El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido una querella de la Fiscalía Anticorrupción y ha acordado investigar al fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited, a su administrador, a dos intermediarios y a otras dos personas por no tributar en España los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes.

De la Mata, que ya ha levantado el secreto de las actuaciones, ha coordinado una operación policial que incluía requerimientos de información a determinados clubes de fútbol y organismos, que no están siendo investigados en este procedimiento, como son el Getafe, el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Valencia, el Granada, el Cádiz, el Sporting de Gijón, el Elche, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Liga de Fútbol Profesional (LFP). También se han practicado registros en los domicilios de algunos de los investigados.

El procedimiento se dirige contra el fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited y contra su administrador Nelio Freire Lucas por un delito contra la Hacienda Pública y por este mismo delito y también por blanqueo de capitales contra el intermediario Juan Manuel López Martínez y su pareja Rocío del Carmen Sánchez Ortega y contra el también intermediario Mariano Aguilar López y su hermano Miguel. Los seis han citados a declarar como investigados entre mañana y el viernes ante el Juzgado Central de Instrucción 5.

El magistrado señala que, para dejar de cumplir con sus obligaciones fiscales, “se ha servido de una compleja estructura societaria tendente a ocultar a la Hacienda española que la gestión efectiva de Doyen Sports Investment Limited se realizaba desde España y no desde Malta, como se simulaba”.

El auto de admisión, que recoge los hechos de la querella de la Fiscalía, explica que Doyen es un fondo de inversión con capital de 100 millones de euros constituido en 2011, con domicilio de Malta y cuya actividad consiste en operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y la concesión de préstamos a clubes. Este fondo, continúa, recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino un porcentaje de la eventual futura venta del futbolista que necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo.

Estos acuerdos denominados TPO (Third Party Ownership) fueron prohibidos por la FIFA en abril del año 2015. A partir de dicha fecha, subraya la resolución, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.

Entramado asentado de manera estable para ocultar su operativa en España

Según el auto, “Doyen Sports Investments Limited realiza su actividad en España, y comercializa, por medio de un entramado implantado y asentado de manera estable en nuestro país, de modo que aunque haya intentado ocultar su existencia y operativa en España, la realidad es que utiliza un complejo entramado empresarial que constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que se actúa en territorio español con plena coherencia geográfica y comercial, y con un significativo grado de permanencia en el tiempo”.

Dentro de su operativa, se apunta a que la rama española del fondo se encuentra liderada por dos hombres de confianza, Mariano Aguilar y Juan Manuel López Martínez, ambos intermediarios, quienes junto con el administrador de Doyen, Nelio Freire Lucas, a través de la sociedad Assets 4 Sports -posteriormente sustituida por la sociedad maltesa Vela Management- han llegado a representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por ello importantes cantidades.

La resolución detalla que el Grupo Doyen no presentó ninguna declaración en territorio español, pese “a su estrecha vinculación económica al mismo”. Con motivo las filtraciones de Football Leaks y a partir de 2015, indica, comienza a depositar en el Registro Mercantil sus cuentas anuales de los ejercicios 2011 y sucesivos.

Operaciones de compra de derechos y de préstamo

El instructor recuerda que Doyen realizaba operaciones de compra de derechos económicos de jugadores y de concesión de préstamos a clubes y apunta que la querella de la Fiscalía identifica operaciones de adquisición de derechos de Gilavogui al Atlético de Madrid y préstamo de 2,5 millones; venta de derechos económicos de Falcao y asistencia financiera añadida al mismo club; compra de derechos económicos de jugadores del Sporting de Gijón; compra del 50 % de derechos económicos de Miroslav Stepanovic; compra del 50% de derechos de Kondogbia o del 20 % por ciento de Babá, entre otros.

Por este concepto, indica el auto, de manera indiciaria Doyen obtuvo en 2013 un beneficio de 17,8 millones de euros; en 2014 de 1,9 millones; en 2015 de 624.322,35 euros y en 2016 de 217.941,83 euros.

En cuanto a las operaciones de préstamo, siempre según la resolución del Juzgado central de Instrucción 5, se han identificado 2,5 millones al Atlético de Madrid y al Sporting de Gijón; 3,65 millones al Sevilla; 3,5 millones al Getafe y medio millón al expresidente del Sevilla José María del Nido. Por tanto, el beneficio obtenido por el fondo fue de 1,1 millones en 2013, 224.324,37 euros en 2014 y 75.000 en 2015.

Juntando ambas partidas, indica, en el año 2013 el fondo obtuvo unos ingresos totales de más de 19 millones de euros; en 2014 de 2,1 millones; en 2015 de 699.322,35 euros y en 2016 de 217.914,83, referido únicamente a operaciones realizadas en España, puntualiza el juez.

“Los anteriores datos implican que, para el ejercicio 2013, la base imponible atribuible al establecimiento permanente alcanza 15.328.829,23 € y la cuota tributaria defraudada sería de 4.583.648,77 euros. Ello sin perjuicio de que afloren nuevos ingresos no computados, tanto en 2013 como en otros períodos impositivos”, concluye el magistrado.

De la Mata describe toda la operativa desarrollada y concluye que “Doyen Sports Limited contó con un establecimiento permanente en España que ha tratado de ocultar simulando que su gestión se realizaba desde Malta y que, en consecuencia, debió tributar ante las autoridades españolas”.

Los intermediarios ocultaron su condición de residentes en España

En su resolución, el juez de la Audiencia Nacional analiza el papel de los intermediarios Juan Manuel López Martínez y Mariano Aguilar y explica que ambos residen en España y es en este país donde se reúnen con los directivos de Doyen y donde realizan las negociaciones con los clubes de fútbol, tratando de conseguir el máximo beneficio para el fondo.

No obstante, asegura, “han ocultado, en distintos momentos, su condición de resientes en territorio español, así como su renta y patrimonio por lo que la ocultación podría haber tenido no solo no solo consecuencias penales en relación con sus propias obligaciones tributarias, sino que podrían influir en la calificación definitiva delictiva de los incumplimientos tributarios de Doyen”.

La competencia de la Audiencia Nacional

En su resolución, el juez justifica la competencia de la Audiencia Nacional en que la tramitación de la causa requerirá de mecanismos de cooperación judicial internacional, unido a la aparentemente “deliberada estrategia de utilización de múltiples sociedades interpuestas utilizadas para ocultar la actividad de las personas contra quienes se dirige la acción penal, con lo que será preciso el examen de abundante y compleja documentación que incrementará sin duda las dificultades de la investigación”.

Además, explica, se investigan hechos que indiciariamente serían constitutivos de delito de blanqueo de capitales mediante la circulación de dinero por diferentes países, como Gran Bretaña- donde se ha declarado residente Mariano Aguilar López- o Suiza -lugar en el que se ha declarado residente Juan Manuel López Martínez.

De la Mata esgrime también que sólo en 2013, tal y como apunta la Fiscalía, por parte únicamente de Doyen se podrían haber defraudado más de 5 millones de euros, a lo que habrá que sumar nuevas cantidades una vez que se disponga de la información precisa para poder cuantificarlas.

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