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República o Monarquía, la encuesta que certifica una deuda impagada

Domingo Sanz
Nacido 1951, Madrid. Casado. Dos hijos y tres nietos. Cursando el antiguo Preu, asesinato de Enrique Ruano y la canción de Maria del Mar Bonet. Ciencias Políticas. Cárcel y todo eso, 1970-71. Licenciado en 1973 y de la mili en 1975. Director comercial empresa privada industrial hasta de 1975 a 1979. Traslado a Mallorca. de 1980 a 1996 gerente y finanzas en CC.OO. de Baleares. De 1996 hasta 2016, gerente empresa propia de informática educativa: pipoclub.com Actualmente jubilado pero implicado, escribiendo desde verano de 2015.
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Las deudas importantes que no se pagan terminan matando al acreedor y corrompiendo al deudor. Y así está España, que es ambas cosas a la vez y ya olía a funeral y alcantarilla antes de la pandemia.

Quienes presumen de España son los deudores del saldo que tenemos: en economía estamos en números demasiado rojos y, en política, con una monarquía investigada por las justicias de Suiza y UK y que, además, cada dos días es castigada desde las portadas de referencia en Europa.

Hay deudas que no se pueden evitar y otras que son el resultado de los delitos cometidos por el deudor en perjuicio de los acreedores. Estas últimas son las que lo pudren todo.

En 1995 Adolfo Suárez reconoció a Victoria Prego, en un “Off the récord” que quedó grabado, que se había gastado nuestro dinero en encuestas para saber que quería ser España después de la dictadura y que, como ganaba república, lo que hizo fue engañarnos, encajando la monarquía en los referéndums de la “Reforma Política” primero (1976) y de la Constitución después (1978), para envenenar, con la Corona que Franco había restaurado en 1947, la democracia que nada ni nadie hubiera podido evitar en 1977.

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En ningún momento nos informó Suárez de esas encuestas y, por tanto, asumió él, e hizo asumir a “España”, ante un futuro que somos nosotros, una deuda política que financió con nuestro dinero para comprar información que nos ocultó y que empleó para manipular la voluntad popular. Se apropió indebidamente de nuestro derecho a decidir sobre la forma de Estado, contrayendo una deuda que han heredado y convertido en cómplices y culpables a todos los que le sucedieron, desde Calvo Sotelo hasta Pedro Sánchez. Porque todos podrían haberla pagado y ninguno ha querido.

Pero hoy, tantos años después y a pesar del confinamiento, es tal el olor a podrido que se extiende desde La Zarzuela que algunos se han puesto a preguntar a la gente. Y las respuestas certifican que la deuda sigue viva. 

Por una parte, “El Español” de Pedro J y “La Sexta” de Ferreras, ante la inacción de un CIS que pagamos entre todos, pero que en 2015 suprimió de sus encuestas la valoración de la Monarquía, han decidido hacerlo ellos, obteniendo Felipe VI sendos suspensos, un 4,8 y un 4,1 respectivamente.

Ante tal fracaso, es evidente que Rajoy desde 2015 hasta la moción de censura, y desde entonces Sánchez hasta enero de 2020 y ahora él también, pero con Iglesias, nos están privando del derecho que tenemos a saber lo que queremos. Igual que Adolfo Suárez, aunque en las nuevas circunstancias.

¿Se puede saber qué es lo que impide que Tezanos incluya el asunto de la forma de Estado en las encuestas?

Por otra parte, el digital “Público” acaba de presentarnos una encuesta más amplia en contenidos, realizada por “Sináptica”, en la que han preguntado sobre si monarquía o república, y también por la celebración de un referéndum para resolver ese asunto. Ha salido que el 52% prefiere la república y que el 58% quiere decidirlo en las urnas.

Si los medios monárquicos por convicción, como “ABC”, o por conveniencia, como “El País”, no encargan encuestas sobre la forma de Estado para publicarlas, no es porque no les interese el tema, sino porque ya saben, como sabía Suárez, que sale república. Y han decidido que no les conviene.

Son como la Prego. Dentro de 21 años, o más, alguno de sus importantes confesará que tenían encuestas que decían que España quería república en 2020. Suárez podía insinuar el peligro de que los franquistas, liderados por el rey desde la oscuridad, montarían otra ola de asesinatos de españoles (acción también llamada golpe de estado) para defender la monarquía, y por eso no le costó confesar su delito a la periodista.

Han transcurrido más de cuatro décadas y ni el PSOE ni el PP han encontrado el momento para suprimir la inviolabilidad del rey de la Constitución, tal como era su obligación para dificultar los delitos que el rey borbón estaría tentado de cometer, a la vista de un historial familiar que, por ignorarlo, ha desacreditado a toda la clase política española desde el final del franquismo.

Tuvieron que aliarse hechos tan circunstanciales y ajenos entre ellos como que el rey veraneara en Mallorca o las valentías personales del diputado Diéguez, un socialista fuera de control, y del juez Castro, a quien hay que agradecer, además, una testarudez justiciera fuera de lo normal, para que este país conociera la cloaca en la que se ha convertido su presumida democracia.

Primeras conclusiones

A la vista de la mayoría contraria a Felipe VI que manifiestan las encuestas confinadas, es probable que, quizás en contra de lo que pensaban algunos, el encierro haya servido para que muchas personas se hayan informado más y mejor que cuando gozaban de libertad de movimientos, y eso les haya llevado a preocuparse por cosas en las que antes ni reparaban como, por ejemplo, la obscenidad de un maletín lleno de billetes viajando desde La Zarzuela hasta Suiza colgando de la muñeca de Juan Carlos I.

Se trata de un probable efecto colateral del confinamiento sobre el que deberán investigar los analistas de la letra pequeña de la demoscopia.

El caso es que a Felipe VI le salió fatal lo de publicar aquella “renuncia” a la herencia de su padre el mismo día de marzo que Sánchez anunciaba el Estado de Alarma. Hoy todo el mundo sabe, además, que es legalmente imposible renunciar a la herencia de quien no ha fallecido.

La sensación de ridículo que afecta a millones de españoles cada vez que aparece Felipe VI aumentará al ritmo de los escándalos que seguirán aflorando y que lo mantendrán agarrotado.

Esto acorta de manera inevitable el plazo en el que la clase política se verá obligada a pagar la deuda contraída mediante trampa hace más de cuarenta años.

El contexto en el que se va a cumplir este plazo es el de un desconfinamiento que será conflictivo porque llega tras el fracaso absoluto del “mando único” y en el que, por otra parte, Ayuso se ha convertido en virus letal para un Casado que, con Abascal, acaban de batir récords de valoración negativa en la segunda entrega de la misma encuesta de Público, un 2,7 y un 2,1 respectivamente. Paralelamente, el independentismo catalán volverá con más fuerza que antes y los partidos menos españolistas seguirán incrementado su peso en las elecciones de un País Vasco que pronto señalarán fecha.  

Pero no es fácil cobrar una deuda importante, y más cuando hay tantos que se aprovechan de ella. Ningún problema de los que nos acosan depende tanto y tan únicamente de nosotros mismos como el de la forma de Estado.

Las decisiones que adoptemos nos permitirán resolverlo, o volver a aplazarlo para seguir envenenando el futuro de una España que ni siquiera podrá conservar su geografía política.

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