS de fecha 23/12/2015 declara la nulidad de cláusula semejante y por lo tanto la demandada ya debería haberla suprimido y devuelto cantidades conforme jurisprudencia imperante; y iv) es más, conforme a la STS de fecha 23/1/2019 la cuestión relativa a la nulidad de gastos y restitución de cantidades ha quedado plenamente zanjada, y pese a ello la entidad sigue mostrando oposición», afirma la sentencia.
Un sistema judicial diseñado para defender a los grandes
El actual sistema está ideado para defender al grande y al poderoso y no para aplicar el principio de igualdad procesal. Por tanto, el pequeño siempre tiene todas las de perder y de eso se valen los bancos. Es David contra Goliat.
Según expertos juristas consultados por Diario16, cuando se declara que un producto es ilícito, el Banco de España debería a obligar a todas las entidades a eliminarlo sin necesidad de que cada cliente acuda a los juzgados. De esa manera se eliminaría el exceso de litigiosidad que demora la Justicia y que es provocado por los grandes bancos, con, evidentemente, la permisividad del Gobierno.
Además, se impone una tasa para interponer un recurso de reposición, aunque sea de 25 euros, que las grandes corporaciones pueden sufragar pero que a los pequeños ciudadanos justiciables de a pie les cuesta sufragar. Por otro lado, esos ingresos de las tasas de los recursos no van a mejorar la Administración de Justicia, sino que se dedican a otros menesteres que no tienen nada que ver con la Justicia.
Cuando tienes una disposición transitoria en la Ley de Enjuiciamiento Civil que lleva casi 20 años en aplicación y es transitoria es que algo no funciona y no funciona porque no quieren que funcione. La disposición final 16 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lleva casi 20 años aplicándose cuando se supone que era para un régimen transitorio que se ha convertido en definitivo, imposibilitando que millones de infracciones procesales sean anuladas.
Mientras todo esto ocurre, Sánchez sigue a lo suyo. Ya saben ustedes a qué.
Pensar una cosa.: Para qué necesitamos un banco? Tenemos Nif, documentos de identificación electrónica y un número de cuenta obrigados a pagar por un servicio esencial que financiamos nosotros mismos, y Les dejamos especular en él espéculo para estarmos a nosotros mismos, si Al final hasta pagamos sus deudas por la mala gestión de nuestro dinero. Recordad que el dinero del primer rescate lo emplearon para autoliquidarse con sus cláusulas millonarias reconociendo su nefasta gestión, amén de vender productos tóxicos a todos aquellos que aún confiaban. Manda él dinero, lo sé. Pero no dejo de pensar que es nuestro en origen. Otro día pensamos si todavía precisamos dinero físico.