El pasado día 12 febrero 2021 la Audiencia Nacional de Coruña pública la sentencia de las Torres de Meirás, en Sada, produciendo la mayor humillación a la democracia española. Claro que nuestro nivel democrático tiene mucho que mejorar: la aplicación del artículo del Código Civil y la actuación de los jueces es una muestra incontestable en sus actuaciones. Pero las cosas vienen de muy atrás y tienen una historia más que dudosa, en mi opinión.
La democracia, como bien sabemos, se establece entre nosotros en 1978, después de haberse realizado una transición, que fue calificada retóricamente de modélica, pero que realmente no tienen nada de eso. Desde entonces se pudo haber requerido la devolución del Pazo, pero se dejó pasar. Estábamos en democracia y la Constitución había quedado aprobada, ¿qué más queríamos? En principio, que se actuara en consecuencia, lo que no se hizo. El PSOE entrar en el gobierno en 1982, pero tampoco exige la entrega al Estado de lo que era suyo, el Pazo de Meirás. Siempre hay excusas. Entonces se actuó así por “no molestar”.
Conviene atender a la intención. Por no molestar, ¿a quién? A los descendientes del dictador Franco. Después de que la autoridad única estableció a los planes económicos, políticos, educativos y morales. Después de decidir, mediante tribunales militares y juicios sumarísimos, quién tenía derecho a vivir y quién debería ser eliminado por sus ideas contrarias al régimen. Después de enriquecerse todo lo que les apeteció y robar tesoros, que todavía permanecen en el Pazo. Después de no pedirles responsabilidades ningunas, tenemos encima que soportar la humillación de los herederos de aquella guerra civil, que se llevó a más de medio millón de españoles. El número está confirmado por los historiadores, aunque el escritor Gironella se refiere a “un millón de muertos” en su novela de 1961. Después de todo esto, todavía no se quería molestar. No se trata de generosidad política, sino de simple estupidez.
Ahora que han transcurrido 40 años, ante el requerimiento del Estado y con grandes dificultades, por fin se recupera el Pazo de Meirás, gran regalo personal a Franco, esquilmando a los lugareños sus escasísimos recursos económicos de entonces para complacer al general, que se encargó de simular la Escritura de compra-venta de 1941 por la que le vendieron el preciado inmueble. Se cuenta que Pardo Bazán dijo alguna vez, pensando en su próxima muerte, aquello de “Meirás, Meirás, ¿de quién serás? Personalmente, ella vivió muy bien, gracias a sus éxitos literarios, pero la familia no pudo hacer frente a los gastos y tuvo que venderlo. Finalmente, sería el propietario Franco, quien puso sus ojos en el inmueble, del que se encaprichó para pasar allí los veranos. Este sí podía mantener los gastos de mantenimiento, porque todo lo pagaba la Administración central en manos de la dictadura, como todo, hasta 1975.
Los miserables herederos del dictador no han conseguido, recurso tras recurso, quedarse con la propiedad del edificio, que pertenece al Estado, pero sí que sean resarcidos por los gastos de conservación del inmueble a partir de 1975 hasta hoy. La Justicia aclara que este acto no es revanchismo, sino recuperación, ya que el artículo 453 del Código Civil establece que los gastos necesarios para la conservación se deben abonar al poseedor. Si no hubiera rehabilitado y mantenido el Pazo, hoy se encontraría en una situación de ruina. Si los herederos hubieran tenido un mínimo de nobleza y dignidad, lo habrían entregado todo al Patrimonio Nacional, sin necesidad de ser requeridos, pero pedir dignidad a estos paletos es como pedir peras al olmo. No pueden tenerla, porque no se la han inculcado desde su nacimiento. Es una vergüenza nacional.
Por el derecho de resarcimiento piden cerca de un millón de euros, sin cortarse un pelo. En cambio, por el uso y disfrute del Pazo de toda la familia durante más de 40 años, no les pide nada la Audiencia Provincial de Coruña. Muy justo no me parece esto, porque la rehabilitación y mantenimiento ha sido para poder disfrutarlo estos propietarios, que, además, no actuaron de mala fe, ya que el entramado legal los adjudicaba la propiedad de este inmueble, del que tenían, incluso, su propia Escritura, aunque fuera nula de pleno derecho y por la que Franco, compró a la nuera de Pardo Bazán el palacio.
Todavía queda recurrir, pero el mal está hecho y la humillación al Estado ha quedado consumada. No deberíamos dejar de preguntarnos quién es el Estado y lo que representa. Somos todos los ciudadanos, sin ninguna duda.
En una novela, todavía inédita, una persona preguntaba otra por qué se despidió de su empresa, si solo consiguió con ello una cantidad económica más bien escasa, a lo que esta le contesta lacónicamente que por dignidad ante la previsible humillación que iban a perpetrar contra él, despidiéndole. Esto no es un argumento material, sino moral. Para algunas personas esto constituye una acción mucho más sangrante que cualquier otra cosa. Al personaje de esta situación se le hizo insoportable y se despidió, pidiendo un mínimo resarcimiento por los muchos años que llevaba rindiendo en la empresa. Aquí pasa algo similar: el dictador nos sigue masacrando a todos después de muerto. Son cosas de las que la democracia tendría que arrepentirse para no volver a caer jamás en nada igual.
